Desde Santa Fe
El fiscal Martín Suárez Faisal solicitó al Tribunal Oral de Santa Fe que condene a los siete represores que juzga desde el 28 de marzo por delitos de lesa humanidad. Uno es un coronel retirado que operó en el Destacamento de Inteligencia 122, Héctor Melitón Martínez, a quien le pidió 20 años de cárcel por secuestros y torturas en un centro clandestino en San José del Rincón al que llamaban El Borgia. Los otros seis son ex policías, entre ellos el ex oficial del Departamento Informaciones (D2) Eduardo "Curro" Ramos y el comisario Ricardo Ferreyra, a quienes acusó por la supuesta "violación sexual agravada" de una adolescente de 16 años y el "abuso deshonesto" de una niña de 14 que militaban en la UES, en 1976, entre otros cargos. A Ramos le solicitó el castigo más alto: 23 años de prisión y a Ferreyra 20. Los demás son un ex camarada de Ramos, Víctor Hugo Cabrera, a quien le pidió de 12 años de prisión y tres integrantes de la patota del Area 212: Juan Calixto Perizzotti (15 años), su ex secretaria María Eva Aebi (10 años) y su chofer Eduardo Córdoba (8 años). Todos, -sostuvo Suárez Faisal- tenían "comunión ideológica" con la dictadura y esa "criminal convicción" los convirtió en "engranajes esenciales del régimen más atroz que se recuerde en nuestro país".
Suárez Faisal completó su alegato el jueves, después de dos inspecciones judiciales en las que dos víctimas revivieron su cautiverio en la Comisaría 1ª, en el micro centro, y en el ex Servicio de Inteligencia de la Policía (el D2, que la Conadep identificó como Brigada de Investigaciones), en San Martín y Obispo Gelabert. El jueves está previsto el alegato de las defensas y el viernes 17 de mayo se conocerá el veredicto del Tribunal integrado por María Ivón Vella, José María Escobar Cello y Luciano Lauría.
En el juicio se investigan los grupos de tareas del Destacamento de Inteligencia Militar 122 que integraba Melitón Martínez, del D2 (Ramos y Cabrera), del Area 212 que operaba en la Guardia de Infantería Reforzada (Perizzotti, Aebi y Córdoba) y crímenes en los "centros de torturas y abusos sexuales", como los llamó el fiscal: la Comisaría 1ª y la Comisaría 4ª. Ferreyra fue sub jefe de la primera en 1976 y ascendió a la jefatura de la cuarta, en 1977. Por esas dos seccionales pasaron "no sólo las víctimas de esta causa, sino innumerables detenidos políticos" que "padecieron la mayor crueldad humana posible: torturas, interrogatorios, humillaciones, vejámenes de todo tipo, abusos sexuales y pésimas condiciones de detención", agregó.
El fiscal resaltó que tres de víctimas de los "centros clandestinos" que dirigía Ferreyra eran menores: la niña de 14 años y dos adolescentes de 16 y 17, que militaban en la UES. Las fotos que les sacaron en cautiverio revelan su corta edad y "sin embargo eso no impidió que les aplicaran las mismas condiciones de detención y vejaciones que a otros detenidos, incluso algunas más gravosas", afirmó Suárez Faisal.
"Una prueba del horror" en la Comisaría 1ª -relató el fiscal- fue el suplicio de María Rosa Sedrán de Almirón, la mamá de la nena de 14 y del chico de 17 que "según sus tres hijos que declararon en el juicio fue brutalmente torturada y quedó en silla de ruedas con una paraplejía".
El circuito represivo se articulaba con chupaderos como El Borgia, en Rincón, y otro al que llamaban "La Casita", en Santo Tomé, que aún no fue encontrado. En el alegato, el fiscal ratificó lo que ya había dicho en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad en Santa Fe, en 2009. "El Ministerio Público sostiene que el centro clandestino El Borgia, denominación que usaban los miembros de la patota para comunicarse con otro lugar al que llamaban "Fábrica" fue la casa quinta ubicada en la calle del Sol, de propiedad de la familia Ayala Bergero, lo que fue ratificado en esta sala de audiencias por una sobreviviente, Alba Sánchez".
El fiscal dedicó un capítulo a la "violencia sexual" en centros clandestinos y recordó que el Tribunal de Santa Fe fue el primero en la Argentina que la consideró "delito de lesa humanidad", en 2010. "Los relatos de las víctimas de esta causa han sido contundentes y estremecedores", en especial las dos menores de la UES -la joven de 16 años y la niña de 14- y otras tres mujeres que también contaron los "abusos padecidos", concluyó.
