La Oficina de Captación de Comunicaciones, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, y el juez Federal Ariel Lijo dieron a conocer los informes que elaboraron sobre la filtración de las escuchas telefónicas realizadas al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli. En ambos casos, se desligaron de la filtración y destacaron que las tareas de espionaje estuvieron a cargo de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la fuerza que conduce Gustavo Arribas y que elegida fue por el juez de la causa.

El pedido de informes había sido solicitado por la Corte Suprema –de la que dependen las escuchas–, después de que Parrilli exigiera explicaciones por la difusión de los audios en los que se lo registró hablando con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Las escuchas fueron ordenadas por Lijo en el marco de la causa en la que el ex funcionario fue procesado por el supuesto “encubrimiento agravado” del detenido Ibar Pérez Corradi.

“Cumpliendo la solicitud del juez se autorizó a la Agencia Federal de Inteligencia tanto al diligenciamiento del oficio, como al retiro de los CDs (con las grabaciones) y a llevar a cabo las tareas de escucha directa de los abonados”, indica el informe de la Oficina de Captaciones, firmado por el camarista Martín Irurzun, su colega de Comodoro Rivadavia Javier Leal Ibarra y Juan Tomas Rodríguez Ponte, director general a cargo de las escuchas.

“El material en cuestión fue entregado al personal que cumplió las tareas propias de escucha directa, autorizado en la nómina enviada por la Agencia Federal de Inteligencia para cumplir ambas labores (acceder a los audios en locutorio y hacerse del material físico de manera periódica)”, remarcaron en el texto de 18 páginas. “La responsabilidad de la dirección en cuanto al resguardo del material culmina con la entrega de los CDs a la autoridad judicial requirente o a quien esta designare”, aseguraron los funcionarios judiciales en el informe, señalando la responsabilidad del juez Lijo.

A su vez, Lijo también intentó desentenderse por la filtración de las escuchas a medios de comunicación. Elaboró un documento de nueve páginas en el que detalló cómo se llegó a pedir la intervención directa –escucha en tiempo real– del teléfono de Parrilli, cómo fue la cadena de custodia del material y recalcó que éste fue visto por las partes involucradas en septiembre pasado. 

“Se autorizó a personal de la AFI –el cual también debe resguardar la confidencialidad– a realizar la escucha directa de los abonados telefónicos de referencia como así también a retirar los discos con el producido de las intervenciones”, sostuvo el magistrado. “El 21 de septiembre de 2016 se recibió un informe por parte de la Agencia Federal de Inteligencia vinculado a las intervenciones telefónicas ordenadas y, asimismo, en esa ocasión, se recibieron también un total de ciento noventa (190) discos con la totalidad del producido de las intervenciones telefónicas”, explicó.

“La copia del material en cuestión fue realizada en las máquinas de esta dependencia por un secretario y un prosecretario de este tribunal quienes al momento en que terminaban las copias de cada disco, procedían a la reserva del material en cuestión en la caja fuerte de este tribunal”, detalló. También precisó que el 20 de enero de 2017, el fiscal del caso, Guillermo Marijuan, “tras solicitar vista de los informes efectuados por la Agencia Federal de Inteligencia con relación a las intervenciones practicadas”, solicitó que se investigara un diálogo en particular entre Parrilli y CFK.