Más de cien organismos de derechos humanos del país enviaron una carta al Gobierno para denunciar que Argentina está atentando contra la independencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En el texto, que está dirigido a Mauricio Macri y sus ministros, reclaman que se retire el apoyo a la petición conjunta presentada semanas atrás junto a los países impulsores del flamante Prosur (Brasil, Chile, Colombia y Paraguay). En ese documento entregado a la Comisión Interamericana, los gobiernos de esos países cuestionaron principios esenciales del Sistema e intentaron limitar el alcance de sus decisiones, bajo el pedido de que se tome una mayor consideración de su “margen de autonomía”, una maniobra que pone en riesgo los derechos de las víctimas de los países firmantes. Human Rights Watch y Amnistía Internacional también encendieron las alarmas.

“El gobierno argentino vuelve a demostrar la intención de debilitar el mecanismo de protección regional”, advirtieron en la carta las organizaciones, entre las que se encuentra el CELS, la APDH y Abuelas de Plaza de Mayo, en referencia a la declaración que suscribió Argentina, que está en manos del secretario ejecutivo  de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, desde el 11 de abril. Es la primera vez que Estados se dirigen directamente al SIDH para solicitar “transformaciones” por escrito, salteando el Consejo Permanente de la OEA, el órgano político de supervisión del Sistema, cuyo organismo de aplicación es la Corte Interamericana que tantos dolores de cabeza le trajo a este grupo de países. Este diario se comunicó con la Cancillería, que no quiso dar detalles sobre el próximo paso a seguir del gobierno argentino.

El grave problema para las organizaciones es que las propuestas allí expuestas ponen en riesgo a un sistema que garantiza las investigaciones de violaciones de derechos humanos cometidos en los territorios cuando los Estados se niegan a hacerlo, dejando vulnerables a las víctimas que buscan verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición de crímenes de lesa humanidad. Una de las citas de la carta, de acuerdo al texto publicado por la Cancillería de Chile, es que “las resoluciones y sentencias de los órganos del sistema interamericano sólo tienen efectos para las partes del litigio”.

En este caso, reclaman que se aplique un estándar que proviene del estado europeo y que el sistema nunca restringió: buscan que las resoluciones de la CIDH sean sólo para el caso individual y que no tengan en cuenta el principio de no repetición, a pesar de que la razón de ser del SIDH es evaluar la responsabilidad del Estado en los casos de violaciones de derechos humanos, pero también evitar que se repitan con reformas y medidas. 

Técnicamente, los países del Prosur subrayan en su escrito la “importancia crítica” del principio de “subsidiaridad”, aquel que estipula que la protección de los derechos humanos se debe dar en el ámbito nacional en primer lugar y luego en el Sistema. Si bien este es un principio válido, los países se esforzaron por recordar al Sistema que “gozan de un razonable margen de autonomía para resolver acerca de las formas más adecuadas de asegurar derechos y garantías”.

“Es un principio correcto del derecho internacional, el problema es que lo plantean como si el SIDH no lo cumpliera, pero las estadísticas muestran que el Sistema rechaza la mayoría de los casos por no cumplir con este principio de agotar los recursos internos”, subrayó a PáginaI12 Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, quien consideró que en realidad lo que buscan, alegando un supuesto “fortalecimiento”, es “debilitarlo porque les moleta que los evalúen y eventualmente los condenen”.