En los últimos días se puso nuevamente en evidencia la situación catastrófica del Conicet. Por un lado, una científica fue a un programa de TV, en el que se concursa para ganar un millón de pesos, para conseguir financiamiento para su proyecto de investigación. Por otro lado, Dora Barrancos renunció a su cargo de directora por el área de Ciencias Sociales, como forma de evidenciar la irregularidad institucional en que se encuentra la conducción del Conicet. El organismo tiene una doble crisis: presupuestaria e institucional. ¿Pero cómo llegamos hasta aquí? Desde hace tres años y medio, cuando asumió el gobierno actual, comenzó a ejecutarse lo que luego llamaríamos “cientificidio”: el asesinato, es decir, el desmantelamiento del sistema científico-tecnológico público. El ajuste en ciencia y tecnología no es una consecuencia azarosa del achicamiento general que este gobierno lleva adelante. Por el contrario, el cientificidio es una política de Estado, hay premeditación y alevosía, existe una voluntad firme de cercenar las capacidades soberanas del pueblo argentino de desarrollar la ciencia y la tecnología que considere necesarios para el bienestar de las mayorías. 

Para llevar adelante este plan sistemático de destrucción, se pusieron en marcha algunos instrumentos específicos. En primer lugar, el desfinanciamiento, subejecución y devaluación presupuestaria de los proyectos de investigación, de los centros científico-tecnológicos, de las reuniones científicas, de los programas estratégicos. Esto trae como consecuencia que las y los investigadores pagan de su bolsillo algunos insumos básicos, que hay que hacer “vaquitas” para pagar la luz de los institutos, que se demoren o congelen las investigaciones en curso, al tiempo que profundizan la desigualdad, la meritocracia y el elitismo entre los equipos que consiguen financiamiento externo y los que no los consiguen, precisamente porque abordan cuestiones vinculadas con nuestro país y nuestra región (por ejemplo, enfermedades endémicas: poco rentables para las empresas). Esto condiciona la producción de conocimiento adecuándola a parámetros y líneas de investigación determinadas por los grandes centros científicos, desplazando nuestras capacidades autónomas y soberanas: para el Gobierno, aquellos productos y servicios científico-tecnológicos necesarios deben comprarse en el exterior, en paquete cerrado.

En segundo término, los salarios de las y los trabajadores del sistema científico-tecnológico y la restricción en la creación de nuevos puestos de trabajo. Hace un mes, ingresó solo el 11 por ciento de las y los investigadores formados a la planta de Conicet, dos mil se quedaron sin trabajo. Con esta política de desechar a trabajadores altísimamente calificados, formados por el Estado, en universidades públicas, Argentina no solo exporta materias primas, sino también científicos y científicas: igual que al ganado, tal como los “ilustres apellidos” de la Sociedad Rural que componen este gobierno están acostumbrados. Estamos presenciando una nueva oleada de fuga de cerebros hacia el exterior, además de un éxodo de trabajadores (especialmente, administrativos y becarios) que se van del sistema porque los salarios no superan los 20 mil pesos.

En tercer término, al tiempo que se degradó el Ministerio de Ciencia a Secretaría, no se produce el nombramiento para los dos directores elegidos por sus pares en Conicet: Alberto Kornblihtt y Mario Pecheny. Lo quieren hacer pasar como tiempos burocráticos, cuando el propósito es precisamente dejar acéfala la conducción del organismo e impedir que voces opositoras se integren a dar la pelea también en la institución. 

Las y los trabajadores del sistema científico-tecnológico público también estamos en lucha desde 2015. De distintas formas venimos visibilizando y poniendo en discusión una situación que es eminentemente política: se trata de destruir la soberanía científico-tecnológica de nuestro país y nuestra región. La respuesta nuestra es también política: organización, lucha y octubre. Tenemos por delante la oportunidad de que la ciencia y la tecnología se reubiquen como derecho humano. No son patrimonio ni de las empresas, ni de un sector de trabajadores que produce conocimiento. La ciencia y la tecnología son y deben ser patrimonio del pueblo.

* Investigadora adjunta del Conicet, en el CEIL.