Desde Madrid
El debate previo a las elecciones generales de este domingo quedó atrapado dentro de los límites del conflicto territorial de Cataluña y el discurso ultranacionalista de Vox. Sin embargo, la economía española se encuentra en el mismo estado de un paciente en recuperación tras una larga y grave enfermedad, y corre el riesgo de contagiarse el virus de la recesión que ya ha afectado a países como Italia y amenaza a otros como Francia y Alemania.
En los últimos tres años, el Producto Interno Bruto (PIB) del país ibérico ha crecido a un promedio anual del 3%, sin embargo el mercado laboral sigue reflejando cifras de desempleo de dos dígitos (14,7 en general, y 32,7 en jóvenes), y sufre de una profunda precariedad laboral a raíz de un cóctel de reproducción masiva de contratos temporales y salarios deprimidos.
Desde que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) llegó al gobierno en junio del 2018, impulsó una gran contratación en el sector público, y aplicó medidas para contrarrestar la temporalidad, las cifras de empleo parecen haber mejorado. En los últimos doce meses, la economía creó casi 600 mil empleos. Sin embargo, Nacho Álvarez, secretario de Economía de Unidas Podemos (UP), advierte que “cada vez que se produce un periodo de expansión de la economía española se crean muchos empleos, pero de muy mala calidad”, y señala que unos seis millones de contratos firmados en el 2018, un 26,6 por ciento del total, duraron una semana o menos.
En su opinión, ese escenario se produce porque la economía española está mayormente especializada en sectores poco competitivos y poco productivos. Uno de ellos es el turismo, que en la última década de crisis se ha convertido en una suerte de respirador artificial de la actividad económica. En el 2018, más de 80 millones de turistas visitaron el país ibérico, convirtiéndolo en el primer destino del turismo internacional en el mundo. Sin embargo, Álvarez precisa que se trata de un “turismo de mucha cantidad, pero de poca calidad”. Sin lugar a dudas, una de las prioridades de país será la creación de empleo, y un empleo de calidad.
En relación al que ya existe, el PSOE y UP llegaron un acuerdo para impulsar una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que permanecía estancando a pesar del reciente crecimiento económico. Pasó de 700 a 900 euros, en lo que la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, describió como la mayor subida desde 1977. Pero el aumento parece insuficiente cuando se compara con lo que una familia necesita desembolsar para alquilar un departamento o una casa en el país. El precio medio para una vivienda de 80 a 90 metros cuadrados en España es de 710 euros, mientras que en Madrid supera los 1200 euros. Mientras que UP quisiera llevar el SMI a 1300 euros, los principales partidos de la derecha reniegan incluso del reciente aumento. En una entrevista durante la campaña electoral, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, afirmó que, de llegar al gobierno, respetaría el acuerdo que había alcanzado el ejecutivo de Rajoy junto a los sindicatos y la patronal, y que establecía la suma de 850 euros para el 2020. Por su parte, el líder de Ciudadanos (Cs), criticó la subida del SMI, alegando que encarecería la cuota de los trabajadores autónomos.
Otra de las críticas de la oposición a la gestión económica de Sánchez tiene que ver con el déficit fiscal. Desde el año pasado, el PP y Cs se han plegado al discurso de la Unión Europea y el Banco Central Europeo, que han alertado sobre el grave desequilibrio que muestran las cuentas públicas españolas. El presidente de esa institución, Mario Draghi, señaló que España cerró el 2018 con un déficit público del 2,6%, el mayor del bloque de los 27. Con esa advertencia, Casado y Rivera apuntaron a medidas del Gobierno como el aumento del salario de los empleados públicos, o la ayuda para los desempleados mayores de 52 años.
En cualquier caso, el principal problema que enfrentan las cuentas del Estado, proviene del sistema de pensiones. En un informe a la Comisión Europea, el Gobierno español comunicó que el déficit de los Fondos de la Seguridad Social cerrará el 2019 con un agujero de 17 mil 588 millones de euros, 500 millones de euros más que en el 2018. Por otra parte, los pensionistas del país llevan más de tres años siendo el colectivo que más se manifiesta en las calles para exigir mejoras en sus ingresos. Ocultos detrás de la borrasca del conflicto catalán, el pasado diciembre marcharon en más de 70 ciudades para exigir una jubilación digna de 1080 euros mensuales.
Al margen de las pensiones, el terreno fiscal también presenta enorme desafíos para la economía española. Para el PP y Cs uno de los lastres de la actividad económica es la presión fiscal, y ambos han anunciado que, de llegar a La Moncloa, impulsarían reducciones de calado, sobre todo a las empresas. Por su parte, UP, que negoció con el PSOE los Presupuestos Generales que no lograron pasar el filtro del Congreso, propone lo contrario. “Una de las reformas estructurales pendientes es una reforma tributaria que cierre la brecha fiscal que tenemos con Europa. La Unión Europea recauda de media un 8% del PIB más que España de acuerdo a su tamaño económico”, señala Álvarez. Por esa razón, las cuentas que habían proyectado anunciaban un nuevo impuesto a la banca, a las transacciones financieras, y una tasa digital que gravara algunas actividades de las grandes empresas tecnológicas. Un proyecto que volverá a estar sobre la mesa si la izquierda española se propone y logra formar gobierno tras las elecciones de este domingo.
