La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), a cargo de Sergio Rodríguez, abrió un expediente sobre el acuerdo entre el gobierno nacional y el Correo Argentino por la deuda que la empresa del Grupo Macri tiene desde 2001 y que hoy superaría los 4 mil millones de pesos. “Estamos analizando todo lo que surge del dictamen, si hubo fraude a la administración pública o si quien actuó en representación del Estado nacional tenía la competencia de hacerlo”, señaló ayer Rodríguez, a quien le remitieron una copia de la causa que tramita actualmente en la Cámara en lo Civil y Comercial. La fiscal ante esa Cámara, Gabriela Boquín, impugnó el acuerdo por considerarlo abusivo y ruinoso para el Estado, ya que implicaría una quita de deuda del 98,87 por ciento y que, con la propuesta de pago en cuotas hasta 2033, representaría una condonación de más de 70 mil millones de pesos. Rodríguez no descartó que se trate de un caso de “tráfico de influencias”, dado que el litigio es entre el Estado y una empresa de la familia presidencial.
“La doctora Boquin me envío una copia para que determinemos si se dan los requisitos para hacer alguna actuación. Nosotros tenemos una competencia penal y una administrativa”, explicó ayer Rodríguez en declaraciones radiales. El titular de la FIA, quien asumió en el cargo en 2014 luego de que estuviera 5 años vacante, detalló que tras la llegada del oficio, se abrió una investigación preliminar y se está analizando el “curso de acción a seguir”. “Puede haber habido algún tipo de tráfico de influencias, no se descarta. Es uno de los temas a considerar”, señaló el fiscal y adelantó que para determinar si existió un perjuicio al Estado en aquel acuerdo hay analizar los números y ver “porque ésta propuesta no fue aceptada los años anteriores y ahora sí, con una modificación mínima”. La empresa del Grupo Macri consiguió la concesión en 1997 y ya en septiembre de 2001 Correo Argentino S.A. entró en convocatoria de acreedores. Tenía una deuda total de 900 millones de pesos-dólares. De ese monto, el Estado era acreedor del 32,65 por ciento, correspondiente al pago del canon, que dejó de abonar en el año 2000. Durante el kirchnerismo, la empresa de Franco Macri hizo distintas propuestas de pago que implicaban una quita del 94 por ciento, a pagar en 25 años y con un 1 por ciento de interés anual. El gobierno del FpV rechazó las ofertas hasta que, al asumir la presidencia Mauricio Macri, la postura cambió.
“La investigación puede desembocar en distintas alternativas. Puede ser que no exista irregularidad, que exista un delito penal y la otra alternativa es que puede constituir una irregularidad administrativa, causal de alguna sanción”, señaló Rodríguez. Para evaluar estas opciones, el titular de la FIA solicitó el estudio que hizo la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), sobre el cual Boquín también basó parte de su dictamen. La DAFI fue la que llegó al cálculo de los 70 mil millones de pesos de condonación de deuda, proyectando la deuda original de 296 millones en 2001, al plan de pago propuesto por el Grupo Macri, que recién se terminaría de pagar en 2033. Para llegar a aquel monto se calculan la conversión de la moneda tras la devaluación y distintos tipos de intereses.
La FIA también deberá evaluar si el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Carlos Mocoroa, podía efectivamente firmar aquel acuerdo, ya que su designación era transitoria y no contaba con la autorización expresa del ministro, Oscar Aguad, para representar al Estado en el expediente. “La propuesta a la que se prestó conformidad es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional”, consideró Boquín en su dictamen.
