Luego de años de dilaciones, el caso por los delitos de lesa humanidad cometidos contra catorce obreros de Mercedes Benz llegó a juicio oral para juzgar a los seis represores responsables. Es uno de los 169 expedientes que integran la megacausa Campo de Mayo, que incluye también los casos de obreros ferroviarios, los del denominada Area 400 y los del Colegio Militar. Tras haber sido suspendido en febrero por supuestas razones burocráticas del Poder Judicial, finalmente el proceso comenzó más de 43 años después del golpe que instauró la dictadura cívico-militar en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de San Martín, con audiencias semanales que pueden ser presenciadas los días miércoles por la mañana con la sola presentación del DNI.

En el banquillo de los acusados se sentarán los militares Santiago Omar Riveros, Eugenio Guañabens Perelló, Miguel Hugo Castagno Monge, Carlos Eduardo José Somoza, Carlos Francisco Villanova y Benito Angel Rubén Omaecheverría, entre otros. Y serán juzgados por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los cuatro centros clandestinos de detención que funcionaron en el complejo militar de Campo de Mayo. Gracias a la acumulación de causas elevadas al tribunal oral, un persistente reclamo de abogados querellantes y fiscales, habrá 17 acusados, el mayor número desde que se reabrieron las causas de lesa humanidad, además de militares, gendarmes, policías y civiles de inteligencia. Los delitos por los que se los acusa son secuestros, tormentos, homicidios y apropiaciones de bebés en el que fuera el mayor campo de exterminio de la última dictadura, por el que pasaron unas 5 mil víctimas y muy pocas sobrevivieron. Allí, paradójicamente, funciona hoy una unidad penal que aloja a más de 70 viejos represores. 

El tribunal estará integrado por los jueces Daniel Omar Gutiérrez, Silvina Mayorga y Nada Flores Vega, en tanto actuarán como querellantes Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS, el abogado Pablo Llonto y las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia de Buenos Aires. El fiscal Marcelo García Berro acusará en representación del Ministerio Público Fiscal. 

Llonto, uno de los querellantes, expresó que la importancia del juicio radica en que se juzgará a genocidas que hace años que tienen su caso elevado a proceso oral y público; en que llegan a audiencia casos de víctimas comprobados hace más de una década; y en que fueron unificados expedientes, un reclamo de las querellas al Poder Judicial para acelerar los tiempos en las causas por crímenes de lesa humanidad. “En este juicio se acumulan once causas elevadas y esto implica un paso adelante en el reclamo que se hizo siempre de unificar los juicios. Era posible hacerlo y esta es la confirmación de que se pueden hacer juicios grandes”, explicó el abogado.

Muchas de las víctimas que pasaron por esos centros clandestinos de detención y tortura eran trabajadores y activistas, miembros de comisiones internas de fábricas y empresas. En el caso de Mercedes Benz, algunos de ellos fueron Alberto Francisco Arenas, Juan José Mosquera, Jorge Alberto Leichner Quilodran, Alberto Gigena, Diego Eustaquio Nuñez, Fernando Omar Del Conte y Héctor Aníbal Ratto, este último sobrevivió. Ratto fue detenido el 12 de agosto de 1977, mientras se encontraba trabajando en la fabrica de González Catán, por miembros del Ejército, como lo testificaron sus compañeros. En Campo de Mayo, estuvo detenido hasta que fue liberado el 8 de marzo de 1979.

La causa Mercedes Benz fue instruida por la jueza federal Alicia Vence, la misma que instruyó otro importante expediente por los crímenes cometidos contra obreros de Ford, donde fueron condenados en 2018 los ex gerentes Pedro Müller y Héctor Sibilla y el militar Santiago Riveros. En el caso de Mercedes Benz, si bien hasta ahora solo se imputó a responsables militares por la desaparición de los obreros, se espera que en el desarrollo de este juicio vuelva a demostrarse palmariamente el rol de las grandes empresas, de sectores civiles y dirigentes sindicales que entregaron a los obreros, tal como sucedió en el juicio de Ford, donde luego de décadas de lucha se logró condenar a ex gerentes por secuestros y torturas en el Quincho, centro clandestino que la empresa tenía en sus instalaciones.