La incertidumbre crece entre los vecinos de Villa Fraga. El motivo: la inminente mudanza de la primera tanda de habitantes del barrio a las nuevas edificaciones que está terminando de construir el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) en terrenos linderos, con el fin de urbanizar el asentamiento. La falta de información oficial y el avance unilateral del gobierno porteño, en un proceso que debía contar con el consenso de los vecinos, mantiene al barrio en alerta y lleno de dudas. Las inquietudes van desde quiénes van a ser trasladados a cuál es la calidad de las nuevas viviendas, pasando por lo que quizás sea la mayor preocupación para una barriada en la que el 60 por ciento está por debajo de la línea de pobreza e indigencia: cuánto van a tener que pagar. 

Villa Fraga, también conocida como el playón de Chacarita, se encuentra ubicado entre las calles Fraga, Teodoro García, Palpa, Céspedes y las vías del ferrocarril Urquiza, en la Comuna 15. De acuerdo a datos del IVC, en el barrio viven alrededor de 2764 personas (1042 familias), en 513 viviendas con diversos grados de precariedad. 

Pero no todas las familias serán trasladadas: 678 serán reubicadas en las nuevas viviendas que se están construyendo en el predio que pertenecía al ferrocarril Urquiza, y el resto se quedará en sus viviendas, que serán remodeladas.

Sin embargo, salvo la información de que se dará prioridad para el traslado a quienes viven sobre la traza de las calles que se abrirán dentro del barrio (Palpa, Guevara, Céspedes y Zabala), todavía los vecinos no saben cómo se efectivizará la mudanza.

Maryluz Zambrana, delegada y activista del Playón, explicó a este diario que “una cosa es lo que dice el gobierno y otra nuestra realidad, en la que no hubo proceso participativo como ordena la ley, y los talleres que se hicieron fueron para dar información cerrada que no pudimos discutir, como el tema de los créditos”. “Lo mismo pasó con los mapas que hicieron de las viviendas que van ser perjudicadas por la apertura de calles o demolidas por esponjamiento (apertura de espacios públicos destinados a mejorar las condiciones de higiene y habitabilidad de la edificación). Los vecinos se encontraron que aparecen en esos mapas y sus casas afectas sin haber podido participar”.

Pero el punto más crítico, señaló Zambrana, especialmente en medio de la brutal crisis económica, es que “no tenemos el plan de financiación que cada vecino debería tener antes de mudarse. No sabemos cuáles van a ser las condiciones de pago ni a cuántos años se va a poder financiar. Y tampoco nos garantizan más allá de los primeros seis meses la tarifa social, ya que después de ese periodo cada uno la tiene que gestionar, cuando debería ser responsabilidad del Estado y no una solución individual”.

Por ley está estipulado que las cuotas de los créditos de vivienda nueva no deben superar el 20 ciento del total de los ingresos familiares, pero dentro de ese porcentaje no se considera el importe de las tarifas de servicios ni las expensas.

Como consecuencia de esa falta de información, según contó la delegada vecinal, muchos vecinos tienen temor de ser mudados y no poder afrontar los gastos y terminar endeudados para no perder la vivienda, en un barrio en el que la mayoría tiene, cuando lo consigue, trabajo informal.

También genera dudas la calidad de las nuevas viviendas. “Si bien las fachadas son buenas, hay desconfianza con la infraestructura. Hay problemas con las viviendas nuevas en la Villa 31 y en la 20. Y acá hay cables de luz que se cruzan con los caños de agua y eso no se puede hacer”. A eso se suma el desmanejo con los planos y permisos, ya que se empezó a construir sin permisos de obra y sin planos aprobados, según detalló un especialista.

No obstante, Zambrana señaló que “también hay vecinos ilusionados que se quieren mudar y los vamos a apoyar. No queremos que pase lo que pasó en otros barrios, donde hubo gente a la que trasladaron y se quiso volver y no pudo porque le tiraron la casa”.