El ministro de Justicia de Rumania, Florin Ioardache, renunció a su cargo cuatro días después de que el gobierno retirara un polémico decreto que despenalizaba casos de corrupción. “He decidido adelantar mi dimisión de la función de ministro de Justicia”, sostuvo Ioardache en una conferencia de prensa: el gobierno –una coalición entre el Partido Socialdemócrata (PSD) y la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE)– lo señala como responsable de la polémica norma, que abrió una crisis política en el país. El presidente rumano, el conservador Klaus Iohannis, criticó al gobierno por intentar despenalizar la corrupción, pero rechazó el pedido de elecciones anticipadas que hicieron más de medio millón de ciudadanos en las calles en los últimos días. “Rumania necesita un gobierno transparente, que sea previsible, a la luz del día, no por la noche de forma subrepticia”, señaló el presidente, miembro del Partido Nacional Demócrata (PND).
Florin Ioardache, quien estaba a cargo desde diciembre de la cartera de Justicia, señaló que desde que llegó a ese ministerio, se propuso efectuar todos los trámites legales para remediar una serie de problemas existentes y bastantes sensibles. El primer ministro rumano, Sorin Grindeanu, sostuvo que ya había tomado una decisión sobre la destitución de Ioardache y dijo que la idea de que un tecnócrata lo releve era muy buena. La crisis política desatada por las movilizaciones que rechazaron la medida, las más grandes desde la caída del gobierno comunista en 1989, provocaron que el domingo pasado el primer ministro celebrara una sesión extraordinaria para anular el decreto.
Después de firmar la derogación, Grindeanu aclaró ante las cámaras que no tenía pensado dar un paso al costado. “No dimitiré, ganamos las elecciones con millones de votos”, declaró ante el canal de televisión Antena3. El decreto presidencial preveía despenalizar los casos de corrupción si causaban pérdidas al Estado menores a 44.000 euros e implementaba un indulto a 2.700 presos por delitos menores, también por corrupción. La renuncia de Ioardache ocurre en el octavo día de unas masivas protestas ciudadanas que obligaron al gobierno a dar marcha atrás con el decreto.
Pese a que la norma queda sin efecto, la multitud se mantuvo en las calles y escaló en sus exigencias: pidió la disolución del gobierno, formado el 4 de enero. Iohannis, quien desde el principio apoyó el reclamo de suspender el decreto del gobierno, rechazó, sin embargo, que el premier socialdemócrata recientemente elegido renunciase. No obstante, opinó que no bastaba con quitar la norma. “Retirar el decreto y una posible dimisión de un ministro es demasiado poco. Y elecciones anticipadas, en esta fase, es demasiado”, dijo Iohannis sobre un posible cese del titular de Justicia, Florin Iordache, supuesto responsable del decreto.
Además, llamó a los socialdemócratas a gobernar y legislar para Rumania y dejar de obedecer las órdenes del partido. Los socialdemócratas gobiernan en coalición con la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE), después de haber ganado las elecciones de diciembre con el 45 por ciento de los votos. El presidente del Senado, el liberal Calin Popescu Tariceanu, calificó de inaceptable la actitud de Iohannis de ir al Parlamento a dar lecciones en lugar de iniciar un diálogo con todas las instituciones.
Asimismo, el líder de los socialdemócratas, Liviu Dragnea, también rechazó el discurso presidencial. “Me esperaba un discurso de unidad, de llamada a la calma y a la estabilidad. Por desgracia, eligió hablar de división”, subrayó Dragnea, inhabilitado para ser primer ministro por haber sido condenado por un intento de manipulación electoral. Dragnea habría sido uno de los beneficiados por el decreto, ya que debe responder ante un tribunal por un caso de corrupción valorado en 24.000 euros.
Mientras tanto, miles de personas volvieron a las calles de Bucarest por octavo día consecutivo. Unas 8.000 personas se manifestaron en medio de un clima helado frente a la sede de gobierno en Bucarest, mientras que varios miles protestaron en otras tres ciudades universitarias, según datos de medios locales. “No nos creemos las palabras del gobierno, seguro que estarán buscando fórmulas legales para aprobar un cambio en la ley que los ayude a escapar de las rejas”, expresó Mona Vieru, una de las manifestantes.
Cuando los primeros manifestantes empezaron a juntarse frente a la sede del gobierno, el premier Grindeanu aseguró que no quiere que la sociedad rumana se divida y dijo que negociará con la oposición un nuevo proyecto de ley que cuente con el máximo respaldo posible.
