Una fiscal pidió que se llame a indagatoria al profesor de teatro que fue denunciado penalmente por presunto abuso sexual por siete jóvenes a fines de 2017. El martes, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 9 pidió la declaración indagatoria de Leonardo Bugliani por el delito de “abuso sexual agravado por haber sido cometido con acceso carnal por cualquier vía (sexo oral) y por haber sido encargado de la educación de las víctimas” en relación a cuatro denunciantes, adolescentes al momento de sucedidos los hechos.

Mónica Cuñarro, interinamente a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 9 de la Ciudad, que interviene en la causa contra Leonardo Pablo Bugliani presentó el martes a última hora el pedido de indagatoria, al considerar que tiene elementos suficientes para acusarlo del delito y para su eventual procesamiento.

“El aspecto objetivo de esos tipos penales se encuentra acreditado ya que accedió en algunos casos carnalmente y, en otros les practicó sexo oral. Tales accesos carnales fueron abusivos en tanto todo ello lo realizó en momentos en que las víctimas no pudieron consentir libremente las acciones de él en virtud de que tenían viciada la capacidad de decisión. Él se aprovechó de la inmadurez y vulnerabilidad de las adolescentes, así como de la situación de poder en la que estaba, para generar un vínculo de confianza y colocarse en un lugar de ser superior –ídolo– que les estaba acercando una cosmovisión que les permitiría ser libres. Tras lograr la dependencia emocional e intelectual de las damnificadas, fue captando sus voluntades, persuadiéndolas y manipulándolas para que accedan a realizar los ejercicios que decía eran teatrales sin cuestionarlo y disimulando sus objetivos libidinosos”, argumentó Cuñarro en su escrito. A su vez, agregó que “se fundamenta la agravante que se citó ya que él le daba clases de teatro y, en el marco de esa relación docente-estudiantes, se aprovechó del poder que detentaba. Vale recordar que “encargado de la educación” es quien tiene a su cargo la tarea de impartir conocimientos en cualquier materia, en forma individual o colectiva, y de modo permanente o circunstancial, por convención o función pública o privada; tal como se desprende del informe remitido por la Facultad de Ciencia Económicas de la UBA”.

El texto de setenta páginas detalla y analiza los distintos tipos de pruebas en los que se basó la fiscal para hacer el pedido al juez. Por un lado, las declaraciones de las víctimas que “fueron sumamente coincidentes, concordantes y, detalladas respecto al lugar donde se realizaban los encuentros, la dinámica de funcionamiento de los mismos y cómo era la comunicación de Bugliani con los integrantes del grupo, cómo lograron alejarse y, además las secuelas que les quedaron con motivos de los hechos denunciados”. Por otro lado, los peritajes psicológicos y psiquiátricos a los que se sometieron las jóvenes, realizadas por el Cuerpo Médico Forense, que dieron por probado el impacto del abuso en las víctimas. Por ejemplo, en un caso, el estudio determina que “la peritada presenta haber cursado un trastorno por estrés postraumático, de ansiedad por separación, un trastorno disociativo –amnesia disociativa–, trastorno de identidad disociativo, trastorno de despersonalización, entre otros”. “Se observan secuelas emocionales, cognitivas y conductuales postraumáticas de naturaleza sexual compatibles con el abuso investigado a su respecto”, se lee en el escrito. Además, se sumaron pericias informáticas (ver aparte).

La causa se remonta a 2017. Este diario reveló el 24 de diciembre de ese año que Bugliani, un profesor que daba un taller en el Centro Cultural Sabato de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, había sido denunciado penalmente por presunto abuso sexual a siete ex alumnas. Bugliani, según la acusación, habría captado a las chicas a través de un espacio llamado Ágora Teatral, que funcionaba en ese Centro, para luego llevarlas a su casa, donde habría cometido los abusos. Algunas eran adolescentes menores de edad al momento de comenzar el taller, que se presentaba como espacio de teatro y –según la denuncia– terminaba en orgías y abusos sexuales, después de un largo proceso de manipulación y sometimiento. Ellas tenían 17 años y estaban en quinto año cuando lo conocieron; él tenía 44. Era “violada todas las semanas porque había una cuestión espiritual de por medio”, contó una de ellas a este diario. 

El abogado de Bugliani sigue siendo Fernando Soto, director de Ordenamiento y Adecuación Normativa de las Fuerzas Policiales y de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación. Con él, Bugliani compartiría pertenencia a la masonería y vínculos políticos. Bugliani, además, asesoraba al diputado porteño Marcelo Guouman (Suma +), quien lo despidió cuando trascendió la denuncia.

La fiscal señaló que evaluó la prueba en un contexto de violencia de género como “práctica estructural violatoria de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, no supone sólo un maltrato físico, sino que también incluye la violencia psicológica, sexual, económica, simbólica y mediática”. Consideró además que “el contexto situacional en el que estaban inmersas las adolescentes son factores demostrativos de que su ámbito de autodeterminación estaba neutralizado y por ende su consentimiento viciado”.