El DNU 92/2019 que el presidente Mauricio Macri firmó para sacarle jerarquía institucional al deporte tendrá poca vida útil. Tal vez no supere mayo si el miércoles próximo la Cámara de Diputados vota su rechazo por mayoría simple y da el primer paso hacia su derogación. Después debería convalidar esa decisión el Senado. Cumplidos esos dos trámites parlamentarios, la Agencia del Deporte Nacional (ADN) tendría los días contados desde su creación el 29 de enero pasado. La oposición en la Cámara Baja confía en reunir los votos necesarios para que vuelva a funcionar la antigua Secretaría. Si el decreto que no era necesario ni urgente quedara anulado, se abriría la chance de discutir lo que sigue: una nueva ley para la que ya existen dos proyectos. Uno que es avalado por varias fuerzas políticas opositoras y otro del oficialismo que en su esencia replica el DNU que va camino a su abolición. Este mes será clave para determinar si el deporte vuelve a recuperar el rango que mantenía en el organigrama del Estado hasta que el Poder Ejecutivo decidió degradarlo.  

El diputado nacional del Frente para la Victoria e integrante de la Comisión de Deportes Carlos Castagneto le informó a PáginaI12: “En la próxima sesión del 8 de mayo debería tratarse el tema o bien, el 15. Somos varios los bloques opositores que estamos de acuerdo en rechazar el DNU de Macri. Si se votara como esperamos, hay un plazo legal de siete a diez días para notificarle al Ejecutivo el rechazo al decreto y éste tendrá que derogarlo”. 

La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo ya se había negado a revalidar el 92/2019 con que el presidente de la Nación bajó de status al deporte. Una Secretaría que lo manejaba se transformó en Agencia con el argumento vacuo de “lograr la utilización racional de los recursos públicos para potenciar una gestión más eficiente”. Hasta hoy a su frente está el amigo presidencial Diógenes de Urquiza Anchorena, mero ejecutor de la política de la alianza Cambiemos y además, compañero de pádel de Macri. El director de la ADN se destacó como capitán del campeón mundial de esta disciplina. Se consagró en Sevilla en 1992. También ambos cofundaron la asociación nacional de este deporte. Hace tiempo los une la posibilidad de hacer negocios en un campo fértil como el deportivo. Su objetivo no declarado es entregarle al mercado toda la infraestructura disponible del área por su alto valor inmobiliario, sobre todo la que se ubica en la Capital Federal. 

La lista es encabezada por las instalaciones del Cenard que se levantan en el barrio porteño de Núñez (11,5 hectáreas), los predios de Ezeiza donde están los Centros Argentinos de Deportes en la Naturaleza (Caden 1 y 2) y el estadio nacional de béisbol (582,26); más el Centro Nacional de Desarrollo Deportivo (CeNaDe) de Esteban Echeverría (38,33).

Castagneto sostiene que ése era el propósito del gobierno: “Reemplazar la Secretaría por una Agencia fue una decisión destinada a privatizar el deporte. Quieren vender el Cenard donde hay instalaciones que son patrimonio nacional”. Ese objetivo presidencial se alejaría si se aprobara el dictamen de la mayoría en la Cámara de Diputados para rechazar el DNU. También se votará el proyecto de Cambiemos que pretende mantener las cosas como están. Si el decreto fuera anulado en el Senado, Macri debería desandar un camino donde puso buena parte de su energía. Se sabe: el deporte y las oportunidades que giran a su alrededor siempre le resultaron atractivas para invertir a su nombre o a través de terceros, como lo intentó hacer en el club Deportivo Español o cuando se sumó a la aventura de Marcelo Tinelli en el Badajoz de España. La idea de avanzar con una ley de sociedades anónimas para el fútbol es un objetivo en el que se embarcó desde que llegó a la presidencia de Boca en 1995. 

Cualquier iniciativa para el deporte debería encuadrarse en el marco de una ley y más si el DNU quedara sin efecto, ya que no existiría cuerpo normativo. El presidente de la Confederación Argentina de Deportes (CAD) Rodolfo Paverini defiende un proyecto en el que trabajó, que ya fue presentado en ambas Cámaras legislativas y que crea un espacio superador en el Estado de la Secretaría y de la ADN: se llamará Instituto Federal del Deporte y en el artículo 4º de la norma se establece “como organismo descentralizado y autárquico en el ámbito de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación”. A continuación señala que “tendrá a su cargo el diseño, coordinación y ejecución general de las políticas públicas en materia deportiva”.

La idea de una ley con mirada oficialista corrió por cuenta de lo que el periodista Ernesto Rodríguez III, un especialista de estos temas, atribuye al “cuerpo legal del Comité Olímpico Argentino (COA) a solicitud de Gerardo Werthein”. Ese proyecto tiene varios puntos de contacto con el decreto 92 del presidente Macri. Uno es que “no se dio de baja ninguna de las cláusulas que puede llevar a una literal privatización de la actividad deportiva en el ámbito público…”, agregó el colega.

La propuesta legislativa pergeñada por Werthein entró a la Cámara Alta como proyecto de ley 954/2019. Fue avalada por un grupo de senadores de Cambiemos entre quienes está el ex ministro de Educación y Deportes Esteban Bullrich. El superior jerárquico de Carlos Mac Allister, el ex futbolista al que Macri le confió el deporte y que no ejecutaba el presupuesto como correspondía. Aunque no sin antes otorgarles subsidios a selectos clubes de golf y de bridge. 

La discusión de ambos proyectos de ley llevará más tiempo que la derogación del DNU presidencial. Castagneto y Paverini coinciden en que la iniciativa opositora es “federal, participativa e inclusiva”. Esta semana las organizaciones deportivas la explicarán en el Congreso con el objetivo de que el decreto de la discordia sea derogado y termine en el tacho de basura. Si así fuera, para Macri sería un golpe difícil de asimilar. Se convertiría en otra batalla perdida en su patio trasero donde cree que siempre goza de un plus adicional por su pasado deportivo exitoso al frente de Boca. Pero también como presidente del club pudo imponer su voluntad reeleccionista –gobernó durante tres períodos consecutivos–, los avales discriminatorios para ser dirigente y hasta un fondo común de Inversión con el respaldo de la IGJ menemista. Como presidente de la Nación es otra cosa. No juega Riquelme ni dirige Bianchi y tampoco tiene chances de ganar una Copa para tapar el bosque y practicar su bailecito robótico como si hubiera algo que festejar.

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