El fiscal federal Jorge Di Lello, quien instruye la causa contra funcionarios del gobierno nacional por beneficiar con la devaluación a los tenedores de dólar futuro, reiteró "bajo apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública" la citación a declarar para el exministro de Hacienda Alfonso Prat Gay, tal como lo hizo el viernes pasado con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, a quien le extendió el plazo para presentar la documentación requerida por el fiscal.
Di Lello citó también "bajo apercibimiento" e "incomparecencias injustificadas" al economista Aldo Pignanelli para testimoniar en persona en los tribunales de Retiro respecto de la denuncia por supuesta defraudación en el pago de las operaciones de dólar futuro contra el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana. Según el pedido del fiscal, Prat Gay deberá concurrir el miércoles 15 de marzo y Pignanelli el martes 14, ambos deberían haberse presentado ayer.
El fiscal, que instruye la causa a cargo del juez federal Sergio Torres, también volvió a citar al periodista Roberto Navarro para el 16 de marzo y al economista Juan Carlos De Pablo para el martes 21 del mismo mes. Otro testigo, el diputado nacional Mario Negri, ya entregó a la fiscalía las respuestas al pliego de preguntas enviadas por Di Lello.
Peña, por el momento, no cumplió con la solicitud de Di Lello, quien le envió una serie de consultas y le otorgó un último plazo de diez días hábiles para que las entregue, un incumplimiento que el jefe de Gabinete arrastra desde el año pasado.
La denuncia fue presentada por diputados del Frente para la Victoria el 13 de abril pasado, en coincidencia con la citación a declaración indagatoria de la expresidenta Cristina Kirchner por parte del juez federal Claudio Bonadío en la causa por dólar futuro, que ayer el fiscal Eduardo Taiano pidió elevar a juicio oral.
Los diputados denunciaron que la actual gestión del Banco Central generó pérdidas en la venta de moneda extranjera bajo la modalidad futuro a partir de la devolución del 16 de diciembre de 2015 y que habría beneficiado a funcionarios y empresarios cercanos al gobierno de Cambiemos.
Según la denuncia, Bonadio y Sturzenegger autorizaron y pagaron los contratos de dólar a futuro del gobierno anterior con los precios posteriores a la devaluación. A ambos se los acusa de presunta administración infiel en perjuicio de la administración pública y en favor de particulares, prevaricato y abuso de autoridad.
