![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2022-09/veiga4_0.png?itok=aIiDwrMW)
Maranhao es un estado del nordeste brasileño donde se combinan ingredientes que parecen sacados de la Guerra Fría. Generoso en diversidad de paisajes y ecosistemas, lo gobierna Flavio Dino, un militante del Partido Comunista (PCdoB) que fue juez federal. En ese territorio se levanta la base aeroespacial de Alcántara, que Jair Bolsonaro le cedió para su uso a Estados Unidos. La decisión que ya provocaba tensiones antes de la firma del acuerdo con Donald Trump, ahora las agudizó más. El 25 de abril, Dino tuiteó: “Un tal Bannon (por Steve, el asesor del presidente de EE.UU) dirige ideológicamente al actual gobierno brasileño”. Aunque aún resta que el Congreso nacional ratifique el convenio, las críticas que levantó aumentan a medida que pasan los días. Sus consecuencias geopolíticas, económicas, militares y sociales se anticipan en actividades que ya se organizan en Maranhao como un foro que se convocó bajo la consigna “Alcántara, Quilombos y Base Espacial”. Quilombos no son lo que entendemos en la Argentina y sí las comunidades negras que podrían ser afectadas y viven hace siglos en la zona. Esa sería una de las tantas consecuencias locales entre varias más para Brasil y toda América del Sur.
Aunque el gobierno de Bolsonaro no dio a conocer los puntos del acuerdo, algunos especialistas lo cuestionan dentro y fuera del estado que conduce Dino, el único gobernador comunista del país y quien más cumplió sus promesas de campaña antes de los últimos comicios. Globo, a través de su portal G1, señaló en julio de 2018 que su índice de compromisos asumidos con el electorado llegaba al 94,59 %. Él fue crítico sobre el uso de Alcántara: “No estoy de acuerdo con ninguna ampliación de área de la base o con la remoción de más personas”. También señaló lo que trasciende a las fronteras de su estado: “El acuerdo no puede ser abusivo y contener cláusulas que violen la soberanía nacional”.
En el foro convocado el 30 de abril pasado se escucharon voces críticas sobre las consecuencias que podrían tener la cesión y la utilización de la base que se extiende por 620 kilómetros cuadrados. Francisco Gonçalves, secretario de Derechos Humanos y Participación Popular de Maranhao, comentó: “Es importante que quede claro para la sociedad brasileña y para la población de Alcántara cuál es el impacto social, económico y territorial de la Base”. Gerson Pinheiro, secretario de Igualdad Racial del estado, recordó: “Las poblaciones quilombolas residen desde hace siglos en el territorio de Alcántara y necesitan ser reconocidas. Cualquier acuerdo debe involucrar a esas comunidades”. Dino cerró con palabras parecidas: “Necesitamos definir ahora los avances sociales y contrapartidas que queremos en el acuerdo, defendiendo la lógica de desarrollo social para todos, en especial las poblaciones tradicionales de Alcántara”.
Más allá del estado nordestino –el octavo en tamaño de Brasil– los ataques al convenio firmado con EE.UU. se extienden por todo el país. Uno de los más duros partió de Samuel Pinheiro Guimarães Neto, ex ministro de Asuntos Estratégicos (2009-2010) y ex secretario general de Relaciones Exteriores (2003-2009): “El principal objetivo norteamericano es tener una base militar en territorio brasileño en la cual ejerzan su soberanía fuera del alcance de las leyes y de la vigilancia de las autoridades brasileñas, inclusive militares”. Para este ex funcionario “si los Estados Unidos logran instalarse en Alcántara, de allí no saldrán”.
La base tiene una ubicación ideal para el lanzamiento de cohetes y satélites. Se encuentra muy próxima a la línea del Ecuador (a 2°18’ de latitud sur), lo que a Estados Unidos le permitiría economizar hasta el 30% del combustible o llevar más carga en sus proyectos aeroespaciales. En toda América del sur solo hay otra base semejante. La de Kourou en la Guayana francesa que controla la Agencia Espacial Europea.
Claudio Olany Alencar de Oliveira, ex jefe de la base y docente del Instituto Tecnológico de Aeronáutica la definió hace un tiempo como “el mayor centro de lanzamiento del hemisferio sur” aunque agregaba que “desgraciadamente no todos tienen esa visión, pero su ubicación es estratégica, con una importancia enorme”. La chance de que prosperara el acuerdo con EE.UU. estaba vinculada a la suerte que tuviera un convenio anterior con Ucrania que había firmado el gobierno de Lula en 2003. En abril pasado ese camino se abrió cuando quedó extinguida la empresa binacional Alcántara Cyclone Space (ACS) que tenía en sus manos el negocio del lanzamiento de satélites comerciales.
Ahora el gobierno de Estados Unidos podrá enviar satélites al espacio, pero además cohetes y misiles - que se utilizan para destruir otros satélites que orbitan a la tierra-, según informa un artículo reproducido por la Cámara de Diputados brasileña. En ese ámbito la oposición del gobierno intentó sin éxito incluir una medida provisoria (MP) en el acuerdo con EE.UU. Era para preservar las tierras de las comunidades negras vecinas a la base y una garantía de que no se lesionará la soberanía nacional con el usufructo de Alcántara.
El convenio que firmaron Trump y Bolsonaro tiene diputados en la vereda opuesta, que lo consideran ventajoso. Aluisio Mendes, del pequeño partido Podemos (ex Laborista Nacional) y aliado del PSL que gobierna Brasil, declaró que “no debemos privar a Maranhao de ese gran avance que es el centro de lanzamientos aeroespaciales”. Otros diputados por el estado donde gobierna el PCdoB también lo apoyan, aunque detractores y facilitadores del acuerdo todavía no conocen su contenido.
La historia se repite. A fines de su gobierno en 2002, el ex presidente Fernando Henrique Cardoso firmó un convenio con Estados Unidos por el uso de Alcántara con su colega George W. Bush. El Congreso brasileño se lo bloqueó porque consideraba que amenazaba la soberanía nacional. Pasaron diecisiete años y EE.UU. podrá usar la base espacial más importante de América Latina en el único estado gobernado por el Partido Comunista de Brasil. Las ideas sobre el mundo que comparten el ultraderechista Bolsonaro y el magnate Trump que gobierna la principal potencia militar del planeta lo hicieron posible.
