El fiscal Félix Crous inauguró esta mañana los alegatos en el cuarto juicio que se lleva a cabo en Comodoro Py por los crímenes sucedidos en la Escuela de Mecánica de la Armada durante la última dictadura cívico-militar. El debate, que comenzó en agosto del año pasado, ingresa así en su etapa decisiva. Según lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal número 5, a cargo del juicio, el representante del Ministerio Público Fiscal cuenta con 10 horas para exponer su análisis final en el que descansará el pedido de penas que haga respecto de nueve acusados --ex integrantes de la Armada, de la Policía Federal y del batallón 601 del Ejército-- por más de 800 casos de violaciones a los derechos humanos cometidas en el centro clandestino de detención y exterminio que funcionó en el predio convertido, hace una década, en espacio de Memoria.

Se espera que el fiscal desarrolle su alegato entre la audiencia de hoy y la de la próxima semana. El cuarto debate sobre los crímenes de la Esma es el más amplio desde que las leyes de impunidad fueron declaradas nulas y se retomó el proceso de justicia sobre los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura en cuanto a cantidad de víctimas. Sin embargo, es, también, el segundo más corto --el primero, que tuvo como único acusado al genocida Héctor Febres, responsabilizado de 25 casos de secuestros y torturas, culminó en poco menos de un mes-- en cuanto a duración.

La mayoría de los testigos que desfilaron por el estrado desde agosto pasado hasta la semana pasada lo hicieron para ampliar sus testimonios en relación a los acusados en este debate, hasta ahora no enjuiciados. En su mayoría, los sobrevivientes del centro clandestino y familiares de víctimas ya declararon en juicios anteriores, versiones que fueron incorporadas en esta ocasión a través de la lectura de registros.

Como integrantes del grupo de tareas 3.3.2, la patota de la Armada, los represores que integran por primera vez el banquillo de los acusados están sospechados de haber participado de secuestros, torturas, asesinatos y varios casos de robos de bebés. La mayoría llega con prisión domiciliaria. Siete de esos nueve integraron la fuerza comandada por Emilio Massera: Carlos Castellví, Horacio Ferrari, Jorge Ocaranza, Ramón Zanabria, Carlos Carrillo y José Iturri.

Los tres primeros eran oficiales y los otros tres restantes, cabos que transitaban la carrera militar durante los años de terror. Néstor Tauro, ex cabo de la Armada, ex jefe de pelotón de fuego de la ESMA, había sido apartado del juicio durante el debate y falleció. Claudio Vallejos integraba el Servicio de Inteligencia Naval, acusado del secuestro del entonces embajador argentino en Venezuela, Enrique Hidalgo Solá. La participación de varios de ellos pudo ser detectada tras el análisis de los archivos secretos de la Armada que el Ministerio de Defensa encontró y aportó a la causa en 2011.

La nómina de represores la completan el ex agente de inteligencia del Ejército Miguel Conde y el ex agente de la Policía Federal Raúl Cabral. La defensa de Ferrari, identificado por varios sobrevivientes como “Pantera” durante aquellos días de torturas, puso en jaque no solo al TOF 5, a cargo del proceso, sino también a todo el debate luego de que solicitase ante Casación, y esta Alzada le diera la razón, el apartamiento de dos de los tres jueces que componen al tribunal por peligro de prejuzgamiento.

El conflicto es con los jueces Adriana Pallioti y Daniel Obligado, que participaron del tercer juicio que se llevó a cabo por los crímenes de la Esma y que culminó el año pasado. Para que tal decisión quede firme resta la definición de la Corte Suprema de Justicia.