Oscar Parrilli puso en marcha su estrategia de defensa luego de que el fiscal Marijuan avanzara con un pedido de prisión preventiva en la causa en la que se lo investiga por el presunto encubrimiento del ex prófugo Ibar Pérez Corradi, y desde donde surgieron una serie de escuchas telefónicas que no tenían relación con el caso.
Tal como había adelanto en los últimos días, Parrilli recusó al juez Martín Irurzun, quien integra la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal que debe resolver las recusaciones formuladas al juez Ariel Lijo y Claudio Bonadio. Irurzun es, además, el Director General de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial, es decir, el responsable de las escuchas telefónicas.
Según la defensa de Parrilli, con las filtraciones a la prensa de una serie de conversaciones (un audio y dos transcripciones) que mantuvo con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner no se cumplieron las pautas normativas (“exclusiva custodia, reserva absoluta y confidencialidad”) que regulan las escuchas telefónicas. “Esas loables y obvias aspiraciones de custodia no han sido respetadas aquí, puesto que se han producido filtraciones escandalosas en una oficina cuya autoridad ejercía el Dr. Irurzun”.
Al mismo tiempo, el ex titular de la AFI pidió la recusación del juez Bonadio en la causa que investiga el llamado a licitación de la Unidad del Bicentenario, en 2013, de un libro que no se terminó de imprimir. Según la defensa de Parrilli, Bonadio le negó el acceso a las fotocopias del expediente y su abogado no tuvo posibilidad de analizar los tres cuerpos de la causa (más sus anexos documentales), salvo en la mesa de entrada del juzgado.
El abogado que patrocina al ex funcionario, Roberto Boico, también pidió que se declare nulo el llamado a indagatoria del 30 de diciembre de 2016, del que Parrilli fue notificado vía mensaje de texto. “Mi cliente compareció a estar a derecho, pese los hostiles impedimentos para hacerse, nada más y nada menos, que de los elementos colectados en la causa para preparar su defensa. Allí sostuvo que no declararía hasta tanto se le permita el acceso irrestricto al expediente, cuya mengua ostensible radica en exigir a él y su letrado”, señala el escrito.
Luego de las presentaciones, Iruzun fue el primero en responder y rechazó el pedido de recusación por riesgo de pérdida de imparcialidad en un informe entregado a la Cámara Federal y ahora la decisión quedó en manos de su compañero de sala, Eduardo Farah, y de un vocal de la Sala I, que deberá ser designado por sorteo.
Irurzun sostuvo que los hechos "impiden sostener cualquier extremo generador de un temor fundado de parcialidad" y que "la sola referencia a la existencia de una denuncia" no es "razón que justifique el apartamiento de un magistrado".
