El gobierno de Mauricio Macri consiguió la designación de un funcionario propio en la administración del Poder Judicial, cargo que depende del Consejo de la Magistratura, después de forzar la renuncia de Juan Carlos Cubría, quien ocupaba el cargo desde noviembre de 2015. El nuevo encargado del dinero de la Justicia es Agustín Cinto, un licenciado en administración de 28 años que viene de trabajar en el gobierno porteño con Horacio Rodríguez Larreta y que tuvo un breve paso por la intendencia de Cambiemos en Mar del Plata, con Carlos Arroyo. Cubría, hijo de la jueza electoral María Servini de Cubría, había consolidado y multiplicado una serie de denuncias sobre pagos millonarios de obras públicas en el Poder Judicial que no se concretaron, otras sobre contratos dudosos también por montos siderales ligados al área informática y acerca de la vulnerabilidad de los sistemas, como el de sorteo de causas. Esto marcó un enfrentamiento con la Corte Suprema y su presidente, Ricardo Lorenzetti, que se sostuvo mientras el kirchnerismo era mayoría en el Consejo pero que el macrismo y algunos de sus aliados ya no toleran y aprovechan para abrir espacios de control (el del dinero y los contratos siempre es codiciado). 

En el mismo plenario de ayer todos los consejeros menos el representante de los jueces, Luis Cabral, votaron la apertura de un sumario administrativo contra el director de Tecnología, Gabriel Mehlman, sospechado de haber interferido en el sorteo del juzgado federal que debía investigar la muerte del fiscal Alberto Nisman, cuando la sensible investigación cambió de fuero. El sorteo informático (que en otros tiempos se hacía con bolillero) se concretó el 11 de abril en la Cámara Federal: había sido asignado el juzgado de Sebastián Casanello según mostraron los monitores pero de pronto apareció un cartel de falla en la pantalla y el programa pareció quedar suspendido. Mehlman intervino, según declararía después, a pedido de la secretaria de la Cámara, Susana Echeverría, anuló ese sorteo y ejecutó otro. La asignación a Casanello (un juez que no es de la simpatía del gobierno), había quedado registrada en el Centro de Información Judicial de la Corte por unos cuatro minutos. Pero la intervención en el sistema borró las huellas de su ejecución. El escándalo se hizo público rápidamente y al presidente de la Cámara, Martín Irurzun, no le quedó mucha más opción que hacer una denuncia, que está en trámite. Cubría quiso echar a Melhman pero el plenario le ordenó revertir la decisión con el argumento de que no tenía facultades. Hasta ahora las actuaciones del Consejo sobre Melhman eran provisorias pero la mayoría de los consejeros lo consideraron ayer sospechoso de manipular el sistema. Al votar su sumario, los consejeros oficialistas buscaron mostrarse dispuestos a que se investiguen irregularidades como aquella, sobre las que había alertado el administrador saliente Cubría. 

“Cubría sufría presiones para irse. Es evidente que no quieren mejorar la gestión”, se quejó en la reunión de consejeros el diputado del Frente para la Victoria Rodolfo Tailadhe al oponerse al nombramiento de Cinto, el reemplazante. Para provocar leyó un tuit de hacía instantes de Elisa Carrió que decía: “Juan Cubría es una persona honesta que combatió la Corrupción en el Poder Judicial y del Comité de Inversiones de la Corte y el Consejo”. Cabral, un juez con gran dominio de las negociaciones en el Consejo, quiso minimizar todo: dijo que nadie discutía la honestidad de Cubría y que de todos modos a Mehlman –que antes había sido un funcionario del máximo tribunal– no había mucho que reprocharle, sólo que no le había avisado a su superior lo ocurrido con el sorteo de Nisman. Por su lado, la presidenta del Consejo, la abogada Adriana Donato –quien suele votar en bloque con el oficialismo del cuerpo– presentó al joven administrador de estreno con grandes elogios. 

La pelea entre la Corte y el Consejo de la Magistratura por el manejo del dinero no es de estos tiempos ni invento de Lorenzetti, pero el Consejo de Inversiones al que aludía Carrió sí fue una creación del juez supremo como estructura para intentar unificar las administraciones de ambos cuerpos y que intentó aprovechar al máximo cuando quedó enfrentado con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Ese consejo estaba integrado por el entonces administrador Germán Krieger y Daniel Marchi, contador y hombre de máxima confianza de Lorenzetti y que hoy no sólo está a cargo de la administración suprema sino de la dirección de “asuntos jurídicos” e “institucionales”. Aquel consejo fue denunciado por las irregularidades en las obras de infraestructura en distintos lugares del país, y se sumaron otros expedientes penales como el que puso en duda la licitación del sistema informático Lex100 que utiliza el Poder Judicial por 20 millones de dólares, que para colmo mostró ser vulnerable. En noviembre del año pasado hubo una especie de “ataque” informático que paralizó el sistema y la Corte tuvo que declarar dos días de asueto. 

El Gobierno al menos ahora no quiere enfrentamientos con la Corte ya que quiere concretar el traspaso de la Justicia penal ordinaria a la Ciudad y el máximo tribunal no para de recibir temas que le atañen, desde el reclamo del Grupo Macri contra la rescisión del contrato del Correo en el gobierno de Néstor Kirchner, hasta la libertad de Milagro Sala. También está en discusión el funcionamiento del sistema informático electoral y del padrón, que el Gobierno quiere delegar a la UTN y que centralice su administración la Cámara Electoral. Cubría no era funcional a eso y además ponía en duda la administración y radicación bancaria del fondo anticíclico que dice tener la Corte por 13 mil millones de pesos. En la oposición especulan que Cinto será un nombramiento formal, pero quienes manejarán los hilos serán José Torello, jefe de asesores de la Presidencia, en alguna medida el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el operador judicial y presidente de Boca Daniel Angelici.