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Mauricio Macri suma denuncias penales en su contra por decisiones presidenciales que benefician económicamente a su padre y al grupo empresario familiar. El bloque de diputados del Frente para la Victoria (FpV-PJ) que encabeza Héctor Recalde y la dirigencia de Nuevo Encuentro (NE), encabezada por Martín Sabbatella, presentaron dos denuncias penales contra Macri y el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y el director de Asuntos Jurídicos de esa cartera Juan Carlos Mocoroa, por “fraude en perjuicio de la Administración Pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”. Las denuncias son por el acuerdo que el Gobierno selló por una deuda que el Correo Argentino –en manos Sideco controlada por el Grupo Macri– mantiene con el Estado Nacional “desde 2003 y que terminará de pagar en 2033 con una quita del 98,82 por ciento con la que Sideco eludirá pagar 70 mil millones de pesos”. Las denuncias recayeron en los jueces federales Ariel Lijo y Rodolfo Canicoba Corral, aunque podrían unificarse en el juzgado de Lijo.
La denuncia presentada por el ex titular del desmantelado Afsca, Sabbatella, contra Macri, Aguad y Mocoroa, recayó en el juzgado de Lijo y el fiscal Juan Pedro Zoni, donde ya había una primera denuncia, de un abogado particular. El escrito detalla el acta del 28 de junio de 2016 donde el deudor, Sideco, realiza una propuesta de pago que el Estado rechaza “siguiendo las instrucciones del caso”. Sin embargo, el apoderado del Estado, Mocoroa, siguiendo “instrucciones” de sus superiores jerárquicos (el ministro Aguad y el presidente Macri) “realiza en el acto una contrapropuesta, que luego de un breve cuarto intermedio fue aceptada por el deudor”.
En un despacho fechado el 30 de diciembre de 2016, la fiscal de la Cámara Civil y Comercial, Gabriela Boquín, rechazó el acuerdo con varios argumentos: que “la propuesta aceptada implica reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible (…) por resultar equiparable a una condonación de deuda”; que “la aceptación de la propuesta implica un cambio estratégico de defensa de los intereses del Estado, configurando una manifiesta irregularidad –que corresponde investigar– en tanto propicia la aceptación de un acuerdo ostensiblemente ruinoso para el patrimonio estatal”; y que la aceptación de esta propuesta la dio “un funcionario sin competencia para comprometer al Estado Nacional en su calidad de acreedor y carece de sustento técnico que la avale, siendo además irrazonable y carente de validez”, entre otras consideraciones.
“En una audiencia de media hora, después de 13 años sin acuerdo y sin dictámenes de la Procuración del Tesoro se acuerda un pago nominal a otros 15 años donde el Presidente Macri condona a papá Macri una deuda de 70 mil millones de pesos del Estado, es decir todos no- sotros”, dijo a PáginaI12 el abogado Sergio Zurano, que patrocinó el escrito de NE.
La presentación judicial de los diputados del FpV-PJ recayó en Canicoba Corral y el fiscal Federico Delgado. El escrito que firman Recalde, Teresa García, Rodolfo Tailhade, Eduardo De Pedro, Andrés Larroque, Mayra Mendoza, Josefina González y Luana Volnovich, coincide en la tipificación de los delitos que el atribuyen los dirigentes de NE a Macri, Aguad y Mocoroa y en las características “fraudulentas” y de “desfalco” del acuerdo.
“Según los cálculos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, la propuesta implica un quita en la deuda de 70.163 millones de pesos, un 98,82 por ciento sobre el total de la deuda. Es decir, que los Macri sólo pagarán el 1,18 por ciento de la deuda con el Estado”, describe.
“En el último balance que Sideco presentó en marzo de 2016 ante la Comisión Nacional de Valores, informaron que en forma paralela a esta maniobra con la deuda con el Estado, presentaron un reclamo ante el Ministerio de Planificación donde pidieron “el pago de una suma de dinero por el desapoderamiento de las inversiones realizadas por Correo Argentino y su usufructo hasta la fecha a favor del Estado en razón de la rescisión del Contrato de Concesión”. Ahora, Sideco va por la demanda al Estado.
