Los apoderados del Partido Justicialista impugnaron ante el Tribunal Electoral el operativo del gobernador para forzar una consulta popular sobre la reforma de la Constitución de Santa Fe en las elecciones del 16 de junio. En lo jurídico, es una denuncia del decreto 4208 que convocó a la encuesta, al que consideran un "acto inconstitucional". En el plano político, una advertencia a la Casa Gris y una "oposición" a que el Tribunal convalide una intentona al margen de la Constitución y las normas. "La competencia para declarar la necesidad de la reforma constitucional es de la Legislatura, por una ley especial que debe sancionarse con mayoría agravada", dice el escrito.

El miércoles, antes de la Asamblea Legislativa, el diputado Roberto Mirabella adelantó a Rosario/12 que su jefe político analizaba una "acción" para frenar la "prepotencia del gobernador que quiere meter de prepo una consulta paralela en las elecciones del 16 de junio". En su discurso, el mandatario dijo que la reforma era "una deuda pendiente"  en la provincia y confirmó que el plebiscito se realizaría igual, en simultáneo a los comicios, aunque no aclaró si afuera o adentro de los lugares de votación. "Que el pueblo opine libremente", planteó. Miguel Lifschitz terminó de hablar alrededor de las 13. Dos horas después, los apoderados del PJ, Edmundo Barrera y Ricardo Paulichenco, formalizaron la denuncia ante el Tribunal Electoral "en cumplimiento de expresas instrucciones de las autoridades" del Frente Juntos. Léase su candidato a gobernador, Omar Perotti.

La denuncia considera al decreto 4208 de Lifschitz como una "construcción propia del mejor de los sofistas que se cae a pedazos". La Constitución de Santa Fe dice que "la competencia para declarar la necesidad de la reforma es de la Legislatura, mediante una ley especial que debe sancionarse con mayoría agravada. En consecuencia, el gobernador no puede convocar por decreto a una consulta popular cuando es materia de la Legislatura y por ley".

En 2018 Lifschiz mandó a la Legislatura un proyecto de ley para declarar la necesidad de la reforma. Pero cuando la iniciativa fracasó en Diputados, el 26 de diciembre sacó el decreto 4208 para "consultar" a los santafesinos "si quieren o no la reforma". "El gobernador parece extraviado en esta materia. O el primer acto fue temerario o éste un absurdo", ironizó el PJ.

"El decreto de convocatoria, como acto administrativo, es nulo de nulidad absoluta e insanable por los vicios que contiene. En primer lugar, se dictó a partir de un hecho falso e inventado. El gobernador dice: "Visto: 'La propuesta para convocar al electorado'". ¿Cuál es la propuesta que vio el gobernador?", pregunta la denuncia.