Desde Santa Fe
La Cámara Federal de Rosario (sala B) sacó el viernes un fallo salomónico en la investigación al juez federal de Santa Fe Reinaldo Rodríguez por supuesto "fraude en perjuicio" del Estado, "prevaricato" e "incumplimiento de deberes": dejó sin efecto el llamado a indagatoria del magistrado, pero revocó el cierre de la causa, que seguirá abierta. Fue un sí y un no a lo que había resuelto el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque. Sí a su decisión de no indagar a Rodríguez y no al archivo del trámite. El voto clave fue el del propio presidente del tribunal, Aníbal Pineda, quien hace dos meses había intentado desligarse del asunto porque "tiene amigos en común" con Rodríguez, pero el vice Fernando Barbará le dijo que no. Ayer, Pineda ratificó que la decisión de un juez, en este caso Bailaque, de "indagar o no a una persona se corresponde con su facultad" de ley y "es inapelable". Y acerca del "archivo de las actuaciones" que dispuso Bailaque dijo que era una "decisión prematura" y "corresponde revocarla". En esa línea, sugirió profundizar la pesquisa. "Del examen de las pruebas aportadas" por el fiscal Walter Rodríguez "o de otras distintas a producirse en el futuro, pueden surgir elementos de convicción que definan la situación procesal de quien no ha sido indagado todavía", suavizó Pineda.
La indagatoria de Rodríguez estaba pendiente desde hace más de un año. La pidió el fiscal en febrero de 2018. El otro juez federal de Santa Fe, Francisco Miño, la convocó para el 6 de abril, pero nunca se concretó porque fue recusado y se apartó del proceso. En agosto de 2018, Bailaque la dejó sin efecto y ordenó mandar todo al archivo. El fiscal apeló. Y ayer, la Cámara confirmó parcialmente la resolución de Bailaque: coincidió en dejar sin efecto la indagatoria, pero revocó el cierre de la causa.
La investigación se inició por orden del Tribunal Oral de Santa Fe integrado por los jueces José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Lauría. Es la secuela de otro juicio por una maniobra con títulos públicos en default que les reportó a sus autores casi 700 mil pesos que no aún no fueron recuperados por el fisco. En octubre de 2017, el Tribunal condenó a los dos imputados: el inversionista Miguel Dubarry y su abogado Carlos Clerc, a dos años y 10 meses de prisión por "estafa a la administración pública" y ordenó a pedido del fiscal Martín Suárez Faisal investigar si en el hecho participaron otras personas.
Pineda dijo que "en el caso se presenta una situación particular", a partir de que el primer juez que intervino, que era Miño, llamó a indagatoria a Rodríguez y quién lo sucedió en el cargo, Bailaque, "reconsideró" la decisión. La revocó. "La doctrina interpreta que el llamado a indagatoria constituye una facultad del juzgador, que es quien en definitiva dispone del arbitrio para evaluar la existencia de la sospecha que le dará sustento a la convocatoria", siguió Pineda.
"El doctor Bailaque valoró los elementos considerados por el fiscal al solicitar la indagatoria de Rodríguez, las llamadas telefónicas, la sentencia dictada por el Tribunal Oral de Santa Fe y las pruebas obrantes en la causa, y los confrontó con los argumentos de la defensa". Y concluyó que 'en ningún momento se apreció prueba suficiente (…) que indique una actitud dolosa y que lo haga al juez Rodríguez, sospechoso de maniobra ilegal alguna'".
Acerca del planteo del fiscal que Bailaque no valoró la "sentencia" del Tribunal Oral de Santa Fe que condenó a Dubarry y Clerc "considero que el juez concluyó que con las pruebas reunidas hasta ahora no hay razones para sospechar que la conducta del doctor Rodríguez reúna el elemento subjetivo del tipo penal que se imputa", agregó Pineda. Y propuso "confirmar" la decisión de Bailaque que dejó sin efecto la indagatoria de Rodriguez.
En el segundo voto, la jueza Elida Vidal coincidió que el decreto de Bailaque de "no hacer lugar al pedido de indagatoria" de Rodríguez "se corresponde con las facultades especialísimas que el Código de rito otorga al juez de la causa y es inapelable".
Los dos camaristas, Pineda y Vidal coincidieron también que la decisión de Bailaque de archivar la causa era "prematura" y correspondía "revocarla" y fue lo que hicieron.
