En mayo de 2016, en el marco del Primer Encuentro de Caminabilidad de la Ciudad, el reconocido arquitecto danés Jan Gehl dio una master class invitado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Un año después, en abril de 2017, mediante una adjudicación directa, el estudio Gehl Architects cobró US$ 1.035.000 para realizar estudios y asesorías en planificación urbana centrados en la zona de Retiro y la Villa 31. Gehl es uno de los arquitectos urbanistas más reconocidos del mundo, no hay aquí una crítica directa a él y su trabajo. Lo que sí nos preguntamos es sobre el desfasaje entre esa agenda danesa y la situación de CABA; entre pagar en dólares por asesoramiento hiper refinado, basado en una ciudad como Copenhague, y la realidad social que nos atraviesa. Si en 2017 esa agenda generó discusiones y repudios, hoy día, con seiscientos mil pobres viviendo en la Ciudad, es indefendible, alejada completamente de la realidad.
El Gobierno de la Ciudad no ajustó su agenda a la crisis económica que viven los porteños. La ampliación de las veredas y los canteros de la calle Corrientes conviven con decenas de persianas bajas y restaurantes vacíos. En las plazas se colocan bancos de diseño donde terminan durmiendo miles de porteños que perdieron su hogar. Se renuevan millones de baldosas, muchas de ellas en buen estado, mientras las escuelas tienen ratas y los chicos reciben una vianda inapropiada para sus necesidades. Los perros pueden viajar en el subte pero sus dueños no pueden pagar el pasaje. El proyecto de una modernidad para pocos está en las antípodas de lo que nosotros pensamos; hoy, además, es insostenible, impracticable. La brecha entre los ciudadanos y el gobierno porteño se ensancha a pasos agigantados. Necesitamos proyectar una ciudad moderna y socialmente justa: hoy esos dos conceptos se presentan como contradictorios.
Nos adentramos a una campaña inédita: nunca antes el oficialismo porteño entró a una contienda electoral en las condiciones socio-laborales y económicas que se encuentra la Ciudad. El desdén macrista por la educación pública podía ser tolerado por una fracción de la sociedad que, despreocupada, enviaba a sus hijos a escuelas privadas. Hoy eso cambió, hoy decenas de miles de alumnos pasan de privada a pública por problemas económicos, y, claramente, quieren para sus hijos una formación de calidad. Son también miles los que solicitan vacantes en el nivel inicial y no las obtienen. Algo semejante ocurre en la salud, en donde el aumento descontrolado de las prepagas, la precarización laboral y unas obras sociales golpeadas por los costos y la baja del empleo hace que muchas miradas que antes no lo hacían se dirijan al hospital, al CeSac del barrio. Y lo que se encuentran no es alentador. En relación con dos años atrás hay 150.000 porteños que dejaron de estar cubiertos por las prepagas. En medio de la prosperidad, del aumento del salario real de la década anterior, la privatización del espacio público y del ocio propiciadas por el macrismo eran un problema pero solucionable vía ingresos: hoy el cine, el teatro, y los shopping son espacios que muchos porteños no pueden darse el lujo de pisar.
Parte importante de la recaudación de la ciudad proviene del sistema financiero nacional que la tiene por sede. Uno de los pocos sectores que pueden mostrar ganancias en estos tiempos. ¿No debería la Ciudad utilizar estos fondos para aplicar políticas contracíclicas que permitan amortiguar la fenomenal caída de actividad y consumo? En vez de aumentar el transporte, ¿no debería facilitar la movilidad de los porteños? ¿No debería suspender los aumentos de ABL y desdolarizar los aumentos en las multas atadas al precio de combustible? ¿Es momento de establecer un sistema recaudatorio que llevará al 60 por ciento de la ciudad a convertirse en zonas de estacionamiento pago? ¿No deberían rediscutirse los cánones irrisorios que siguen pagando muchos concesionarios, empezando por quienes tienen privatizada la costa del río, para aumentar los fondos que permitan atender una indigencia que se duplicó en la Ciudad?
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con múltiples recursos tributarios. Los porteños (y parte importante de los bonaerenses) pagan altos impuestos para sostener un Estado que no logra disminuir la inseguridad, que no les asegura las vacantes de sus hijos, que no les brinda salud de calidad, ni un sistema de transporte público a la altura de ciudades semejantes en el mundo, que no asiste a los más necesitados y que no tiene política para el empleo y la producción. Un gobierno que no. Frente a esta crisis, ante la incertidumbre económico que experimentan todos los vecinos, ante el cierre de comercios y la pérdida de empresas, la continuidad de la agenda danesa del gobierno porteño, gastar millones y millones en macetas, cabinas anti-stress y en contenedores inteligentes, es inentendible. No estamos en Dinamarca, sería bueno que tomen conciencia de eso.
* Director del Centro de Estudios Metropolitanos.