La libertad de Horacio Ferrari, que durante los días de secuestros, torturas y desapariciones en la Escuela de Mecánica de la Armada se hacía llamar Pantera, ordenada por el Tribunal Oral Federal número 5 la semana pasada no solo enojó a organismos de Derechos Humanos, sobrevivientes de ese centro clandestino y familiares de víctimas, sino que se convirtió en la punta del iceberg de un peligro serio para el proceso de justicia sobre los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

El TOF 5 ordenó la libertad de Pantera luego de dar de baja la prisión preventiva que pesaba sobre él y después de que la Cámara de Casación Penal rechazara los planteos de querellas y fiscalía contra un fallo que a fines del año pasado emitió su sala II en el que avaló el pedido de la defensa del represor para evitar que siguiera sometido al cuarto tramo del juicio que se sigue por los crímenes cometidos en la Esma durante la última dictadura cívico militar. Ese fallo tuvo una particularidad compleja: en lugar de correrlo a él del debate, por fallo dividido, la sala apartó a dos de los tres jueces del tribunal.

Aquella sentencia vio la luz el 11 de diciembre de 2018 y contó con tres votos diferentes. Quien avaló más ampliamente el planteo que Guillermo Fanego, acérrimo defensor de represores en juicios por delitos de lesa humanidad, realizó en nombre de sus clientes actuales, los torturadores Ferrari, Carlos Carrillo, Carlos Castellvi, Néstor Tauro y Roque Zanabria, fue el camarista Guillermo Yacobucci, que entonces ofició como presidente de la sala II de la Cámara.

En su voto, Yacobucci consideró que los planteos de Fanego “evidencian una pérdida de confianza en la neutralidad normativa de los magistrados, cuya objetividad determina una intervención jurisdiccional alternativa que restablezca esa garantía”. ¿Qué planteó el defensor? Que como dos de los tres jueces que encabezan el cuarto juicio por los crímenes sucedidos en la Esma, Adriana Palliotti y Daniel Obligado, son los mismos que lideraron el tramo tres del debate, hay peligro de que sean parciales en su decisión. Aquel juicio, el más extenso tanto por la cantidad de casos cuanto por la cantidad de acusados que involucró, culminó a principios de 2018. Si bien no contó en el banquillo de los acusados con ninguno de los defendidos en la actualidad por Fanego, sí revisó casos que en esta ocasión vuelven a ser puestos bajo análisis. 

“Se advierte que efectivamente allí se han juzgados varios de los hechos que están siendo ahora objeto de juzgamiento en esta causa y se han valorado numerosos testimonios que hacen referencia a la materialidad y participación de los imputados en esos sucesos”, sostuvo Yacobucci. Y concluyó que “en consecuencia, ante el temor de parcialidad fundado en razones objetivas y a fin de aventar cualquier atisbo de duda, corresponde acoger el planteo y apartar a los jueces de cámara” Paliotti y Obligado.

Ledesma acordó con el planteo pero moderó su alcance: “Únicamente con relación al imputado Horacio Ferrari (...) se evidencia la concurrencia de elementos objetivos que permiten fundar el ‘temor de parcialidad’ de estos jueces” si se compara la sentencia del tercer tramo del juicio y el requerimiento de elevación a la instancia oral que está en curso. Para justificar su conclusión, Ledesma señaló que “en diferentes fragmentos de la sentencia, a la hora de tener por acreditada la materialidad de algunos hechos y la participación de los imputados, se menciona en reiteradas ocasiones a ‘Ferrari’ y ‘Pantera’”.

A pesar de que el tercer camarista integrante de la Sala II de la Casación, Alejandro Slokar, votó en disidencia total y rechazó el recurso de los acusados, el fallo habilitó el pedido, apartó a Paliotti y Obligado solo para juzgar a Ferrari y ordenó que, en su caso, se conforme un nuevo tribunal.

La decisión de la Casación fue discutida por algunas de las partes acusadoras, que apelaron la sentencia sin éxito. Pero los planteos fueron rechazados. Con esa novedad, el TOF 5 dio un paso más y dejó en libertad a Ferrari, a quien en febrero había sido eximido de prisión preventiva. La decisión de la alzada no está firme, pero dejó al juicio en curso en una situación cuanto menos difícil, analizan fuentes judiciales. El apartamiento de imputados por peligro de prejuzgamiento o de parcialidad no es un recurso novedoso entre los que suelen exhibir las defensas de presuntos genocidas a la hora de demorar el momento de sentarse a dar explicaciones sobre los delitos por los que se los acusa. Lo novedoso, en este caso, es que se está apartando a jueces, no a acusados, ni siquiera en las puertas del comienzo del debate, sino con el proceso en marcha hace más de medio año.

Ahí radica el peligro, indican expertos en el proceso de juicios por delitos de lesa humanidad. No solo en que profundiza aún más la dificultad que experimenta, desde hace algunos años, la conformación de tribunales para el desarrollo de esos debates orales –lo cual se convirtió en el último tiempo en la razón número del atraso en este paso–, sino que literalmente debilita el juicio, el trabajo realizado.

Mientras se espera que la sentencia de la Casación quede firme, el cuarto debate oral por los crímenes de la Esma continúa. El TOF 5 podría avanzar a todo vapor para culminarlo antes de que la Corte resuelva. Una resolución que revierta la decisión de la Casación es, según las fuentes consultadas, poco probable. No solo porque los antecedentes demuestran que estos casos no son de los que el máximo tribunal suele tomar para analizar, sino también porque, de tomarlo, la decisión no aparecerá en el corto plazo. Con una sentencia condenatoria para Ferrari, la pelota quedará así en el campo de juego de su defensa, que deberá demostrar lo que advirtió ante la alzada: que los jueces lo prejuzgaron y que, por lo tanto, hubo una violación a sus garantías. Esta alternativa es la más riesgosa ya que se corre el riesgo de que grandes partes, si no el juicio entero, sea declarado nulo y se deba hacer de nuevo. La tercera vía es que Ferrari resulte absuelto, muy a pesar de todas las pruebas que demuestran su participación en los crímenes.

Esta semana, con esa última novedad como frutilla del postre, organismos de derechos humanos, familiares de víctimas de la Esma y sobrevivientes de ese centro clandestino acudieron a la audiencia del debate oral, que continúa en el SUM del edificio ubicado en el barrio porteño de Retiro, con pancartas en repudio a la libertad de “Pantera” y el reclamo de “basta de liberar genocidas”. En el comunicado de convocatoria a la acción, la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos denunció que los fallos a favor de Ferrari integran “una maniobra que pretende imponer este Poder Judicial subordinado a la política negacionista del gobierno de Macri” y advirtió que “es la misma impunidad que están tramitando para otros dos detenidos de esta misma causa”.

“Pantera” fue detenido en 2013 por su participación en secuestros, torturas y robo de bebés nacidos en la Esma. Para entonces, estaba retirado. Durante una ampliación de indagatoria que ofreció en el marco del juicio en curso negó su participación en esos hechos. Negó directamente haber estado en la Esma durante los años de la última dictadura. Sin embargo, su nombre figura en la lista de represores condecorados por Emilio Massera en calidad de integrantes del Grupo de Tareas 3.3.2., fue mencionado por varios testigos, sobrevivientes y víctimas. Entre ellos, José Bustamante García. Su mamá, Iris García, había sido secuestrada embarazada, mantenida cautiva en el Atlético y trasladada a la Esma para parir a José, quien recuperó su verdadera identidad en 2017 y durante su testimonio en el debate oral que se lleva a cabo apuntó que fue Ferrari quien lo entregó a la familia que se lo apropió y le negó su historia durante más de 30 años.