Diputadas y diputados antiderechos de la provincia de Misiones presentaron un proyecto para prohibir la venta en farmacias de medicamentos que contengan misoprostol, la droga indicada para realizar abortos de forma segura, en un claro intento de dificultar el acceso a una interrupción voluntaria de embarazo sin riesgos, a mujeres y personas con capacidad de gestar. La autora de la iniciativa es la diputada Natalia Raquel Rodríguez, que fue presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia y pertenece al gobernante Frente Renovador de la Concordia, donde confluyen peronistas y radicales desde hace 12 años. Quienes apoyan la propuesta son los mismos legisladores que intentaron antes, aunque sin éxito, declarar formalmente a la provincia como “Pro Vida”.

“El proyecto es gravísimo. Significa someter a las personas con capacidad de gestar y que no puedan o quieran hacerlo, a los métodos clandestinos más riesgosos, significaría volver al perejil, a las rudas, poniendo en peligro su integridad. La persona que está decidida a abortar, lo va a hacer igual así ponga en riesgo su vida. Limitar el acceso al misoprostol solo va a conseguir más muertes”, alertó a Página/12 Valentina Giménez, de la colectiva de socorristas de Misiones, que acompañan a quienes necesitan abortar.

Giménez denunció a este diario que desde el año pasado “en hospitales de la provincia no hay suministros de misoprostol para realizar interrupciones legales de embarazo; solo para inducir al parto”. Entonces, “las personas que deberían estar respaldadas por la ley y la salud pública se ven obligadas a recurrir nuevamente a las farmacias o a intervenciones quirúrgicas que en la mayoría de los casos los médicos se niegan a hacer”, dijo.

La propuesta presentada el jueves por la diputada Rodríguez, con el acompañamiento de legisladores oficialistas, propone limitar el uso de medicamentos que tengan misoprostol “al ámbito institucional sanitario y hospitalario exclusivamente”. Es decir, sacarlos de las farmacias, donde cualquier persona puede comprarlo siempre a través del procedimiento de doble receta, una de las cuáles queda archivada, con los datos del paciente y el médico.  Si se llega a aprobar el proyecto, las farmacias tendrán un plazo de seis meses para retirar los medicamentos.

Según informó a este diario la diputada Rodríguez, todavía no hay fecha definida para el tratamiento del proyecto. La iniciativa, explicó “se basa en la opinión de los farmacéuticos de la provincia manifestada a través de un encuesta realizada desde el Colegio de Farmacéuticos”. Cuando esta cronista quiso saber los fundamentos que dieron, Rodríguez se limitó a responder: “Es la opinión de los farmacéuticos de la provincia”. También dijo que toman el antecedente de San Juan y Mendoza, donde se sacó de la venta en farmacias, en lugar de seguir el ejemplo de la amplia mayoría del país, donde sí se puede comprar en esas bocas de expendio.

El misoprostol es un medicamento que ha sido declarado “esencial” por la Organización Mundial de la Salud. “Se consideran esenciales los medicamentos que cubren las necesidades de atención de salud que son prioritarias en la población; la selección se hace atendiendo a la prevalencia de las enfermedades, y a la seguridad, eficacia y costo eficiencia comparativa de los medicamento”, explicó la abogada feminista de Red de Mujeres, Sabrina Cartabia Grobo. Por esa razón, debe estar disponible para toda la población y en consecuencia, el proyecto que propone sacarlo de farmacias “vulnera derechos humanos” de la población que podría necesitar esa medicación.

“Es un proyecto totalmente equivocado”, advirtió la médica epidemióloga, especialista en salud pública Mabel Bianco, titular de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM). En primer lugar, indicó, porque la autorización de medicamentos es una atribución nacional que le corresponde a la Secretaría de Salud a través de la ANMAT, organismo que ya tiene registrados distintos medicamentos que contienen misoprostol en su composición, para uso gastrointestinal y ginecológico. “Entonces, la provincia no puede prohibir su comercialización en farmacias. No es su competencia. Y además, se perjudicaría a pacientes que necesiten ese medicamento para dolencias gastrointestinales, por ejemplo, que nada tiene que ver con el aborto”, agregó Bianco. También se usa para hacer biopsias de la parte interna del útero, aclaró y destacó que “las personas no pueden ser privadas de un medicamento autorizado”.

Mientras se conocían los detalles del proyecto, este domingo, se realizó en la localidad misionera de Iguazú la Primera Conferencia Provida y Profamilia, organizada por el grupo Pro Vida Iguazú, con el objetivo de “defender la vida desde la concepción e imponer la postura en contra de la implementación de la Educación Sexual Integral”. Entre las expositoras invitadas se anunció la presencia de la activista brasileña Sara Fernanda Giomini, conocida como “Sara Winter”, youtuber “antiderechos”, quien se presenta como una “ex feminista”, que dejó de serlo luego de haberse hecho un aborto. Actualmente es funcionaria del gobierno de Jair Bolsonaro, donde es jefa del departamento de Maternidad en la Secretaría de Familia, Mujer y Derechos Humano: ese organismo acaba de dictar una resolución por la cual elimina de las normativas sanitarias la definición de “violencia obstétrica”.

Misiones tiene el porcentaje más alto de nacidos vivos de madres adolescentes junto con Chaco y Formosa. Las Estadísticas de Salud oficiales, de Nación, muestran que en 2017 en Misiones 201 niñas de entre 10 y 14 años se convirtieron en madres y 4908, de 15 a 19 años. Dado que entre las niñas se presume que se trata de embarazos producto de abuso sexual, la pregunta que surge es si se está ofreciendo la posibilidad de acceder a un aborto legal en los hospitales públicos a quienes encuadren en los permisos previstos en el Código Penal: cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer o cuando la gestación es producto de una violación.