Producción: Javier Lewkowicz

¿Independiente de quién?

Por Alfredo T. García *

Uno de los diez puntos del acuerdo que intenta impulsar el gobierno de Mauricio Macri es “sostener un Banco Central independiente en el manejo de los instrumentos de política monetaria y cambiaria, en función de su principal objetivo que es el combate a la inflación hasta llevarla a valores similares a los de países vecinos”. La pregunta principal es: ¿independiente de quién? Sin duda, el objetivo es que sea independiente del gobierno de turno, electo por la ciudadanía. Esto plantea una contradicción entre esa independencia y los planes de las autoridades surgidas de las urnas. No obstante, no será independiente de los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, como se ha comprobado a lo largo de los últimos meses. 

La condicionalidad número 9 del acuerdo con el FMI obliga al gobierno a presentar un nuevo proyecto de ley para la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central para “establecer la estabilidad de precios como el primero y fundamental mandato del BCRA”. El Gobierno cumplió y envió un proyecto que dispone que “el Banco tiene por objetivo desempeñar sus funciones con la misión primaria y fundamental de preservar la estabilidad de precios. Adicionalmente, el Banco deberá promover el crecimiento económico sostenido y contribuir a la estabilidad financiera”. Quedan claras las prioridades. En lo esencial, es una vuelta a las ideas fundamentales de la Carga Orgánica de Domingo Cavallo sancionada durante la Convertibilidad.  

Uno de los principales objetivos del FMI está bien definido en el último informe de su staff: “La nueva Carta Orgánica proveerá una sólida base para un eventual retorno a las metas de inflación”. Un sistema monetario que subordina el resto de las variables, en especial la actividad económica y el empleo, a la reducción de los aumentos de precios. Por ejemplo, si el precio internacional del petróleo aumenta, habrá que enfriar un la economía para evitar que ese incremento se traslade al índice de precios al consumidor. Difícil crecer en los próximos años bajo estas condiciones. 

Volviendo a la carta del presidente Macri, propone la adhesión a los 10 puntos para dar la “certeza de que hemos podido dejar de discutir algunas cosas que ya no se discuten más en la mayor parte de los países”. No es el caso del nuevo objetivo del BCRA, ya que, por ejemplo, la Reserva Federal estadounidense debe “promover de manera efectiva el máximo empleo, la estabilidad de precios, y las tasas de interés moderadas a largo plazo”, mientras que la Reserva de Australia persigue “la estabilidad de la moneda; el empleo pleno; y la prosperidad económica y el bienestar del pueblo australiano”. Se trata de múltiples objetivos en su mandato, todos de igual importancia: no hay ningún “adicionalmente”.

¿Qué es lo que se quiere cambiar de la actual Carta Orgánica sancionada en 2012 si la misma sostiene que “en el ejercicio de sus funciones y facultades, el BCRA no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del PEN”, lo cual indica una lógica autonomía? Lo que importuna es su deber de “promover, en el ejercicio de sus facultades, y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social” todos objetivos de igual importancia. También puede “regular las condiciones del crédito en términos de riesgo, plazos, tasas de interés, comisiones” así como orientar su destino, en especial hacia las pymes y las economías regionales. Un “dirigismo” inaceptable para el actual gobierno. 

Esta cuestión nos lleva a otra esencial, que es la necesidad de cambiar la actual Ley de Entidades Financieras  Nº 21.526, vigente desde la gestión de Alfredo Martínez de Hoz. Se necesita una ley de nuevo tipo, que defienda a los usuarios de servicios financieros y satisfaga sus necesidades, que oriente también el crédito y regule las tasas de interés. 

En estos aspectos, resulta importante pensar a los servicios financieros como una actividad de interés público, dado el fuerte impacto que la actividad tiene sobre la economía y los usuarios. Claro, esta es una concepción diametralmente opuesta al proyecto presentado por el actual gobierno y que impulsa el FMI.

* Economista especializado en sistema financiero. Investigador.

El rol del BCRA

Por Rafael A. Selva *

El Banco Central (BCRA) nació producto de la reforma monetaria y bancaria de 1935 como una entidad que tenía entre sus funciones la exclusividad en la emisión monetaria, la regulación de la cantidad de crédito, la acumulación de las reservas internacionales, el control del sistema bancario y desempeñarse como agente financiero del Estado. Se otorgó así a la autoridad monetaria de instrumentos que posibilitaron políticas anticíclicas, mantener el servicio de la deuda externa y llevar adelante “una política monetaria nacional”.

En 1946 se dispuso la nacionalización del BCRA, y su función prioritaria pasó a ser la de promover el desarrollo económico. El objetivo del BCRA, plasmado en la Carta Orgánica, fue desde entonces “promover, orientar y realizar la política económica adecuada para mantener un alto grado de actividad, que procure el máximo empleo de los recursos disponibles y la expansión ordenada de la economía, con vistas al crecimiento de la riqueza nacional que permita elevar el nivel de vida de los habitantes de la Nación”. Claramente el objetivo de actividad económica, que se debía ajustar al programa del gobierno, dominaba en este paradigma. De este modo, se buscó enfocar los recursos hacia las actividades productivas de importancia para el desarrollo del país.

La imposición de una nueva “Ley de entidades Financieras” en 1977, durante la última dictadura cívico-militar, devolvió al sistema financiero la capacidad de administración del crédito liberando las tasas de interés y la cuenta financiera de la balanza de pagos al flujo de fondos de corto plazo, favoreció el endeudamiento externo y la entrada de instituciones financieras, elementos funcionales a un modelo que prescindió del papel del Estado como regulador. Esta abrupta inserción de la Argentina en el proceso de globalización financiera terminó con una masiva crisis bancaria en 1980, una de balance de pagos en 1981 y una de deuda a partir de 1982.

Una década más tarde, tras el default forzado de la deuda, dos hiperinflaciones (1989 y 1990) y un país sumergido en una grave crisis social, un nuevo plan de reforma del Estado y ajuste ortodoxo radicalizó la política de liberalización iniciada en 1976. En 1992, se reformó la Carta Orgánica del BCRA, para otorgarle el mandato único y excluyente de preservar el valor de la moneda. Esta modificación acrecentó también la muy mentada “independencia”, es decir, que el banquero central no se subordine a intereses de “la política” y esté dispuesto a sostener la rigidez monetaria, a pesar de los problemas que pueda causar en la producción y el empleo.

Tras el colapso de 2001, el BCRA recuperó la facultad de prestar al Tesoro Nacional, de financiar al sistema bancario e intervenir en la política cambiaria. Pero el objetivo único en la Carta Orgánica se sostuvo hasta 2012, cuando se reestableció el mandato múltiple. Hoy el BCRA tiene por finalidad “promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. Es decir que, además de la estabilidad monetaria, se incorporó el importante objetivo de promover la estabilidad financiera, que la experiencia internacional demostró sumamente necesario, y recuperó como misión el promover el empleo y el desarrollo económico, sumando el concepto de la equidad en la distribución de los beneficios de ese desarrollo.

Desde diciembre de 2015, las autoridades del BCRA hicieron una eiségesis de los objetivos e introdujeron como prioritaria la estabilidad de precios. Sin embargo, a pesar de esta “prioridad” autoimpuesta, la inflación bate récords mes a mes. Ahora, bajo una nueva extorsión del FMI que condiciona el arribo de fondos imponiendo reformas en el ordenamiento económico, el Ejecutivo envió al Congreso un nuevo proyecto de Carta Orgánica para volver a una redacción semejante a la que rigió entre 1992 y 2012. El proyecto limita, además, los controles sobre el sistema financiero, las operaciones cambiarias o de lavado de dinero, restringe vías de financiamiento del Tesoro Nacional y busca impedir que un futuro gobierno, en especial uno opositor al actual, intente un camino de desarrollo alternativo.

Este proyecto reabre el debate sobre la función de la autoridad monetaria y la necesidad de que un banco central sea protagonista en el desarrollo del país, rol que históricamente cumplió en todo el mundo pero que el neoliberalismo desplazó. La iniciativa oficial debe ser rechazada y reemplazada por una reforma financiera real, coherente con el interés nacional.

* Ciepyc - UNLP.