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El cumplimiento de la meta fiscal trimestral fue festejado por Nicolás Dujovne. “Es la primera vez en siete años que el sector público no financiero tiene un primer trimestre con superávit primario”, señaló el ministro de Hacienda. El leve superávit (0,05 por ciento del PIB) fue resultado de un severo ajuste del gasto público. En términos reales, las erogaciones estatales retrocedieron 14 por ciento interanual en el primer trimestre de 2019.
La contracara fue una intensa caída de los ingresos tributarios reales. La recaudación trimestral estuvo 25.221 millones de pesos por debajo de lo presupuestado, a pesar de que la inflación superó todas las previsiones.
En ese contexto, los técnicos fondomonetaristas recomendaron “reducciones más profundas de los subsidios, eliminación de exenciones impositivas, incremento del porcentaje de IVA que se aplica a algunos productos y bienes seleccionados y mejorar el cumplimiento fiscal”.
La suba impositiva es casi imposible en un año electoral. Por su parte, la rebaja de subsidios implicaría subas adicionales en las tarifas de los servicios públicos, algo contradictorio con los anuncios del “Plan Alivio”.
En el primer trimestre de 2019, los subsidios económicos crecieron 89 por ciento interanual. Esa aparente paradoja (coexistencia de aumentos tarifarios con mayores subsidios) es explicada por el impacto de la devaluación en el precio de la energía. Los subsidios energéticos crecieron un 276 por ciento interanual.
Las únicas transferencias que cayeron fueron las destinadas al transporte automotor. Ese subsidio estaba compuesto de dos ítems: 1) aportes monetarios y 2) provisión de gasoil a precios diferenciales. En septiembre del año pasado, el gobierno nacional anunció la eliminación de esos aportes a partir de enero de 2019, salvo para el caso de líneas de colectivos de jurisdicción nacional que conectan localidades como el Conurbano-CABA, Neuquén- Cipolleti, Corrientes-Resistencia y Viedma-Carmen de Patagones.
En concreto, el gobierno nacional transfirió esa responsabilidad a los estados subnacionales. Las quejas se los gobernadores se hicieron sentir pero lo único que consiguieron fue un leve “alivio”: la conformación de un fondo de 6500 millones de pesos anuales para compensar desequilibrios financieros. Ese monto representa un ínfimo porcentaje de las transferencias realizadas en 2018: 53.000 millones de pesos. Lo cierto es que el repliegue del Estado Nacional obligó a muchos gobernadores/intendentes a rediseñar su presupuesto para absorber una parte de los desembolsos interrumpidos.
Ese reacomodamiento sistémico implicó incrementos tarifarios y deterioro de la calidad del servicio (menores frecuencias, aumento de la antigüedad del parque automotor). En esa línea, el Ministerio de Transporte prorrogó por un año la autorización para utilizar vehículos con más de diez años de antigüedad, a contramano de lo establecido en la Ley Nacional de Tránsito.
El panorama sectorial es complejo: empresas de transporte reclamando ingresar al Procedimiento Preventivo de Crisis, compañías que dejaron de operar en algunas localidades, paros por retrasos en el pago de salarios, tensión entre empresarios y trabajadores en las negociaciones paritarias.
En ese marco, el reciente anuncio oficial de congelamiento tarifario sólo beneficia al transporte metropolitano. Desde la Casa Rosada aclararon que el resto “depende de las provincias o municipios”. Esa delegación de funciones, sin los fondos correspondientes, recuerda lo acontecido en los noventa. En esa década, el gobierno menemista “descentralizó” hospitales y escuelas. La historia se repite como farsa.
@diegorubinzal
