La jueza Julieta María Ormaechea, titular del Juzgado de Paz de San Vicente, fue suspendida de sus funciones por 90 días acusada de maltratar a víctimas de violencia de género, obstruir las causas y quemar expedientes. “¿Usted es tarada? ¿Es mogólica? ¿Es discapacitada? Vuelva con él y déjese de molestar”, le habría dicho la magistrada a una mujer que fue a denunciar por segunda vez a su pareja. 

La suspensión de Ormaechea, la cual se hizo efectiva a partir del 2 de mayo, fue decidida de forma unánime por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. La jueza podría ser sometida a un jury por su accionar “impropio de un magistrado” en causas de violencia de género. El 17 de abril, el procurador Julio Conte Grand presentó una denuncia contra la titular del Juzgado de Paz de San Vicente por “quebrantar las normas protectoras contra la violencia familiar”.

En la resolución, la Corte bonaerense sostiene que “la magistrada quebrantó las normas protectorias contra la violencia familiar consagradas en la ley 12.569 (de violencia familiar de la provincia)” y que Conte Grand pudo dar cuenta “de serias irregularidades en el desempeño” de la jueza Ormaechea que afectan “la recta administración de justicia”. “Surge la imperiosa necesidad de adoptar acciones de carácter urgente que permitan –con carácter primordial– evitar la repetición de nuevos hechos reprochables”, concluyen los integrantes de la Corte.

Según el expediente de la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Corte bonaerense, la jueza habría tratado de “muy mala manera, con malos modos, gritando” a una denunciante, la habría tratado de “tarada”, y le habría pedido que dejara “de jugar con la Justicia”.

Ormaechea también está acusada de haber exigido “la ratificación de las denuncias”, cuando la ley de Violencia Familiar “nada dispone al respecto, imponiendo un requisito que limitó el acceso a la Justicia e impidió el dictado de medidas tuitivas urgentes”. Además, les habría exigido a algunas mujeres que se presentaran con un abogado “en etapas procesales donde no era necesario” para avanzar en denuncias por violencia familiar.

Asimismo, la magistrada fue sancionada por ordenar que se quemaran las denuncias no ratificadas en una parrilla de su juzgado. Esta acción, sostiene el informe, impidió la “parametrización e incorporación estadística (de los casos) al registro de violencia familiar”, en contraposición con lo resuelto por la Corte. Esto podría configurar “delitos tipificados en el Código Penal”. 

“La doctora Ormaechea dio la orden de la destrucción, dejando las del año en curso”, sostuvo la oficial mayor del juzgado de San Vicente. La mujer afirmó que la jueza mandaba a quemar las denuncias “en la parrillita del patio de atrás” debido a que en el establecimiento no contaban con un “destructor de papel y a la calle no se sacan”. “Este proceder reviste suma gravedad, en tanto no se trataba de copias sino de denuncias originales remitidas por la Comisaría de la Mujer” e ingresadas en el juzgado con “carácter de instrumento público”, dice el informe.

Ormaechea está acusada de no actuar en causas “a sabiendas de su competencia”, lo cual habría generado “un desplazamiento hacia otros órganos jurisdiccionales protectorios”, violentando “el acceso a la Justicia”. Según el informe, de los más de cincuenta casos “compulsados por la instrucción”, una de las denunciantes en una causa “donde se efectuaron denuncias por violencia doméstica” se vio forzada a concurrir a un juzgado de La Plata “ante el silencio y requisitos dilatorios y burocráticos exigidos por el juzgado” de Ormaechea.

La magistrada también está acusada de haber negado “de forma sistemática las medidas cautelares protectoras” y de solicitarles a denunciantes que presentaran trámites que no estaban relacionados a la situación de violencia “bajo apercibimiento de dejarla (a la cautelar) sin efecto o no renovarla cuando se venciera”.