Desde Río de Janeiro

En los últimos días el todavía ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, viene recorriendo los despachos de senadores aliados al gobierno nacido del golpe institucional que depuso a la presidenta Dilma Rousseff. 

A cada uno, el mismo pedido: apoyo para que su nombre sea aprobado para ocupar un sillón en el Supremo Tribunal Federal, instancia máxima de la justicia en Brasil. Moraes ha sido nombrado por Michel Temer para la plaza que quedó vacante con la muerte del juez Teori Zavascki. 

Es el mismo ritual seguido por casi todos los postulantes a la Corte Suprema brasileña, con la diferencia de que en visitas semejantes, hubo un cuidado para no hacerlas tan ostensivas. Alexandre de Moraes actúa como candidato ambulante, alardeando sus encuentros.

Cuando Michel Temer anunció su nombre, hubo aplausos generosos entre diputados, senadores y ministros del gobierno. Dos o tres integrantes del Supremo Tribunal Federal también demostraron apoyo al futuro colega. 

La indicación, en todo caso, también despertó polémica y críticas contundentes, principalmente entre juristas y en los medios académicos. El PSOL (Partido del Socialismo en Libertad) recurrió a la Fiscalía General de la Unión, denunciando a Temer y pidiendo que la nominación de Alexandre de Moraes sea anulada. 

A sus 48 años, el favorito de Temer para integrar la Corte Suprema es autor de un libro sobre derecho constitucional que vendió alrededor de 700 mil ejemplares. Ser fenómeno de ventas lo hizo popular entre estudiantes, pero no logró asegurarle el respeto de sus pares: los comentarios señalan que se trata de una especie de autoayuda jurídica, un texto raso y elemental, y que en sus mejores momentos logra ser mediocre. Otra obra de Moraes, sobre derechos humanos, mereció críticas aún más duras: el autor fue acusado de haber plagiado largos párrafos del jurista español Francisco Rubio Llorente. 

La carrera académica de Moraes, por sí misma, no ostenta brillo alguno. 

Como secretario de Seguridad Pública de la provincia de San Pablo, Alexandre de Moraes se hizo conocido por defender la truculencia de la Policía Militar, especialmente a la hora de agredir con violencia desmesurada a estudiantes de secundaria -teniendo como blanco preferencial las muchachas- en manifestaciones callejeras. Las imágenes de niñas arrastradas por las calles o siendo alcanzadas por trompadas en el rostro no han sido suficientes para que el entonces responsable del orden público ordenase moderación a las tropas. Al contrario: merecieron elogios.

Como ministro de Justicia de Temer no dudó un solo instante: con un machete en la mano, se hizo fotografiar destruyendo una planta de marihuana y enseguida anunció, con pompa y circunstancia, que su prioridad sería eliminar todas las plantaciones existentes en Paraguay, Bolivia y Colombia. Y cuando explotaron rebeliones en cárceles brasileñas, con un saldo de más de 130 muertes, anunció la construcción de más presidios. No hizo referencia alguna a la situación interna de esas verdaderas casas de la muerte, totalmente controladas por facciones rivales del narcotráfico.  

Nada de eso, sin embargo, será obstáculo para que su nombre sea aprobado en el Senado. Al indicarlo, Temer se lanzó a una jugada de riesgo calculado: el saber jurídico inexistente y el escaso respeto de sus pares importan mucho menos que la misión que Moraes cumplirá en la Corte Suprema, que es asegurar protección a los integrantes del gobierno y de los partidos aliados denunciados por corrupción. Empezando, claro, por el mismo Michel Temer.

A propósito, nada podría ser más aclarador que un dato: su nombre será examinado por la recién formada Comisión de Constitución y Justicia del Senado, la más importante de la cámara alta. De sus trece integrantes, diez responden a investigaciones en el Supremo Tribunal Federal. El presidente de la comisión, Edison Lobão, responde a dos denuncias. 

Una vez que llegue al Supremo Tribunal Federal, le tocará a Moraes ser el relator de esas investigaciones, y de todas las demás que constan en la Operación Lavado Rápido. 

También surgieron críticas porque Moraes pertenece a un partido político, el PSDB. Para defenderlo, aliados de Temer mencionaron que hay antecedentes: el ex presidente Fernando Henrique Cardoso nombró a Nelson Jobim, del PMDB, para la misma corte suprema. 

Se olvidan, los defensores, de dos detalles cruciales. Uno: Cardoso era un presidente electo, cuya legitimidad en ningún momento fue puesta en duda. Otro: Cardoso no estaba en ninguna lista de denuncias de corrupción. 

Michel Temer llegó a la presidencia sin haber obtenido un mísero voto popular: llegó en la estela de un golpe institucional cuyo objetivo central era destituir a la mandataria electa, arrasar con su partido, el PT, y con el más popular líder político brasileño de las últimas muchas décadas, Lula da Silva. Otro objetivo del golpe era liquidar con la Operación Lavado Rápido (Lava Jato).

Por si todo eso fuese poco, hay que recordar que en solamente una de las denuncias, el nombre Michel Temer aparece nada menos que 43 veces.