Desde La Paz
La sangre todavía no ha llegado al río pero crece el intercambio de adjetivos y acusaciones a pesar de que el 20 de octubre, día de las elecciones en Bolivia, está muy lejano. El actual mandatario Evo Morales ha acusado a su más importante rival, el ex presidente boliviano Carlos Mesa de haber evadido impuestos en la venta de un departamento en el centro paceño. Mesa ha contratacado señalando que se trata de acusaciones canallescas y calumniosas.
Todo comenzó cuando se reveló un depósito de 30 mil dólares en la cuenta de Mesa, por parte de un policía dado de baja, supuestamente vinculado al narcotráfico, que se llama Gonzalo Medina Sánchez en el 2009. Ahí comenzó removerse el panorama político altiplánico. La prueba de que el ex oficial de policía hizo el depósito se encuentra en un informe del Banco Mercantil a una comisión parlamentaria que investiga posibles vinculaciones del caso Lava Jato con políticos bolivianos. La presidenta de esta comisión, la diputada oficialista Susana Rivero, mostró a la prensa los documentos que prueban que la transacción se realizó. El ex mandatario y principal candidato opositor respondió que ese dinero fue depositado como pago por la venta de un departamento que era de su padre y que su abogado, Paulino Verastegui, fue quien se encargó de la operación. El inmueble se vendió a Blanca Grimanesa Hinojosa. Sin embargo, según Mesa, su abogado nunca le aclaró que quien estaba detrás de la operación era Gonzalo Medina Sánchez, por entonces capitán, a través de su hermano Rubén Fernando Medina. El letrado habría señalado que Gonzalo Medina tenía una relación con Hinojosa.
Mesa ha intentado demostrar que cuando negoció el inmueble no se sabía que el excoronel Medina era narcotraficante, al punto de que el MAS, el partido del oficialismo, lo nombró director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Santa Cruz de la Sierra durante los últimos tres años, un período inusualmente largo ya que las rotación de destinos para ese cargo suele ser anual. Hace pocos días fue dado de baja y hoy se encuentra en la cárcel de San Pedro en La Paz. La acusación sobre el ex jefe policial de vínculos con el narcotráfico se debe a su relación con Pedro Montenegro, uno de los capos de este delito, detenido ayer por Interpol con acusaciones en Brasil (ver recuadro).
La oposición atacó al gobierno de Evo Morales por el caso Medina. Mesa pidió transparencia sin imaginar las vueltas que da la vida y que ahora él es el beneficiario de una transacción sospechosa. “Hay muchos enredos en algo que está absolutamente claro, hay un vínculo demostrado documentalmente entre Mesa y este ex comandante, hoy investigado por trafico de drogas,” señaló la diputada Rivero.
Más allá de las sospechas, de lo que no pudo librarse el experiodista y vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada es de la acusación de evasión fiscal. Hoy se sabe que el departamento se vendió por 55 mil dólares pero que en los papeles figura como traspasado de propietario por solo 19 mil dólares. El precio catastral es de 28 mil dólares y según la Ley se podría vender por menos pero hay que cancelar impuestos por el monto mínimamente catastral.
Tanto es así que el abogado y exministro de Carlos Mesa, Carlos Alarcón, manifestó que la familia Mesa está dispuesta a cancelar los impuestos no pagados. Para el analista político Mario Cañipa de la consultora y encuestadora Tal Cual, el escándalo no llevará a la cárcel a Carlos Mesa pero lanzará sobre él la sombra de la duda. “El punto central de la campaña opositora es la corrupción. Tras esta denuncia, el MAS ha logrado hacer tablas”.
Lo cierto es que el escándalo ha desenfocado ya por diez días la campaña de Carlos Mesa, quien lejos de explicar sigue sin responder. No es su mejor escenario.
