Golpes, golpizas, balas de goma y gas pimienta, picana, puntazos o cortes, asfixia, submarino seco, quemaduras, abuso sexual, duchas de agua, fría, torturas y tormentos psicológicos, extorsión y amenazas varias. Estos son los métodos de violencia ejercidos por uniformados policiales o penitenciarios recogidos en el informe anual que ayer la defensora general Jaquelina Balangione desgranó para Rosariol12. Son 579 víctimas en todo 2018 que sumaron casi un millar de actos brutales denunciados. Se registraron además 18 casos de muertes bajo custodia. El estudio revela que desde 2010 se duplicó la tasa de encarcelamiento en la provincia de Santa Fe: de 79 cada 100 mil habitantes a 167 por estos días. Esto repercute en la cantidad de detenidos hacinados: hay varias unidades penitenciarias excedidas en número: al 28 de diciembre de 2018 había una sobrepoblación de 534 internos. "El crecimiento de las tasas de encarcelamiento no está relacionado con el aumento del delito sino con la capacidad de extensión y ocupación territorial de las fuerzas de seguridad", explica Balangione.

El informe da cuenta del ejercicio de una "violencia ejercida a partir de criterios de clasificación socioeconómicos y socioespaciales que se manifiestan en la regularidad y repetición del uso de la fuerza física a través de golpes varios". En los datos que emergen del análisis del ejercicio de la violencia institucional de las fuerzas de seguridad pueden observarse patrones de selectividad que responden a criterios sociodemográficos y socioespaciales.

"En efecto, el tipo de selectividad que el Estado aplica en su accionar criminalizante es siempre el mismo: joven, adulto, de unos 26 años promedio, que vive en los barrios más pobres de las ciudades y cuyo nivel de instrucción es muy bajo", describe la Defensora General. En Rosario se observa que las víctimas residen en los barrios con peores condiciones de vida, en su mayoría pertenecen Matheu, La Tablada, 17 de Agosto, Las Flores, Las Delicias, parte de San Martín, Villa Banana y Triángulo. "Esto ha llevado a algunos autores a esbozar la idea de una letalidad policial caracterizada por aristas raciales, ya que orienta su actividad hacia cierto tipo de víctima claramente identificada por su color de piel, su pertenencia territorial o su anclaje identitario. Por lo tanto, podemos afirmar que el sistema penal es claramente selectivo. Su característica principal -profundizada en los últimos años- es la delegación en la agencia policial la captación de personas" señala la funcionaria y lo suscribe en el documento.

Del informe se desprende que "la tortura no es sólo el golpe que marca. La complejidad de las prácticas de degradación y padecimiento ejecutadas requieren analizar los  distintos tipos de agresiones físicas sumadas a los traslados constantes o gravosos, los habituales regímenes de aislamiento extremo, el hambre permanente, las condiciones inhumanas de detención, las amenazas que suelen ser certezas, el constante robo de pertenencias por parte de los agentes, la deficiente atención de la salud, las requisas vejatorias y el impedimento de vinculación familiar".

Para Balangione "este informe confirma que las instituciones totales no podrán jamás cumplir con los principios resocializadores de la pena. La ficción rehabilitadora cae para dar lugar a un modelo de seguridad que se funda en el control de los sectores vulnerables atrapados por el sistema penal. La pena no es sólo la privación de la libertad sino una sumatoria de padecimientos corporales y psicológicos que se imprimen para siempre en la subjetividad de los detenidos a los que se pretende disciplinar, subordinar e incapacitar".

 En el año 2018 ingresaron a las cárceles de la provincia de Santa Fe un total de 979 privados de la libertad. Para el año 2018 el total de alojados en las cárceles provinciales ascendió a 5.798. Si a este total se agrega la población de las Alcaidías, el número asciende a 5.949.

El estudio revela que 5 de 10 unidades penitenciarias que pertenecen a la provincia sobrepasan la capacidad de alojamiento declarada: la Unidad Penitenciaria Nº 1 de Coronda, la Nº2 de Las Flores, la Nº 10 de Santa Felicia, la Nº 11 de Piñero y la N° 16 se encuentran con una cantidad de personas alojadas mayor que el cupo máximo declarado. Frente a esta situación de sobrepoblación, el Estado genera medidas provisorias que empeoran la situación de los alojados: agrega colchones, incorpora camas en espacios colectivos, crea pabellones en sectores destinados a otros fines, aloja detenidos en zonas de tránsito. La sobrepoblación genera hacinamiento, deterioro edilicio, pésimas condiciones higiénicas y falta de privacidad. Intensifica los niveles de violencia institucional, aumenta los conflictos entre internos y produce muertes. Durante el año 2018 hubo un total de 18 muertos declarados por el Servicio Penitenciario.