Una juez de la Corte Suprema de Brasil dio cinco días al presidente Jair Bolsonaro (foto) para que explique su reciente decreto que flexibiliza la portación de armas de fuego. La orden de la jueza Rosa Weber fue emitida después de que el partido opositor, Red de Sostenibilidad, denunciara la inconstitucionalidad del decreto de Bolsonaro que habilita a camioneros, abogados y políticos, entre otros, a portar armas. Según el partido opositor, el decreto fue un abuso de poder y contradice el estatuto del desarme de 2003 que prohíbe portar armas en público y que además un año después de estar vigente logró disminuir las tasas de homicidios en Brasil. 

El viernes, dos días después de la firma del decreto, en el Congreso brasileño circularon documentos que acusaban a Bolsonaro de “ir más allá” de sus atribuciones presidenciales. Pero frente a la oposición, Bolsonaro afirmó que si el decreto es inconstitucional debe dejar de existir. Sin embargo a continuación el mandatario dijo que este no era uno de esos casos. Entre otras cosas, el decreto autoriza a los propietarios de armas con licencia a comprar hasta 5 mil municiones por año dependiendo del tipo de arma. Un salto en relación al límite anterior de apenas 50. Además del decreto, el mandatario propuso en una entrevista la exculpación de ciudadanos que eventualmente maten a un sospechoso de querer asaltarlos en la vía pública.

Bolsonaro también defendió su iniciativa apegándose al resultado de un referéndum hecho en 2005 en el que cerca del 64 por ciento de los brasileños rechazó una ley que implicaba, entre otras cosas, una prohibición total de la venta de armas. Pero el mandatario omitió que pocos meses, según una encuesta de Datafolha, la misma proporción de brasileños se manifestó en contra. Además especialistas en el tema aseguran que flexibilizar los controles aumentará la violencia armada en el país. 

El mayor acceso a la tenencia de armas fue una de las banderas de campaña del ex militar que llegó al Palacio de Planalto con la promesa de mano dura en un país que registra 175 homicidios por día. Durante el año pasado, en Río de Janeiro, el 77 por ciento de las víctimas fatales fueron negros o mulatos, mientras que el 35 por ciento fueron jóvenes. En el mismo estado, la policía mató a 1444 brasileños, el número más elevado en la última década. El número de homicidios que tiene lugar en Brasil es una cifra tres veces mayor al nivel considerado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como violencia endémica. En su programa electoral, Bolsonaro definió las armas como objetos inertes que pueden ser usados para matar o salvar vidas y dijo que en países como Estados Unidos, Alemania, Noruega o Suiza hay armas de fuego en casi todas las casas, pero con índices de violencia menores que en Brasil.

La de esta semana fue la segunda modificación al Estatuto del Desarme. La primera, Bolsonaro la hizo a menos de un mes de haber llegado a la presidencia y en ese entonces habilitó a que los ciudadanos puedan comprar hasta cuatro armas y dejó abierta la posibilidad de comprar otras más “si otros hechos o circunstancias lo justifican”.