“Por el estricto beneficio de la duda”. Así argumentó el Tribunal las absoluciones de los cuatro acusados por la desaparición de Paula Perassi, de 34 años, el 18 de septiembre de 2011, y de los cinco policías que debían responder por encubrimiento. La desolación y la bronca tomaron el espacio exterior del Centro de Justicia Penal, donde Alberto Perassi y su esposa Alicia esperaban el fallo por la desaparición de su hija, acompañados por la militancia feminista de la región. La familia Perassi vive en San Lorenzo, una ciudad portuaria a 29 kilómetros de Rosario, por donde sale buena parte de la cosecha de granos del país. El es mecánico, siempre repite que “tiene sexto grado”, y tuvo que convertirse en el perseguidor de justicia para su hija. De todo hizo Alberto y todas las expectativas las tenía en el juicio oral que comenzó el 21 de marzo pasado. Griselda Strólogo, Mariel Minetti y Alvaro Campos, integrantes del Tribunal Oral, se refirieron a la “desprolija, controvertida, cuestionada e insuficiente actividad probatoria”. El fiscal Donato Trotta apelará la sentencia y asegura que la prueba fue contundente. Durante el transcurso del debate, otro integrante del Ministerio Público de la Acusación, Sebastián Narvaja había hecho reserva de pedir la nulidad del juicio al considerar que las decisiones de los magistrados entorpecían la actividad probatoria de la fiscalía. 

Durante las audiencias, el integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense, Juan Nóbile, que participó en búsquedas del cuerpo de Paula, se refirió a una “estructura desaparecedora” que involucró, necesariamente, a las fuerzas de seguridad. “La valoración de las pruebas en casos de desapariciones forzadas de personas y de delitos en situaciones de violencia de género, debe respetar los estándares de Derechos Humanos de las Convenciones y Tratados, en esa materia, a los cuales Argentina ha adherido”, consideró la abogada penalista y feminista Gabriela Santinelli, quien apuntó que el Tribunal “no sólo pide prueba imposible y revictimiza a toda la familia de Paula, sino que ni siquiera hace mención al retardo en la Justicia. Más de siete años transcurrieron entre la desaparición de Paula y el juicio. El fallo no es garantista, es profundamente patriarcal y contrario a derecho”. 

Desde el 21 de marzo, Alberto y Alicia junto a la Multisectorial de Justicia por Paula Perassi siguieron cada una de las audiencias en el espacio verde que circunda al Centro de Justicia Penal rosarino. Cuando dio testimonio, Alberto contó –en una declaración que fue interrumpida por las chicanas de las defensas– cómo pudo reconstruir el rompecabezas de lo ocurrido con su hija. “Lo único que quiero es que me devuelvan los huesos”, dijo más de una vez en todos estos años. 

Por la desaparición de Paula había cuatro civiles acusados: Gabriel Strumia, quien era amante de la víctima, y su esposa Roxana Michl; Mirta Rusñisky y Antonio Díaz, por privación ilegítima de la libertad y aborto sin consentimiento seguido de muerte. Durante el juicio, hubo testimonios que dieron cuenta de una reunión de Paula con Strummia y Díaz, en un bar de Timbués, otra localidad de la zona, el mismo día de su desaparición, a las 18. En ese pueblo vivía Rusñisky, acusada de haber practicado el aborto. Además, el ex comisario Adolfo Puyol estaba acusado de encubrimiento agravado, al igual que los agentes Gabriel Godoy, Jorge Krenz, Aldo Gómez y María José Galtelli. Para acercar esta hipótesis a la Justicia, Alberto tuvo que atravesar todo tipo de humillaciones y dilaciones. 

Durante siete años y medio, Alberto y Alicia hicieron lo imposible para seguir el rastro de Paula. Alberto anduvo al principio con un megáfono por las calles pidiendo datos, buscando a alguien que la hubiera visto. El primer juez de la causa, Eduardo Filocco, no tomó muy en serio la desaparición: consideraba que Paula era “una loca” y que iba “a volver”. Tres años después, el fiscal Trotta tomó la investigación y la orientó, con los evidentes huecos que había dejado una investigación policial amañada.

Alberto debió lidiar con el estigma y el desencanto: durante la investigación supo que su hija era la amante de un gran amigo, Strummia, que ella había quedado embarazada y él la había forzado a abortar. Decían que Paula era una “puta”. Esa aseveración es un indicio de la barrera patriarcal y disciplinadora que Alberto encontró en sus búsquedas. Una “puta” por tener un amante, siendo una mujer casada. Es una aseveración de antigüedad y mirada sexista tan flagrante que cuesta darle crédito, pero así circuló por San Lorenzo. “Siempre a la víctima, que era una puta. Si bien se lo acepto, nadie tiene el derecho de hacerla desaparecer, matarla o estar siete años y seis meses sin saber de ella”, dijo Alberto en su testimonio.