A 37 años de la guerra, el juez federal Federico Calvete citó a declarar a 18 oficiales y suboficiales del Ejército imputados por enterramientos y estaqueamientos de soldados en Malvinas. Los acusados convocados a la primera tanda de indagatorias, que arrancarán a fines de junio, eran en su mayoría subalternos del Regimiento de Infantería Mecanizada 5 (RIMec5) de Paso de los Libres, Corrientes. El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) La Plata calificó como “un hito trascendental en la búsqueda de memoria, verdad y justicia” que “a doce años de iniciada la causa 18 de los 95 militares denunciados en el expediente deberán rendir cuentas”. La Comisión Provincial por la Memoria celebró el “avance histórico” aunque advirtió que “la instrucción judicial todavía debe profundizarse”.

Desde que llegaron a Puerto Yapeyú el 26 de abril de 1982 los colimbas correntinos se alimentaron sólo con una sopa que en realidad “era agua con cebolla” según relataron en 2007 ante Pablo Vassel, el ex secretario de derechos humanos provincial que presentó la primera denuncia. Cuando ya muertos de hambre robaron una oveja en la casa de un kelper, un policía militar los detuvo. El soldado Ramón Solís recordó que camino al campamento se cruzó al coronel Ramón Mabragaña. “Es mentira, comen y duermen bien”, le gritó el jefe del RIMec5 antes de pegarle una patada y ordenar castigarlos.

Los golpes que siguieron corrieron por cuenta del mayor Miguel Angel Garde y del cabo Oscar Albarracín, que hicieron formar a los 34 soldados para averiguar quiénes habían cometido el pecado de matar a un animal para comer. A los que decidieron culpar los enterraron hasta el cuello en los pozos que habían cavado para protegerse del fuego enemigo. Sus compañeros lloraban mientras cumplían la orden de cubrirlos con tierra. Durante las diez horas que duró el enterramiento vieron caer nieve y bombas británicas. Varios fueron sacados en camilla, congelados y terminaron internados.

Sólo por este caso de tormentos, desmenuzado en la imputación que presentaron hace un año el fiscal federal Marcelo Rapaport y la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, deberán rendir cuentas (además de Garde y Albarracín) el teniente Jorge Guillermo Díaz y el subteniente Eduardo Luis Gassino. Los coroneles Mabragaña y Norberto Fernández, jefe y subjefe del RIMec5, murieron impunes.

El comandante de quien dependía el RIMec5 que cobijó las torturas, general Omar Parada, está imputado pero todavía no fue notificado. Idéntica demora beneficia al capitán Emilio Terán y al teniente Jorge Cadelargo, que junto a Garde integraban la playa mayor del regimiento. También a los capitanes Horacio Vlcek y Jorge Masiriz, ex jefes de compañías, y al teniente coronel Jorge Luis López, ex jefe de la Compañía de Ingenieros 3 de Monte Caseros.

La lista de subalternos citados a declarar entre el 27 de junio y el 4 de julio la integran, además de los cuatro mencionados, los subtenientes Belisario Affranchino Rumi, Jorge Oscar Ferrante y Emilio Samyn Duco, ex jefes de sección; los sargentos Luis Manzur y Raúl Linares, el teniente primero Gustavo Calderini, y los cabos Pablo Hernández, Claudio Tamareu, Jorge Romano, Ramón Caro, Sergio Guevara, Oscar Contreras, Francisco Rivero y Ramón Leiva.

"En un hecho histórico, a doce años de iniciada la causa 18 de los 95 militares denunciados en el expediente deberán rendir cuentas", destacó ayer el Cecim La Plata. "Para los excombatientes de Malvinas se trata de un hito trascendental en la búsqueda de memoria, verdad y justicia que emprendieron hace 37 años", agregó el organismo, que es querellante en la causa. La Comisión Provincial que preside Adolfo Pérez Esquivel comunicó que "tras doce años de reclamar justicia, de sistematizar denuncias, de sobreponerse a los múltiples intentos de entorpecer la investigación por parte de la defensa de los militares, estos llamados a indagatoria significan un avance histórico para la causa Malvinas, pero la instrucción judicial todavía debe profundizarse".

La causa 1777/07 caratulada “Pierre Pedro Valentín y otros sobre delito de acción pública” se inició en 2007 con la denuncia de Vassel. Once años después, en mayo de 2018, el fiscal Rapaport y la Procuraduría de Lesa Humanidad imputaron por primera vas a 26 ex militares por haber “ordenado y ejecutado contra soldados conscriptos diversos actos de tortura --entre ellos, los conocidos estaqueamientos y enterramientos-- como forma de controlar las alegadas indisciplinas que generaban las penurias que padecía la tropa a causa de la falta de abrigo y comida”. En diciembre el juez Calvete anunció las primeras 18 indagatoria pero recién ayer fijó las fechas.

Además de los testimonios de las víctimas, parte de las pruebas con las que cuenta el juez se desprenden de legajos del Fondo Documental Malvinas, un acervo documental de las Fuerzas Armadas desclasificado en 2015 que confirma los trabajos de acción psicológica y amedrentamientos realizados tras la guerra en los denominados “Centros de Asistencia y Rehabilitación”, para que los soldados no denunciaran ni hablaran de sus padecimientos.