Mientras Lucía, la niña de 11 años embarazada por una violación, esperaba que el Sistema de Salud Provincial (Siprosa) tucumano cumpliera con la ley y le practicara la interrupción legal del embarazo (ILE) que había solicitado, el responsable del Siprosa, Gustavo Vigliocco, intentaba disuadirla con mentiras y manipulación, contó la madre de la chiquita. “Me decía 'tenés que firmar el papel, pero vos tenés que saber que tu hija puede morir'. Me dice 'si vos no querés estar en el hospital, yo te voy a pagar un hotel para que vos vayas a estar con tu hija, pero que ella aguante hasta los siete meses' (de embarazo). Yo le decía que no, que mi hija no quería, que tenía miedo. Él me dice 'si vos no querés darlo en adopción,  yo te prometo que me hago cargo del bebé. Yo lo voy a criar como a mi propio hijo'”, contó la madre de Lucía en dos entrevistas dadas a conocer por el organismo de derechos humanos Andhes y el diario tucumano La Gaceta. En la entrevista, la madre de la chiquita también detalló que ella y la niña padecieron manipulaciones similares por parte de la ministra de Salud provincial, Rossana Chaila, y personal médico del hospital, además de intromisiones de parte de activistas antiderechos. Por lo exhaustivo y contundente del testimonio, las organizaciones de derechos de las mujeres que denunciaron a la ministra y otros funcionarios por incumplimiento de los deberes de funcionario público solicitaron que sea incorporado al expediente --el 14593, radicado en la Fiscalía en lo penal de instrucción de delitos complejos de la 2da nominación-- como prueba, confirmó a Página/12 una de las abogadas denunciantes. Este diario intentó comunicarse con la ministra Chaila y el Secretario Vigliocco, pero voceros del ministerio de Salud tucumano respondieron que no brindarán declaraciones al respecto.

En las entrevistas, la madre de Lucía, a quien se identificó con el nombre de fantasía Sol para proteger la privacidad de ambas, detalló la extensa seguidilla de presiones, manipulaciones y mentiras ejercidas por funcionarias y funcionarios públicos que debió sortear para lograr que su hija accediera a la ILE que había pedido. La mujer detalló, en particular, el accionar de Vigliocco, el Secretario Ejecutivo del Siprosa, “el doctor Gustavo”, quien entre otras cosas llegó a ofrecer pagar los estudios de su hija, darles una casa nueva y hasta ordenó que se quitara los techos de la vivienda precaria de la familia, presuntamente para hacerla arreglar. Todo se diluyó, sin embargo, la noche en que la niña finalmente pudo acceder al aborto.

Sol dio cuenta de que la obstaculización duró semanas, y que comenzó cuando requirieron formalmente el aborto y autoridades del hospital aducían, primero, burocracia y, luego, falta de donantes de sangre, para postergarlo. Mientras tanto, la niña y su habitación eran blanco de intromisiones permanentes por parte de sectores antiderechos. “Supuestamente a mí me hacían hacer una lista de las personas que yo quería que pasen a verla, pero él (el cura Roque Olea, capellán del hospital Eva Perón) no sé cómo será que ha hecho, pero pasaba todos los días” (…) iba y averiguaba cómo se llamaba mi hija, qué íbamos a hacer con el bebé, por qué no lo daba en adopción, que deje que siga, cosas así”, contó Sol. 

El funcionario Vigliocco, por su parte, “iba todos los días”. Le aseguraba que el aborto dañaría a su hija, intentaba disuadirla del pedido, que de todos modos ya había sido presentado y era desestimado por el cuerpo médico del hospital. “Me quería comprar la vida de la criatura”, dijo la madre de Lucía, quien también contó que narró todo lo sucedido a la ministra Chaila en el mismo hospital, una noche en que fue a visitar a Lucía luego del abort. “La ministra le preguntó cómo las habían tratado. “Yo le he dicho que la atención del hospital estaba bien, pero que el único que a mí me ha vuelto loca era el doctor Gustavo (Vigliocco) y ella me ha dicho que no, que el doctor Gustavo no ha querido decir eso, que yo he interpretado mal. Pero no. Si me lo vivía diciendo todo el tiempo, que mi hija iba a morir, que corría riesgo, que aguante siete meses (…) Él me quería comprar la vida de la criatura”.

La denuncia judicial contra los funcionarios de salud tucumanos que obstaculizaron la ILE está en proceso de investigación. Entre las adhesiones que la acompañan, se encuentran las del Observatorio de Acoso, la Asociación contra la Violencia Institucional y la Red de Abogadas Feministas; en el caso, también se presentó como amicus curiae la Asociación Argentina de Mujeres Penalistas.