El Gobierno Nacional irrumpió nuevamente con un proyecto de ley penal juvenil que despierta fuertísima oposición en el ámbito especializado y en las organizaciones de la sociedad civil que militan y trabajan con la infancia.

Ya el verano pasado el Ministerio de Justicia se vio obligado --por las fuertes críticas recibidas-- a convocar a audiencias públicas. En las mismas, una gran mayoría de expositores planteamos profundas disidencias con la idea de bajar la edad de punibilidad en la adolescencia.Ahora, y en uno de sus últimos informes sobre esta cuestión, Unicef Argentina plantea un eje principal para orientar este debate: “En Argentina la reforma del sistema de Justicia Penal Juvenil no requiere bajar la edad de punibilidad, algo que podría ser interpretado como un retroceso en materia de derechos humanos y como una medida regresiva.”

En éste y otros varios relevamientos de organismos especializados en infancia y adolescencia surge claramente que niños, niñas y adolescentes son las principales víctimas de las situaciones de violencia que atraviesan la vida intrafamiliar, la violencia social, el gatillo fácil, las adicciones y los circuitos de venta ilegal de sustancias. Y también está comprobado, según estudios derivados del análisis de las estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación, que el suicidio adolescente ha aumentado gravemente en los últimos veinte años.

Contraría el sentido común y el plexo normativo en materia de derechos la insistencia del Gobierno nacional en presentar un proyecto que bajo la cubierta de organizar un Régimen penal juvenil endurece las condenas y baja la edad de punibilidad a 15 años. Las iniciativas tendientes a endurecer el código penal y a encontrar “chivos expiatorios” del delito son vistas en el marketing político como favorables para congraciar al gobierno con una opinión pública que reclama mayores niveles de tranquilidad y bienestar.

Los organismos internacionales estudiosos de esta temática han señalado una y otra vez que el aumento de la edad de punibilidad no ha incidido en la baja del crimen. Y nosotros podemos aportar, además, que la participación de adolescentes en delitos de gravedad tiene una incidencia ínfima, casi inexistente en lo que hace a homicidios y violaciones.

Aun considerando una mayor presencia relativa de adolescentes y jóvenes en los delitos contra la propiedad reiteramos que es preciso priorizar en las decisiones el eje de la prevención y no de la punición. El sistema penal, en cualquiera de sus expresiones, ha demostrado no ser una herramienta eficaz para la rehabilitación o resocialización de quienes ingresan a sus dispositivos. El sistema penal es selectivo, estigmatizante y reproductor de nuevas violencias.

Por ello es preciso centrar el esfuerzo de las instituciones del Estado, de los ámbitos parlamentarios, de los ministerios, en repensar las políticas públicas existentes y proponer en reemplazo de las viejas recetas punitivistas y represivas nuevos y mejores programas de afirmación de derechos para los y las adolescentes, con inclusión social, educativa y laboral de alcance pleno en las barriadas populares y en general en toda la población juvenil En segundo lugar, reiteramos que derogar el obsoleto Decreto-Ley 22.278 --Régimen penal de menores-- es un desafío necesario, pero solamente válido si se reemplaza por un sistema que ofrezca reales alternativas de socialización.

El nuevo sistema deberá ofrecer, además del debido proceso, un sistema de penalidades mínimas, con la privación de libertad como ultima ratio y dispositivos o programas alternativos de responsabilización. A su vez, habrá que revisar cuáles son las acciones que se están realizando para que los jóvenes mayores de 18 años que hoy ingresan al sistema penal de adultos cuenten con programas de egreso que les permitan desarrollar un proyecto de vida autónoma, y prevenir nuevas situaciones de violencia. Por último, consideramos que el proyecto promovido por los ministros Bullrich y Garavano, además de aumentar fuertemente la penalidad y bajar la edad de su concreción, está inmerso en un contexto y en una orientación general de decisiones políticas tendientes a reforzar el paradigma represivo y violatorio de los derechos humanos de la población.

El esfuerzo de las acciones gubernamentales debe estar al servicio de una mayor inversión en el nivel educativo, en los programas sociales de inclusión y participación ciudadana para los y las jóvenes de los sectores populares. Más escuelas, más programas culturales y deportivos, menos cárceles y menos dispositivos represivos.

María Elena Naddeo es ex legisladora, coautora de la Ley 114. Actual titular del área de Niñez, Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo. Copresidenta de la APDH.