“La rescisión del contrato con Correo Argentino S.A. rompe la alianza estatal con uno de los principales representantes de la nueva oligarquía que en las últimas tres décadas colonizó el sistema político”, resumió Horacio Verbitsky en este diario a fines de 2003, tras la decisión del presidente Néstor Kirchner de quitarle la concesión al Grupo Macri. “El Estado renuncia a su clásico papel de socio bobo”, explicó el entonces jefe de gabinete Alberto Fernández al anunciar los decretos 1074 y 1075, que desnudaron las miserias del macrismo al frente del Correo.

La empresa de Macri sólo pagó el canon comprometido en el primer año de la concesión, otorgada en 1997. Luego aplicó una “estrategia de reclamaciones sistemáticas” orientada a “generar presuntas acreencias” que “son invocadas para condicionar y/o eximirse de la obligación de pagar”. El objetivo de presentaciones administrativas y judiciales era “llevar a pronunciamientos contradictorios dentro de la propia administración pública” y así forzar una modificación de las obligaciones incumplidas, que el Estado negó.

Uno de los principales agravios de Macri fue curiosamente la competencia de otros correos privados. El decreto 1074 le recordó que la actividad postal había sido liberalizada en 1993 “sin que se previeran ni monopolios parciales ni franjas de servicios exclusivas” sino un “régimen de libre competencia”. Cuando vencía el canon del segundo semestre de 1998 la empresa alegó que distintas reparticiones estatales no le pagaban deudas. Un decreto permitió compensarlas. El Estado regularizó sus atrasos y “el Concesionario cambió su estrategia”: en vez de la compensación planteó el incumplimiento de otras obligaciones con tal de no cumplir “su obligación de pagar”. Con la concesión se transfirieron valiosos “bienes y recursos en funcionamiento ya afectados al servicio”. La empresa incurrió en un “incumplimiento generalizado” de su “deber de conservación y mantenimiento”. Por eso “no tiene derecho a resarcimiento”. Correo Argentino S.A. depositó 26 millones de pesos en pago de los 206 millones acumulados a partir del concurso de acreedores en 2001.  Esto “implica una modificación unilateral del Contrato de Concesión, que carece de todo sustento”, lo rechazó entonces el Ejecutivo.