Entre la crisis y la proximidad de las elecciones, el Gobierno sigue quemando su propio libreto, lo cual le genera contradicciones internas, disputas con aliados naturales y hasta tensiones en el frente externo. Días atrás, el presidente, Mauricio Macri, firmó la suba hasta fin de año de la “tasa estadística” que pagan importaciones, del 0,5 al 2,5 por ciento. La medida permitiría recaudar unos 30 mil millones de pesos adicionales en un momento de ahogo fiscal pero despertó el repudio de sectores empresarios que siempre se mostraron del lado del oficialismo. Para peor, una norma muy similar redactada por el gobierno de Carlos Menem también en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) terminó con un fallo en contra en la OMC. Ahora el Gobierno evalúa dar marcha atrás parcialmente.

 El aumento de la tasa estadística de 0,5 a 2,5 por ciento que pagan las importaciones de manera “transitoria” hasta fin de año pretende amortiguar la caída de la recaudación impositiva que acompaña a la recesión. La decisión no sólo modifica por primera vez en veinte años las tasas sino que además elimina las excepciones previstas en la normativa. Por ejemplo, comenzarán a pagar los productos provenientes del Mercosur, también bienes de capital e importaciones temporarias. Asimismo, la medida oficial eleva de 500 a 125 mil dólares los montos máximos a pagar, 250 veces más. En 2018 ingresaron 2200 millones de dólares con esta tasa y con los cambios el Gobierno busca recaudar hasta 28 y 30 mil millones de pesos adicionales.

 “Su impacto es similar a una suba generalizada de aranceles ad valorem y profundiza los problemas de falta de competitividad e inflación de la economía argentina, al encarecer los bienes e insumos importados en el mercado doméstico”, cuestionaron desde la Cámara de Importadores (CIRA). Los exportadores nucleados en la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) –que importan insumos para la siembra– plantearon que “el Gobierno debe saber que este aumento de los costos de importación indefectiblemente los termina pagando el productor”. También hubo quejas de Copal (alimentos), Camima (metalúrgicos), AFAC (autopartistas). “Analizamos con muchísima preocupación el alcance del aumento de la tasa de estadística en los costos de producción y de comercialización”, dijo Luis Peláez Gamboa, presidente de Adefa. 

 No sólo se ven perjudicados importadores que venden artículos finales al mercado interno sino también productores que utilizan insumos del exterior y los exportadores que importan de manera temporaria para volver a exportar, los cuales pasan de pagar cero a 2,5 por ciento de tasa estadística. Ante el revuelo, se espera que el Gobierno corrija la medida y las importaciones temporarias queden exentas de la suba de la tasa.

 “En términos de recaudación, la medida es más efectiva que el incremento de los aranceles, que están limitados en su mayoría por el Mercosur. Sin embargo, terminan generando un sobrecosto no sólo a importadores sino también a exportadores. Además, choca de lleno contra los compromisos asumidos en la OMC”, explicó a este diario Juan Manuel Padín, investigador de la Universidad de Quilmes. A mediados de los ’90, el gobierno de Carlos Menem (también bajo un acuerdo con el FMI) había elevado la tasa estadística hasta el 3 por ciento. A pesar de las relaciones carnales, Estados Unidos llevó el caso a la OMC y obtuvo un fallo a favor. El extenso expediente de la OMC registra cómo en aquel momento el gobierno argentino alegaba ante la OMC que “la tasa de estadística constituía parte de un compromiso acordado por la Argentina con el FMI” y que “formaba parte del cuadro de financiación del sector público”. En respuesta, “los Estados Unidos alegaron que no había pruebas de que la tasa de estadística hubiese sido aprobada por el FMI. En aquel momento, la OMC concluyó que “la tasa de estadística de la Argentina del 3 por ciento ad valorem es incompatible con las disposiciones del artículo VIII del GATT”.

 La medida actual está vigente sólo hasta fin de año, lo cual la vuelve difícil de discutir en la OMC, cuyos tiempos de tramiterío son extensos. Sin embargo, desnuda una nueva contradicción del Gobierno entre su idea de que el sector público es un estorbo en la economía y el manotazo de ahogado en la antesala de las elecciones.