El Gobierno deberá responder antes de fin de mes un requerimiento de la Corte Suprema que pone en riesgo su “revolución de los aviones”. A mediados de abril, el tribunal le dio 30 días hábiles para presentar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), según la Ley General de Ambiente, con la que el Ministerio de Transporte habilitó el uso comercial del aeropuerto militar de El Palomar para abrir el mercado de las low cost. El pedido de la Corte llega a partir de un recurso extraordinario presentado por el colectivo de vecinos Stop Flybondi.

El ministerio encabezado por Guillermo Dietrich aún no respondió al pedido, pero asegura que se presentaron estudios ambientales posteriores y que se realizaron obras a partir de las que consiguieron el visto bueno de la Cámara Federal de San Martín en diciembre. “La Corte, al exigir al gobierno la presentación de la DIA, no ha hecho más que darle la razón a los vecinos”, aseguró el abogado Lucas Marisi, de Stop Flybondi.

El requerimiento llegó una semana después de que Mauricio Macri visitara el aeropuerto para inaugurar el primer vuelo de cabotaje de la chilena JetSmart, segunda empresa low cost en volar desde El Palomar. La noruega Norwegian rechazó operar allí.

El pedido del máximo tribunal fue firmado por los supremos Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti está dirigido a la cartera de Transporte, al Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) y a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), y solicita a la autoridad competente que remita “la Declaración de Impacto Ambiental y toda la documentación relacionada” a la habilitación comercial del aeropuerto.

La causa iniciada por Marisi, en representación del colectivo de vecinos, consiguió en un inicio una medida cautelar por parte de la jueza de primera instancia Martina Forns, que cancelaba las operaciones desde el aeropuerto del oeste del Conurbano. El Ministerio de Transporte logró levantarla, con restricciones sobre la cantidad de vuelos, y finalmente, tras una audiencia pública y una serie de obras requeridas, el Ejecutivo consiguió el levantamiento total de la medida cautelar con el visto bueno de la Cámara Federal.

El Ministerio de Transporte, según pudo averiguar PáginaI12, aún no respondió el pedido de informe y sostiene que en el fallo del 28 de diciembre la Cámara de San Martín dio por cumplido el principio precautorio de la Ley General de Medio Ambiente con la presentación de dos estudios de impacto ambiental sobre las obras realizadas, la audiencia pública y doce informes de mediciones mensuales.

Sin embargo, el recurso extraordinario presentado por Marisi apunta contra el origen de la habilitación del aeropuerto. “Durante la instrucción de la jueza Martina Forns, el Gobierno sostuvo una y otra vez que la DIA no existía porque no era necesaria. Es decir, a lo largo del pleito, el Gobierno reconoció que era cierto lo denunciado por los vecinos en cuanto a que no se había cumplido con el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), y que no se había emitido la consiguiente declaración”, subrayó Marisi.

“Cuando la Corte reclama la copia de la declaración de impacto ambiental, atento al pedido del amparo, denuncia que no se cumplió con la Ley General de Ambiente. O sea, tácitamente lo que está diciendo es que lo valorado por la Cámara no es suficiente”, analizó el abogado del colectivo Stop Flybondi a la espera de la respuesta del Gobierno, y agregó que la declaración original debería haber sido aprobada también por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), bajo la órbita del gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal.