La Justicia comenzó a investigar a la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, acusada de cometer los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La denuncia que dio origen a la causa fue realizada por la diputada nacional Gabriela Cerruti, luego de que Alonso admitiera públicamente que el organismo que dirige no querella en casos donde están involucrados funcionarios de la actual gestión.
El fiscal federal Ramiro González ordenó las primeras medidas de prueba para evaluar la gestión de la funcionaria y solicitó, en los últimos días, que los doce juzgados federales de Comodoro Py, la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional y la Cámara Nacional en lo Penal Económico informen si desde diciembre de 2015 y hasta la actualidad la OA “se presentó como querellante en causas en las que se haya denunciado a funcionarios o ex funcionarios nacionales y en tal caso informe de quiénes se trataría”.
En la denuncia contra la ex diputada macrista, Cerruti consideró que la decisión de la funcionaria de no investigar al gobierno del que forma parte “no se trata de una casualidad sino de una decisión política” que “al leerla en sentido contrario, podría querer decir que sólo se impulsan las causas contra funcionarios de otras gestiones”. El escrito que dio origen a la causa recayó en el juzgado de Daniel Rafecas, quien delegó la investigación en el fiscal González, debido a que la OA es querellante en tres causas que tramitan en su juzgado.
“Dado que he sufrido acusaciones personales respecto de parcialidad o falta de imparcialidad, y por la falta de recursos humanos que también tenemos, en este momento no estamos querellando ninguna (de las causas que involucran a funcionarios del oficialismo), porque para que me acusen de encubridora o de embarrar causas de corrupción, que las lleven adelante los fiscales”, había dicho Alonso en un programa televisivo el pasado 13 de abril. Días después de las declaraciones, el portal Chequeado publicó que la OA “es querellante en 41 expedientes, gran parte de ellos vinculados a la gestión anterior y, el resto, al menemismo”, al tiempo que ratificó los dichos de la funcionaria: “En ninguno está involucrado un funcionario del actual gobierno”.
