El presidente brasileño Jair Bolsonaro liberó aún más la tenencia de armas, que ya había flexibilizado a comienzos de su mandato. Implementó modificaciones al llamado Estatuto del Desarme para autorizar la portación y comercialización de armas a políticos electos en un a cargo público, camioneros, periodistas que cubran asuntos policiales, abogados, agentes de tránsito y empleados de empresas de transportes de valores, entre otros. "La seguridad pública comienza dentro de casa", aseguró el ultraderechista, que posó junto a sus ministros haciendo gestos de armas con sus manos.

Según Bolsonaro, con este decreto se garantizará "el derecho individual de que cada quien que quiera tener y portar un arma de fuego lo pueda hacer". De acuerdo a la nueva definición establecida por el gobierno, armas de fuego clasificadas como “cortas” y que usen munición común, como las pistolas 40, 45 y 9mm pueden ser compradas y cargadas por todos los ciudadanos seleccionados, un uso que antes era restringido a las Fuerzas Armadas y policiales. De esta forma, terminó de cumplir con una de sus más polémicas promesas de campaña. La resolución también elimina algunas restricciones que existían para la importación de armas y municiones.

El texto del decreto de este martes, que trata sobre la adquisición, registro, posesión, porte y comercialización, permite también que los tiradores deportivos, coleccionistas y cazadores, conocidos en Brasil como CAC, puedan transitar con el arma cargada y tengan derecho a adquirir hasta mil cartuchos anuales, en lugar de los 50 actuales, en función del calibre. Bolsonaro está en el centro de la tormenta en estos momentos por el reclamo de los científicos de todo el mundo por su resistencia a proteger la Amazonia y a los pueblos indígenas que allí viven. En ese marco, el ultraderechista aclaró que el decreto no busca legitimar la caza furtiva. "Nadie está liberando la caza en Brasil, que está reglamentada por una ley" sancionada en 2013 y se limita al jabalí, insistió el gobernante.

El decreto firmado este martes complementa otro dictado el 11 de enero, que ablandó las exigencias para la venta de armas a civiles. La disposición modificó el llamado Estatuto del Desarme, una ley votada en 2003 y que a un año de su aprobación logró disminuir las tasas de homicidios en Brasil. El Estatuto permitía la posesión de armas a personas mayores de 25 años sin antecedentes penales y con una ocupación lícita, una vez que demostraran capacidad psicológica para su uso y justificaran su necesidad. Bolsonaro habilitó la compra hasta cuatro armas y dejó abierta la posibilidad de comprar otras más.

Como en el decreto que firmó en enero, el mandatario insistió en que esta nueva medida responde a una demanda de los brasileños en 2005. Ese año, casi el 64 por ciento de los brasileños rechazó por referéndum una ley que pretendía establecer una prohibición total de la venta de armas.