El juez Hernán Postma rechazó ayer la medida cautelar pedida por la fiscal Valeria Haurigot para desalojar a trabajadores despedidos de la empresa Frimetal (fabricante de las heladeras Electrolux) que se encuentran acampando frente a la empresa. A catorce de ellos se los imputó ayer de "sabotaje y usurpación por turbación en concurso ideal en calidad de coautores por el bloqueo de las puertas de acceso a la planta con autos y motos afectando el normal funcionamiento de la firma". En tanto, la resolución del conflicto quedó en manos del Ministerio de Trabajo.

"El juez dijo que esta causa no compete al área penal porque es un conflicto laboral en el que un grupo de trabajadores está exigiendo ser reincorporado, entendiendo que tiene derecho a la protesta y rechazando el desalojo", señaló Virginia Grisolía, referente del Frente de Izquierda, que apoya el reclamo de los cesanteados.

La dirigente aclaró que "si bien las imputaciones siguen vigentes, se tienen que comprobar y, como ahora el conflicto tiene que ser mediado por el Ministerio de Trabajo, van a dejarlas pendientes". En ese sentido, el viernes tendrá lugar una nueva audiencia con el objetivo de llegar a un acuerdo entre las partes.

-Jefe de planta: voy a poner ahí dos camiones y una persona de seguridad. Voy a proteger mi portón.

-Fiscal: Más vale, hacelo. Mientras no reprimas, vos podés protegerlo.

Ayer en una nueva audiencia los trabajadores no estaban solos. Además de ser asistidos por la ex funcionaria judicial y defensora de derechos humanos Matilde Bruera, también los acompañaban la nieta recuperada María Victoria Moyano Artigas, la hija de desaparecidos Alejandra Barri, el diputado provincial Carlos Del Frade y el dirigente político Octavio Crivaro. En ese marco hubo un hecho insólito: se citó un audio que se hizo viral, que fue tomado en la sala tras finalizar la audiencia del viernes. Los micrófonos quedaron abiertos y captaron una conversación entre un jerárquico de la firma, el abogado de la empresa y la fiscal Valeria Haurigot sobre lo que piensa hacer la empresa para resguardar el predio en el que funciona, a lo que se agrega, como dato más preocupante, sugerencias de la propia funcionaria judicial sobre la contratación de seguridad privada o el pedido de intervención policial en caso de que los trabajadores corten la calle.Parte de la transcripción del audio es la que sigue:

-Jefe de planta: (Cuando) todas las personas salen de adelante del portón, voy a poner ahí dos camiones y una persona de seguridad. Voy a proteger mi portón.

-Fiscal: Más vale, hacelo. Mientras no reprimas, vos podés protegerlo.

-Abogado: ¿Y por qué no puedo reprimir? Yo tengo una agresión ilegítima.

-Jefe de planta: Voy a proteger mi portón, que es el principal para entrar y salir los camiones.

-Fiscal: Está bien, me parece perfecto.

-Jefe de planta: Voy a poner seguridad privada. Yo sé por dónde ellos van a salir. En el portón cerca de la empresa, donde tiene la cochera el gerente. No lo están protegiendo tanto como la entrada principal. Voy a poner dos camiones y una seguridad privada.

-Abogado: Si tuvieras un quilombo, van a obstruir la calle.

-Fiscal: Ahí estás de fiesta, porque por obstrucción del tránsito…

-Jefe de planta: Llamo a la policía.

-Fiscal: Claro, llamá al 911.

Tras la axoposicion de este audio la defensa particular de seis trabajadores que conduce Bruera hizo planteos vinculados a la falta de objetividad y parcialidad de la fiscal a partir del audio. Pidieron la nulidad de lo actuado, y el apartamiento de la funcionaria. Haurigot defendió su tarea y respondió que fue una conversación privada. El abogado de la empresa agregó que fue tomada ilegalmente y que ello se denunció en la Corte. El juez Postma explicó que no es competente para apartar a la fiscal, pero adelantó que girará las actuaciones a su superior.

Ayer en tanto y frente a la escalada del conflicto laboral en la fábrica de electrodomésticos la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) solicitó en una audiencia realizada en Trabajo que se cite "de manera urgente" a los representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial para conformar una mesa de diálogo junto a la empresa y avanzar en una resolución pacífica.

La planta ubicada en Batlle y Ordoñez al 3400 está parada desde hace varios días por un acampe frente a la fábrica para pedir la reincorporación de 22 trabajadores despedidos. El gremio solicitó "hacer respetar la voluntad de los casi 900 trabajadores que exigen su libre derecho constitucional de trabajar, sin recibir ningún tipo de presión, ni de la patronal ni de las personas que de manera inconsulta y desajustada a la asamblea han adoptado". Además de expresar la solidaridad con cada una de las personas despedidas y de pedir que no se criminalice la protesta, los representantes de la UOM exigieron que se respete el acuerdo logrado con la patronal que se comprometió a no despedir a ningún trabajador hasta el 31 de diciembre.