Pocas veces suele quedar tan en evidencia, como sucedió en estos días con la filtración de las conversaciones entre Cristina Fernández de Kirchner y Oscar Parrilli, la vinculación profunda que conecta al aparato de inteligencia con el sistema judicial. Después de varios días de revuelo mediático, la Corte Suprema tuvo que ordenar una investigación interna, en respuesta a un reclamo del ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), para establecer si hay funcionarios de la Oficina de Captación de Comunicaciones responsables de que se hayan ventilado las escuchas que había ordenado el juez Ariel Lijo al investigar a Parrilli. El organismo que interviene teléfonos depende de la estructura del alto tribunal desde que un decreto de Mauricio Macri lo sacó de la órbita de la Procuración General. Es común que complemente su tarea con la AFI, que retira los cd’s y transcribe los audios, o con fuerzas de seguridad. También se abrió una causa penal que tendrá que apuntar a todos los ámbitos. 

Mientras investigaba a Parrilli por el supuesto encubrimiento de Ibar Pérez Corradi cuando estaba prófugo por el triple crimen de General Rodríguez, lavado y tráfico de efedrina, el juez federal Ariel Lijo ordenó intervenir sus teléfonos desde junio hasta septiembre del año pasado. Para ese entonces Pérez Corradi ya había sido detenido. De esas escuchas surgen los diálogos difundidos desde hace dos semanas en los medios con charlas entre el ex titular de la AFI y la ex presidenta. La primera escucha circuló el día que el actual titular de la AFI, Gustavo Arribas, tenía que explicar las transferencias dudosas por 600 mil dólares que le adjudica el cambista brasileño Leonardo Meirelles ligado a la empresa Odebrecht. Llamó la atención porque CFK dijo “pelotudo” a Parrilli cuando no la reconocía. Luego el fiscal Guillermo Marijuan la utilizó para generar otra causa penal basada en que la ex presidenta le pide a Parrilli una lista de las causas que “le armamos” (luego se corrigió, “que lo denunciamos”) al ex espía  Antonio Stiuso, que había hablado contra ella en La Nación. Esta semana se difundieron más diálogos que Marijuan usó para pedir la detención de Parrilli, y que deberá resolver la sala II de la Cámara Federal, encabezada por Martín Irurzun, el hombre que puso la Corte a cargo de las escuchas.

Las pinchaduras que ordenó Lijo se hicieron en el edificio de avenida de Los Incas 3834, ahora de la Corte y con personal que dirige Irurzun secundado por el camarista de Comodoro Rivadavia Javier Leal de Ibarra y el ex secretario de Lijo Juan Rodríguez Ponte. Fueron interceptaciones directas, o sea que alguien escuchaba todo el tiempo a Parrilli desde una cabina. Ese tipo de escuchas se usan para casos urgentes, como secuestros. El juez le dio participación en las tareas a la AFI. Cuando dio por terminado el espionaje, que no consideró útil para su causa, la AFI retiró todos los cd’s y se los entregó al juzgado. 

Para el presidente supremo, Ricardo Lorenzetti -que hace de las causas de corrupción una bandera– la filtración de un material sensible que salió de oficinas que dependen de él antes que nada marca un escenario complicado, que deja en evidencia la endeble neutralidad judicial. Los abogados de Parrilli y la ex presidenta están convencidos de que el objetivo era escucharla a ella. El gobierno de Macri, además, se había llevado una decepción con Pérez Corradi, ya que esperaba (y Patricia Bullrich lo dijo a viva voz) que involucrara a Aníbal Fernández, lo que no ocurrió. 

La Corte tomó cartas sobre la filtración recién cuando Parrilli reclamó por escrito ante una posible violación de secreto. Lijo, atajándose, también pidió una investigación penal, de la que su juzgado inevitablemente debería ser blanco, en la misma resolución en la que procesó a Parrilli porque considera que quería ayudar al prófugo. 

Los supremos difundieron ayer un comunicado donde informan que pidieron a la Oficina de Captación de Comunicaciones que explique toda la actividad realizada en la causa por el supuesto encubrimiento de Pérez Corradi; al juez Lijo le pidió que informe “cualquier circunstancia que considere pertinente orientada a dilucidar la responsabilidad administrativa que pudiera corresponder a los agentes judiciales intervinientes en la captación, transmisión, entrega y resguardo de la cadena de custodia de los datos obtenidos mediante las intercepciones telefónicas ordenadas en la causa”. La Corte pide que todo sea “a la mayor brevedad” pero no pone plazos. 

En Comodoro Py, la investigación sobre quién reveló las escuchas está a cargo del Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Federico Delgado. En teoría, la pesquisa debería abarcar al órgano de la Corte, al juzgado, a la fiscalía de Marijuan y el personal de la AFI. 

Durante el gobierno de Cristina Kirchner, a raíz de la reforma de la ex Side que determinó la salida de sus viejos personajes, entre ellos Stiuso, las escuchas telefónicas pasaron a depender de la Procuración General. Una de las razones era que se proyectaba un sistema penal acusatorio, con protagonismo de los fiscales en las causas, en reemplazo del inquisitivo, donde los jueces investigan y sentencian a la vez. Además, era una forma de empezar a disolver los lazos que por décadas determinaron una gran injerencia del sistema de inteligencia sobre los tribunales federales. Pero el gobierno de Mauricio Macri frenó la reforma procesal y por decreto sacó las escuchas de la órbita de la procuradora Alejandra Gils Carbó, contra quien –además– de-    sató gran presión para que renuncie. Los resultados, a la vista.