La petrolera Tecpetrol reclamó ayer a la Justicia la nulidad de las resoluciones de la secretaría de Energía que modificaron las condiciones en que deben liquidarse los subsidios destinados a la producción de gas no convencional en Vaca Muerta. A su vez, reclamó el reconocimiento de los montos dejados de percibir con motivo del cambio de criterio adoptado por la Secretaría de Energía en los actos cuestionados, los cuales ascienden para los meses de agosto, septiembre y octubre de 2018 a 2500 millones de pesos (unos 55 millones de dólares), más intereses.
La acción judicial dispuesta por la firma controlada por Techint se produce luego de que el gobierno nacional rechazara el 1 de abril el recurso administrativo de la empresa por eventuales compensaciones impagas en la producción de su área Fortín de Piedra al afirmar que “no corresponde pagar subsidios por encima del volumen informado y aprobado”.
Tecpetrol fue la petrolera más damnificada por el criterio adoptado por el gobierno ya que su área de producción de gas no convencional registró un crecimiento inédito desde su puesta en marcha hasta convertirse en el área más productiva del país, lo que elevó sustancialmente los montos que debía percibir por el esquema de incentivo. Tras aquella resolución oficial, la empresa comunicó ayer que presentó una demanda judicial “solicitando la declaración de nulidad de las resoluciones de la secretaría de Energía a través de las cuales se liquidaron los pagos provisorios de las compensaciones previstas en la Resolución 46/2017, para los períodos de agosto, septiembre, octubre de 2018” A la vez, solicitó la declaración de nulidad de la Resolución 232/ 2019 por medio de la cual se le rechazaron los recursos jerárquicos interpuestos. Por último, reclamó también los 2500 millones de pesos más intereses.
La empresa aseguró que lleva invertidos más de 1.900 millones de dólares en su proyecto Fortín de Piedra “confiando en la letra y el espíritu de la resolución 46/2017”. Argumentó la compañía aportó a “transformar la matriz de producción de gas en Argentina y contribuyendo a bajar el costo de la energía”. El Gobierno había planteado que la empresa “tenía la obligación de presentar información completa, veraz y actualizada y comunicar de inmediato toda novedad que afectara de manera significativa el proyecto”, por lo cual concluyó que “lo pretendido por Tecpetrol es irrazonable y constituiría un abuso de derecho”.
