El gobierno de Ecuador resolvió entregar a Estados Unidos todos los documentos, teléfonos celulares, archivos y equipos informáticos que el fundador de WikiLeaks, el australiano Julian Assange, haya dejado en la sede de su embajada en Londres, informó ayer el diario español El País. Baltasar Garzón, uno de los abogados del periodista, calificó la decisión del gobierno de Lenín Moreno como una absoluta vulneración de Ecuador de la institución de asilo. 

La Fiscalía General de Ecuador dispuso que el 20 de mayo registrará la habitación de su sede diplomática en la que Assange vivió como asilado durante siete años hasta el mes pasado. Así lo indica el periódico, que cita una “notificación oficial” que hasta el cierre de esta edición no había sido publicada por las autoridades ecuatorianas.

Según El País, el allanamiento a la habitación que ocupó Assange se efectuará el lunes 20, a raíz de un pedido oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El trámite ya fue anunciado al abogado en Ecuador del fundador de WikiLeaks, Carlos Poveda.

Assange, de 47 años, es reclamado por un tribunal estadounidense que lo acusa del delito de intromisión informática, luego de que en 2010 publicara en su portal unos 450.000 documentos secretos de comunicaciones internas de Estados Unidos sobre las guerras en Afganistán e Irak. Por este delito puede ser penado con hasta cinco años de cárcel. En 2012, el gobierno de Ecuador –a cargo entonces del presidente Rafael Correa– le dio asilo político y le permitió refugiarse en su embajada en Londres, en momentos en que Assange era reclamado por Suecia, donde estaba acusado de dos delitos sexuales.

Sin embargo, tras el cambio de gobierno en Ecuador, en 2017, el sucesor de Correa, Moreno, endureció las condiciones de permanencia de Assange en la embajada en Londres. En muestra de un acercamiento con Estados Unidos, el mandatario ecuatoriano permitió el pasado 11 de abril que el ciberactivista fuera detenido allí y entregado a autoridades del Reino Unido, donde a fines del mes pasado fue condenado a 50 semanas de cárcel por haber violado en 2012 su régimen de libertad condicional. Antes de su entrega a la policía británica, Moreno había restringido las visitas de Assange y había endurecido sus condiciones de vida en la legación diplomática. Ayer dio el visto bueno para la entrega de todo el material informático de la persona a la que había otorgado la condición de asilado. 

“Es incomprensible que el país de protección ahora aproveche la posición privilegiada de haberlo acogido para remitir sus pertenencias al país que lo persigue. Pertenencias que habrán sido intervenidas sin mandamiento judicial, sin protección de los derechos del asilado, sin respeto a la cadena de custodia”, dijo Garzón, citado por El País. “Lo que se agrava con el mecanismo de grabación ilícita que se desplegó en la embajada y que ha sido denunciado. La vulneración sistemática de los derechos de Assange está superando los límites de lo imaginable”, agregó.

Esta nueva decisión de Moreno se suma a otras de cooperación con la justicia estadounidense, que se inició hace ya varios meses, cuando el vicepresidente Mike Pence hizo una visita a Quito en la que conversaron sobre Assange. A modo de ejemplo, la justicia de Ecuador ya permitió que las autoridades de Estados Unidos tomaran declaración al personal diplomático de su embajada en Londres, recuerda el rotativo madrileño. La defensa denunció entonces que quizás se hayan remitido a Estados Unidos grabaciones y documentos que perjudicarían a la defensa del fundador de WikiLeaks. Aitor Martínez, otro de los abogados de Assange, había afirmado: “La iniciativa de Ecuador es una manifiesta y radical vulneración del derecho a la defensa, ya que en esos documentos y dispositivos electrónicos se encuentran todas las comunicaciones con sus abogados y su documentación legal. Un material privilegiado que permitirá a Estados Unidos construir y crear nuevos cargos para su solicitud de extradición”.

Asimismo, recientemente el exjuez Garzón, presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional de España contra un periodista español y tres programadores informáticos por presunta extorsión. Según la defensa del ecuatoriano, los tres denunciados intentaron vender por tres millones de euros miles de videos y documentos de Assange mientras se encontraba en la embajada. Poveda, otro de sus abogados, había explicado que sospechaban que unos 90.000 documentos, entre textos, fotografías, vídeos, conversaciones de Whats- App y correos electrónicos, habían sido interceptados en la legación diplomática. Los sospechosos amenazaron con ir filtrando datos e imágenes si no se pagaba la cantidad referida, que llegaron a rebajar a 1,5 millón de euros, y le explicaron que medios de comunicación así como políticos ecuatorianos estarían interesados en adquirir el material, según Poveda. Aunque inicialmente fueron detenidos, la justicia española los dejó en libertad con cargos y medidas cautelares para el periodista José Martín Santos.