El acuerdo del Gobierno con el grupo empresario del Presidente por la deuda del Correo Argentino desató una nueva grieta al interior de Cambiemos. El senador radical y ex vicepresidente Julio Cobos sostuvo ayer que el acuerdo es “abusivo” y respaldó el dictamen de la fiscal general Gabriela Boquín, que cuestionado por los pocos dirigentes del PRO que asomaron la cabeza en medio del escándalo. “Creo que la fiscal ha actuado bien diciendo esto no puede ser, esto es abusivo”, consideró Cobos, y hasta se permitió apuntar contra su correligionario Juan Carlos Mocoroa, el secretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones (conducido por otro radical, Oscar Aguad) que le puso la firma al acuerdo. “Hay que ver cuál es la competencia de este director. Estas cosas no pueden estar ajenas a un ministro”, disparó. La misma falta se la endilgó al propio Macri. El Comité Nacional de la UCR, en cambio, prefirió no hacer declaraciones sobre el tema. Hasta ayer, Elisa Carrió también eligió el silencio, y fue su mano derecha, el diputado Fernando Sánchez, quien debió explicarlo: “Estamos requiriendo toda la información necesaria del Ejecutivo y organismos de control para pronunciarnos con todos los elementos”, se excusó.
Desde el PRO, el diputado Luciano Laspina respaldó sin rodeos al Presidente y dijo que “no hay vocación en el Gobierno de estar buscando favoritismos” como el que se le señala a Macri respecto del emporio empresario encabezado por su padre. “Estoy seguro, confío plenamente en el Presidente de la Nación, no haría nada incorrecto en este sentido”, aseguró Laspina, para quien “el Gobierno está concentrado en gobernar y hacer las cosas bien”.
Más contundente, la senadora macrista Laura Rodríguez Machado cuestionó a la fiscal por tener un “profundo desconocimiento sobre el tema legal”. A partir de la difusión del dictamen, aseguró, “se precipitaron voces que sólo buscan el atajo de la crítica infundada”. “No existe condonación alguna, nadie le perdonará la deuda a nadie, debido a que el Gobierno nacional no aceptó ninguna quita, sino que acordó percibir el total del capital adeudado”, explicó.
Para Machado, el acuerdo no sólo es favorable para el Estado sino que se llegó a él por culpa del gobierno anterior. “Tras 15 años de desidia y postergaciones, el acuerdo alcanzado le permitirá al Estado ingresar a sus arcas aproximadamente 600 millones de pesos, que podrán ser invertidos en programas sociales y obras públicas”, alegó.
Lejos de las críticas de Cobos, la dirigencia radical prefirió no referirse aún al tema, actitud que tomó también Carrió, quien hasta ahora no mostró la misma reacción que tuvo frente a las denuncia por coimas que pesa sobre el jefe de la AFI, Gustavo Arribas, protagonista del último escándalo de corrupción que sacudió al Gobierno. “Como representantes de los argentinos tenemos la obligación de asegurarnos que no haya acuerdos perjudiciales para el Estado, que exista disponibilidad de toda la información para que este acuerdo quede claro y, además, de hacer el análisis de la evolución de una negociación que lleva 15 años e involucra también a los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández”, dijo Sánchez.
“Este acuerdo puede ser nulo”, opinó ayer Cobos, quien dijo además que casos similares al del Correo Argentino “se vieron durante muchos años después de la salida de la convertibilidad”. “Estas cosas no pueden estar ajenas a un ministro o hasta al propio presidente”, afirmó.
