El legislador acusado de racista Jeff Sessions prestó juramento ayer como nuevo secretario estadounidense de Justicia, en un ambiente enrarecido por las constantes y pesadas críticas del presidente Donald Trump a magistrados y al sistema judicial.

Sessions, un senador ultraconservador de 70 años cuya confirmación en la  cámara alta del Congreso provocó acalorados debates, dijo que las prioridades de su gestión serán la respuesta a la criminalidad y las amenazas de ataques, y poner fin a la “ilegalidad” entre los inmigrantes.

“Precisamos un sistema legal de migración, uno que sirva a los intereses de los estadounidenses. Eso no es equivocado, no es inmoral ni indecente”, afirmó el nuevo secretario de Justicia y Fiscal General. De acuerdo con Sessions, “tenemos que terminar con la ilegalidad” entre los inmigrantes, porque se trata de una situación que “amenaza nuestra seguridad pública”.

El fiscal general llega además al puesto bajo las acusaciones de racismo, que ya frustraron su carrera como juez federal a mediados de la década de los 80. Un abogado testificó entonces que le había escuchado decir que los abogados blancos que defienden a clientes negros eran “una vergüenza” para la raza. En enero, en las audiencias de confirmación, el senador demócrata negro Cory Booker testificó contra él, rompiendo por una cuestión de “conciencia” la regla no escrita de que un colega no testifica contra otro que aspira a una cartera en el Gobierno.

“Sessions no ha demostrado su compromiso con un requisito central para este trabajo: cumplir de forma agresiva el mandato legislativo de los derechos civiles, de derechos y justicia equitativa para todos nuestros ciudadanos”, dijo Booker.

El nuevo responsable del sistema judicial estadounidense dijo que Estados Unidos “vive un problema de criminalidad”, y añadió que se trata de una “tendencia peligrosa y permanente”. Para hacer frente a la ola de criminalidad y las “amenazas terroristas”, el departamento de Justicia “movilizará su talento y habilidades de la forma más eficaz posible”, adelantó.

Al iniciar la ceremonia de juramento de Sessions en el Salón Oval de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump dijo que la investidura del nuevo secretario de Justicia representaba una “nueva era” para el país. “La ceremonia debe ser vista como un claro mensaje a los miembros de pandillas y vendedores de drogas que aterrorizan gente inocente: Sus días se terminaron. Una nueva era de justicia comienza, y comienza ahora mismo”, expresó el mandatario.

Sessions fue uno de los primeros aliados de Trump al inicio de la campaña electoral del año pasado y en el Senado defendió una “mano dura” contra los inmigrantes en situación irregular, unos 11 millones, que viven en Estados Unidos. Entre ellos están los 750.000 jóvenes “soñadores”, los sin papeles que llegaron siendo niños junto a sus padres y a los que Barack Obama protegió de la deportación y otorgó permisos de trabajo temporales con el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido como DACA por sus siglas en inglés. Sessions, es un viejo enemigo de DACA y de todos los intentos por llevar a cabo una reforma migratoria en Estados Unidos que incluyera regularización. Pero no solo se ha mostrado contrario a la inmigración ilegal: también ha criticado la legal. “Vamos por mal camino. En pocos años tendremos el mayor porcentaje de estadounidenses no nativos que ha habido nunca. Y a partir de ahí, se incrementará cada año”, dijo en mayo pasado el fiel asesor de Trump en la campaña electoral.  

Ahora asume el comando del enorme departamento de Justicia, que tiene nada menos que 113.000 empleados, incluyendo los 93 fiscales federales distribuidos por todo   el país.

Pero la ceremonia de toma de juramento de Sessions se realizó después de un áspero y desgastante debate en el Senado para votar su confirmación. Ocurre además en momentos en que las relaciones entre el poder Ejecutivo y los organismos de justicia se caracterizan por la tirantez. Esa tensión quedó en evidencia el viernes después que un juez federal de Seattle, James Robart, suspendiera los efectos de un decreto presidencial que bloqueaba la llegada de inmigrantes y refugiados de siete países de mayoría musulmana. Trump ventiló su furia en la red Twitter y llamó a Robart “dizque juez”.

El caso por el bloqueo al decreto presidencial pasó a un tribunal de apelaciones en San Francisco, donde se realizó una audiencia telefónica, y Trump volvió a utilizar la red social para manifestar su insatisfacción. Para él, la audiencia y las preguntas dirigidas a los abogados del departamento de Justicia fueron un acto “vergonzoso”, y afirmó que los “tribunales parecen estar muy politizados”. “Las cortes están haciendo nuestro trabajo mucho más difícil”, criticó Trump en otro mensaje.

Este escenario no tardó en tener ramificaciones, al punto que el magistrado Neil Gorsuch, designado por Trump para ocupar una plaza en la Corte Suprema, admitió a interlocutores que las declaraciones del presidente eran “desalentadoras” y “desmoralizantes”.

De acuerdo con testimonios que fueron confirmados por el propio equipo de Gorsuch, el magistrado hizo esas declaraciones durante una reunión con un senador demócrata, Richard Blumenthal.