Con la marcha atrás del DNU con que Mauricio Macri modificó la ley de ART y la convocatoria a sesiones extraordinarias para tratar la media sanción del Senado que dejó trunca el decreto presidencial, el Gobierno consiguió una pequeña tregua en el Congreso. La Comisión bicameral de Trámite Legislativo, que analizó ayer el DNU 54 de 2017, comenzó ayer a firmar el dictamen que propone su derogación aunque dejó abierta una ventana para ver si Macri acompaña el llamado a extraordinarias con la derogación de su propio decreto. Si no lo hace el Presidente, lo hará la propia bicameral. Las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA), la Corriente Federal y distintos gremios –con la ausencia de los popes del triunvirato cegetista–, jueces, abogados laboralistas dejaron en claro ante la comisión su rechazo al DNU sino también sus cuestionamientos al proyecto aprobado en el Senado. La única excepción fue la Unión Industrial Argentina (UIA), que consideró “de necesidad y urgencia” modificar la ley de ART. 

“La voluntad política de los diputados y senadores del FpV-PJ es el rechazo del DNU. Con su respaldo y el del senador (Adolfo) Rodríguez Saá, hay nueve firmas, de mayoría, para emitir un dictamen de rechazo”, sostuvo el diputado camporista Marcos Cleri, que preside la bicameral. De todas maneras, el dictamen quedó en suspenso hasta el jueves próximo, cuando la comisión vuelva a reunirse tras el cuarto intermedio de ayer.

Una tregua para que el Presidente dé otro paso hacia atrás y derogue su propio decreto. Algunos de los senadores del FpV-PJ, encabezados por Juan Manuel Abal Medina, fueron quienes se pronunciaron por abrirle un crédito temporal (una semana) a Macri. Si no, los nueve legisladores estamparán sus firmas por la derogación. Así, lo expresaron en sus exposiciones. 

“Debe ser rechazado porque no hubo razones de necesidad y urgencia y porque se está violando el debido proceso parlamentario”, argumentó el senador Mario Pais, quien calificó el DNU como “un exceso y abusivo”, que “se arroga potestades legislativas”.

Abal Medina juzgó el DNU como “disparatado” y consideró que rompía con el carácter bicameral del Congreso y que lo mismo sucedía con la aprobación de los DNU con solo el aval de una de las dos cámaras del Parlamento. Pero sostuvo que el Gobierno “dio marcha atrás” y convocó al “normal tratamiento parlamentario”, que reclamaba el grueso de los senadores de su bloque. 

El peronista disidente Rodríguez Saá tampoco fue contemplativo de la decisión presidencial. “Se utilizan los DNU con una ligereza alarmante que afecta las instituciones”, sostuvo y recordó que “cuando tratamos el proyecto en el Senado, nadie habló de la urgencia”. “Que los CEOs que nos gobiernan y el ‘duranbarbismo’ lean la Constitución y se den cuenta que no se puede hacer lo que ellos quieren”, sentenció el senador puntano, que de todas formas postergó su firma al dictamen.

El oficialismo defendió y justificó el decreto presidencial. De eso se encargó el diputado macrista Pablo Tonelli con una curiosa apreciación: “El decreto repite el proyecto aprobado por el Senado casi por unanimidad, con solo dos votos en contra”. Cuestionó el “criterio de la comisión por “estricto y sumamente exigente” para reclamar que “se aplique un criterio amplio para que el PEN dicte DNU”.

Antes, Tonelli pidió: “No podemos soslayar la incidencia de la convocatoria a extraordinarias”. Las diferencias de criterios entre los legisladores del FpV-PJ dio oxígeno al oficialismo, que piensa mitigar el rechazo del DNU en pleno debate de los diputados por la media sanción aprobada por el Senado. La ausencia del único representante que el Frente Renovador tiene en la Bicameral, el diputado Raúl Pérez, daba cuenta del giro que dio el massismo sobre el rechazo al DNU, tras el acuerdo que pactó con Cambiemos para respaldar el proyecto oficial en la Cámara baja.

Rechazo

Ayer también desfilaron una veintena de dirigentes gremiales, jueces y abogados que cuestionaron duramente el DNU y el propio proyecto que ahora discutirá Diputados. Entre los invitados pegaron el faltazo los integrantes del triunvirato de la CGT y el superintendente de Riesgo de Trabajo, Gustavo Morón, que habían propuesto los legisladores de Cambiemos. 

“No existe necesidad ni urgencia. El Ejecutivo viola los principios de independencia de poderes y deja indefensa a la ciudadanía, como lo hace disolviendo la paritaria nacional docente”, sostuvo el maestro y secretario de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky. “Es un proyecto a favor de los grupos empresarios donde los trabajadores son descartables”, agregó sobre lo que ahora discutirán los diputados. 

El sindicalista Rubén Ruíz reemplazó al líder de la CTA Autónoma, Pablo Micheli. “El decreto de Macri viola la Constitución y el sistema republicano”, dijo Ruíz y criticó al Gobierno por “el desprecio de verdaderas urgencias que tienen los trabajadores y la ciudadanía argentina”. De todas maneras, Ruíz recordó que criticaron e impugnaron en la comisión del Senado, el proyecto del Gobierno, al que se le introdujeron algunas modificaciones que no alteraron su postura. Además, recordó que la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, “tiene tres meses para redactar un proyecto sobre prevención”. “Llevan deliberadamente a la larga un tema que anuncian desde mayo de 2016”, remató.

Daniel Funes de Rioja, de la UIA, fue la voz disonante en medio de las críticas. Si bien el representante empresario sostuvo que el debate jurídico les corresponde a los legisladores, defendió el DNU. “Para nosotros es urgente y necesario, tiene que ver con el funcionamiento de las comisiones médicas”, señaló. Luego, ató a la ley de ART la suerte de “las Pymes, las economías regionales y el empleo formal” por el “impacto de alícuota de las aseguradoras (privadas) por el aumento de la litigiosidad”. 

“Después de escuchar a Funes de Rioja ya sabemos quién redactó el DNU, si no es el autor material es el autor intelectual”, sentenció el diputado Néstor Pitrola (FIT-PO) cuando se abrió la lista de oradores a los legisladores que no integran la bicameral. 

En representación de los docentes de escuelas privadas –-que integran la Corriente Federal–, Mario Almirón calificó el decreto de “nulo y sin validez”. Además, apuntó al proyecto que la semana próxima debatirá Diputados: “Se habla mucho de la industria del juicio pero no de la industria del incumplimiento sobre la seguridad en el trabajo, que el Estado ha delegado en empresas privadas con fines de lucro y que implica la privación de justicia para los trabajadores”.

“Las comisiones médicas (que crea el DNU y la media sanción del Senado) son  órganos jurisdiccionales, que alejan a los trabajadores de los jueces naturales para garantizar las ganancias de la ART, mientras Macri pide a los jueces fallos equitativos favorables a los empresarios y no a los trabajadores”, sumó Matías Layus, secretario general de La Bancaria de Rosario.

Alejandro Crespo (SUTNA) dijo “lo que está en emergencia y urgencia son las condiciones de trabajo: En 2015 hubo 499 muertes por accidentes laborales y 291 en 2016”. “El DNU propone dilatar el acceso a los trabajadores a la justicia, consolidando y elevando la rentabilidad de la ART a costa la salud y la vida de los trabajadores”, señaló Gustavo Ciampa, de la Corriente de Abogados Laboralistas, y agregó: “no lo pueden prohibir pero si obstruir el acceso de los trabajadores a la justicia en un proceso laberíntico y kafkiano donde no hay reglas”.