Desde Santa Fe

El Tribunal Electoral de la provincia rechazó la impugnación del Partido Justicialista a la consulta paralela a las elecciones del 16 de junio porque su presidenta María Angélica Gastaldi y sus colegas Giorgina Depetris y Eduardo Sodero ya había negociado con el ministro de Justicia Ricardo Silberstein un "convenio" para instalar las urnas de la encuesta en "mesas especiales", en "los mismos locales de votación", en las escuelas. "Grave", lo calificó anoche el abogado constitucionalista Domingo Rondina apenas trascendió el texto del acuerdo, pero luego se corrigió: "Gravísimo". Poco antes, Rodina había advertido sobre las "pésimas" resoluciones del Tribunal en el plano "técnico" y "político", lo que "demuestra su falta de especialización y debilidad institucional", alertó.

Rosario 12 ya informó cómo fue la secuencia del planteo del PJ. Antes de la Asamblea Legislativa del 1º de mayo, el diputado Roberto Mirabella dijo que el candidato a gobernador del peronismo Omar Perotti analizaba una "acción" para frenar la "prepotencia" de Miguel Lifchitz de "meter de prepo una consulta paralela en las elecciones del 16 de junio". En su mensaje, el gobernador confirmó que la consulta estaba en marcha, aunque no aclaró si se realizaría en las "mismos lugares de votación", como se sabe ahora. "Que el pueblo opine libremente", desafió. Lifschitz terminó de hablar alrededor de las 13. Y dos horas después, a las 15.08, los apoderados del PJ, Edmundo Barrera y Ricardo Paulichenco, formalizaron la denuncia ante el Tribunal Electoral "en cumplimiento de expresas instrucciones de las autoridades" del Frente Juntos. Léase Perotti.

El Tribunal notificó el rechazo de la impugnación al PJ, el jueves 2, a las 19. Dieciocho horas después de presentada. El mismo jueves, Gastaldi, Depetris y Sodero firmaron con el ministro Silbertein el "convenio de colaboración" para organizar la "consulta no vinculante", como la llaman. Lo que plantea el interrogante si la resolución fue notificada antes o después de la firma del documento  protocolizado por la Casa Gris con fecha 3 de mayo.

"Ayer, 2 de mayo se firmó un convenio de colaboración" entre el Poder Ejecutivo  y el Tribunal Electoral "para organizar la consulta sobre reforma", denunció Rondina. "Es terrible y evidencia la intención de afectar políticamente el proceso electoral. Se contamina y direcciona la votación", dijo.

"Es grave", siguió Rondina. "El acuerdo prevé que las autoridades de la consulta serán habilitadas por la Secretaría Electoral, que podrán hablar a los electores, que escrutarán junto con las autoridades de mesa y que transmitirán los resultados de la consulta por el mismo medio que la elección".

"Gravísimo", se corrigió. "La cláusula 7 del acuerdo prevé que una persona pueda votar solamente en la consulta y no en la elección obligatoria. De este modo las posibilidades de alteración y adulteración de los resultados electorales es infinita. Además de estar acordando una ilegalidad".

"La verdad es que el Tribunal Electoral viene tomando una sucesión de decisiones pésimas desde lo técnico y desde lo político. Demuestra su falta de especialización y su debilidad institucional. El próximo gobierno provincial deberá abordar una completa reforma electoral", completó Rondina.

La denuncia del PJ parece profética. El 1º de mayo, le planteó al Tribunal Electoral su "oposición a la firma de un acuerdo con el Poder Ejecutivo para realizar la consulta popular" convocada por Lifschiz "en violación a expresas disposiciones constitucionales". El 2 de mayo, el Tribunal rechazó el planteo. Y el mismo día, firmó el acuerdo, aunque falta saber si fue antes o después de desestimar el recurso.

Lifschitz "toma un atajo", advirtió el PJ. Primero, mandó a la Legislatura un proyecto para reformar la Constitución. Después, "convocó sin atribuciones a la consulta". Y ahora, "pretende transformar aquel acto unilateral en un acuerdo bilateral con el Tribunal Electoral".