El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía General de Ecuador contra varios miembros de la misión diplomática del país andino en la que estuvo asilado desde 2012 hasta el pasado 11 de abril, en un trámite realizado por su abogado local, Carlos Poveda. Assange responsabiliza a los diplomáticos de un presunto espionaje que ha devenido en un caso de supuesta extorsión en el que estarían involucrados tres ciudadanos españoles y que fue denunciado el fin de semana ante la Audiencia Nacional en Madrid. 

A su llegada a la Fiscalía, Poveda explicó a los medios que esta denuncia se presenta por hasta cuatro presuntos delitos en la legislación de Ecuador: violación a la intimidad, difusión de información de circulación restringida, revelación ilegal de base de datos e interceptación ilegal de datos. 

En la denuncia presentada por Poveda ayer aparecen, entre otros, el embajador de Ecuador en Londres, Jaime Alberto Marchán Romero; su primer secretario, Javier Llorca, y el director de la empresa Promsecurity encargada de la vigilancia de Assange en la sede diplomática, Juan Diego Hernández. Se trata, afirmó el letrado, de un asunto “muy sensible y complicado” ya que se trataría de una filtración de datos de carácter personal.

“El gobierno ecuatoriano acusó al señor Assange de espionaje dentro de la embajada, pues resulta que el espionaje venía desde el interior de la embajada”, señaló Poveda. El abogado no reveló a quién había sido filtrada supuestamente la información personal del australiano, pero destacó que hay en total ocho personas presuntamente involucradas entre Ecuador y España.

La nueva denuncia de Assange comprende sus últimos meses de estadía en la embajada, sobre todo desde marzo de 2019, cuando el editor en jefe de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, denunció que tres personas de nacionalidad española le solicitaron 3,4 millones de dólares si no quería que la información sobre el australiano fuera divulgada (ver aparte).

“Estos hechos generaron extorsión en Madrid, por cuanto los sospechosos españoles exigieron la entrega de 3,4 millones de dólares por la facilitación de esta información”, apuntó el letrado, quien aseguró que el caso está siendo investigado por la Audiencia Nacional de España.

En el expediente se denuncia a cinco ciudadanos supuestamente españoles identificados como José Martín S., “Alejandro”, “Daniel”, “Javier” y “Vincent”, que residen en “un lugar indeterminado de la provincia de Alicante”. Un ejemplo de la extorsión a la que fue sometido Hrafnsson, indica la denuncia, sería un video publicado en Youtube el 10 de abril bajo el título “Julian Assange confiesa en AUDIO que Ecuador lo ha vendido a Estados Unidos por dinero”. También la portada del diario británico The Times del 11 de abril en la que se publicaba que los supuestos extorsionadores estaban intentado vender el material, incluso haciendo referencia a posibles contenidos sexuales. 

Entre los datos filtrados estaría información de la defensa legal y de certificados médicos que se le hicieron a Assange durante su estancia en la embajada, a la que llegó en 2012 después de que Reino Unido tramitara su extradición a Suecia por casos de acoso sexual.

Suspendido su asilo el pasado 11 de abril, el australiano se ve nuevamente frente a la Justicia británica por violación de medidas cautelares en ese expediente, y por otro de extradición a Estados Unidos por la difusión de cientos de miles de documentos secretos.

También se habría obtenido datos y fotografías de documentos de la estrategia jurídica que preparaba la defensa de Assange en un acción de protección, el año pasado, contra el Estado ecuatoriano por vulneración de sus derechos como asilado. “Sin ningún tipo de aprobación y de manera ilegal”, indicó, el personal de la embajada sacó esas fotos violando “el “secreto profesional” porque “nunca deberían haber sido revelados”. 

El año pasado, Quito cortó a Assange el acceso a internet y a su teléfono celular, acusándolo de romper el “compromiso escrito” de no interferir en la política exterior ecuatoriana y de sus aliados.  El creador de WikiLeaks denunció al gobierno por violar sus “derechos fundamentales” al limitar su acceso al mundo exterior.