En la antesala del juicio oral y público por la explosión del edificio de Salta 2141, la Fiscalía desistió de acusar a dos imputados. Se trata del gasista José Allala, que trabajó en el lugar, 12 días antes; y del inspector de Litoral Gas Gerardo Bolaños. En la causa están implicados otros dos inspectores y dos jefes técnicos de la empresa concesionaria del servicio de gas; junto con tres miembros de la administración del edificio y dos gasistas que aquella mañana del 6 de agosto de 2013 cambiaban el regulador, cuando inició la fuga. No obstante, la familia de una de las 22 víctimas, que es querellante en el caso, pedirá acusaciones para los 11 implicados y penas de hasta 5 años de prisión. Por lo que los once estarán sentados en el banquillo.

Con el correr de las horas se conocen más detalles de la previa del debate que comienza mañana, en el Centro de Justicia Penal. Mientras que desde Fiscalía se indicó que cuatro fiscales -Graciela Argüelles, María Eugenia Iribarren, Miguel Moreno y Valeria Piazza- estarán a cargo de las acusaciones; el hermano de Débora Gianángelo, la estudiante de Derecho que pereció en el siniestro, lamentó que a 48 horas, la fiscal dio a conocer la decisión en cuanto a uno de los gasistas y a un inspector.

Sobre la primera cuestión, desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron que "con los elementos reunidos no alcanza" para acusar a las dos personas mencionadas; pero sí al resto de los implicados. También definieron que serán 136 los testigos del debate. 

En tanto, Adrián Gianángelo planteó: "Queremos que vayan todos presos". Se trata del único querellante, quien destacó no haber hecho acuerdos económicos, porque eso implicaba desistir de la acción penal. También adelantó que plantearán la acusación a la "desidia empresarial".

El muchacho vivía con su hermana y recordó las negligencias del edificio, por las que él mismo reclamó en varias oportunidades. "Las irregularidades eran conocidas por el consorcio", aseveró en LT8. También apuntó a Litoral Gas: "Se tomaron decisiones de desinversión", remarcó.

Su abogado, Angelo Rossini, aseguró que las personas que estarán sentadas en el banquillo, a partir de mañana y hasta mediados de junio, "son responsables del delito de estrago culposo seguido de muerte". En tanto, indicó que ellos solicitarán el máximo de la pena para esa figura penal, de cinco años. "En proporción con lo que fue la tragedia, no es elevado", reconoció, pero aclaró que es lo máximo que permite el Código Penal.

Para el letrado no todos tienen las mismas responsabilidades: "Por un lado están el gasista y el ayudante que estuvieron aquel día, a quienes les cabe la figura de estrago culposo bajo la modalidad de comisión: por llevar adelante actos que desencadenaron en la tragedia; mientras que en el caso del otro gasista, los reclamistas y administradores tiene que ver con la comisión por omisión, incumplimientos a normativas anteriores a la tragedia, pero que generaron todas las circunstancias para que ocurra, por no hacer lo que debían hacer", aclaró.