El gobierno mexicano publicará los registros de cuerpos y tumbas clandestinas cada 15 días. El anuncio llegó después de que se revelara que centenares de fosas localizadas a lo largo de este año evidencian que fueron reutilizadas y que se está usando un modus operandi cada vez más elaborado, informaron ayer funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 

“Desde el 1 de diciembre al 13 de mayo se han ubicado 81 sitios con 222 fosas clandestinas y 337 cuerpos”, dijo el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, en una conferencia de prensa en Palacio Nacional. Encinas explicó que, pese a estas alarmantes cifras, siempre se había ocultado o minimizado la información. A menudo, además, se mezclaban datos de homicidios con los de desaparecidos. Por ello, un nuevo programa del gobierno de López Obrador publicará los registros de fosas clandestinas y cuerpos hallados cada 15 días. 

En los datos propios que han obtenido en estos cinco meses y medios de administración, los estados con más sitios, fosas y cuerpos son Colima, Tabasco, Sonora, Zacatecas, Guerrero, Jalisco y Veracruz. “Son datos con gran movilidad y dinamismo, están en proceso las tareas de exhumación”, apuntó, además, el funcionario. El Registro Nacional de Fosas se elabora con información de la Comisión Nacional de Búsqueda, de la Fiscalía General y fiscalías estatales, y datos aportados por familiares de víctimas.

La dimensión del problema de las fosas clandestinas, que atraviesa buena parte de México, es en realidad mucho mayor que las cifras obtenidas hasta el momento por el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Tal y como reflejó el informe presentado ayer, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contabilizó, entre 2007 y 2016, 855 fosas y 1548 cadáveres. En tanto que un informe del Laboratorio de Investigación e Innovación Periodística, El Quinto Elemento, señaló que del 2006 al 2016 se descubrieron 2000 fosas en el país. De esta manera, y según estimaciones oficiales dadas a conocer en febrero, el país acumula más de 40.000 desaparecidos, 26.000 cuerpos sin identificar en morgues y 1300 fosas clandestinas.

“En todos aquellos lugares donde recibimos denuncias anónimas o abiertas o tenemos indicio de que existe la posibilidad de una fosa vamos a ir directamente”, apuntó Encinas, que explicó que toda la información se está georreferenciando. Adicionalmente, está por concluir el Diagnóstico Nacional Forense, elaborado durante abril, que busca fortalecer las capacidades de este tipo de servicios médicos.

Encinas explicó que las dimensiones alcanzadas por este fenómeno se denotan no solo en el número importante de fosas sino también en las prácticas identificadas. Por ejemplo, una fosa en Nayarit, en el oeste del país, se localizó a cuatro metros de profundidad, y se requirió maquinaria pesada para poder acceder a ella. En el municipio de Iguala (Guerrero), tristemente conocido por la desaparición de 43 estudiantes en 2014, se tienen ya fosas prefabricadas e incluso existen fosas recicladas, donde ya se han exhumado cadáveres, pero que se han vuelto a utilizar. 

Finalmente, Encinas se comprometió a, con la ayuda de organismos internacionales, mejorar tanto el sistema de registro y búsqueda como de atención a los familiares, al tiempo que criticó el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas por presentar información no confiable.

El problema, considerado una tragedia nacional, es prioritario en el gobierno de López Obrador, quien el 24 de marzo pasado había anunciado la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, días después de crear la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. “Es la herencia de una política equivocada y fracasada para enfrentar la violencia en el país”, afirmó ayer el mandatario. Pese esta situación, a la que calificó como dolorosa, se comprometió a informar sobre las fosas clandestinas, y reconoció que estos crímenes siguen aconteciendo. “No se puede de la noche a la mañana terminar con esta herencia de inseguridad y de violencia”, apuntó.

Como parte de su plan de pacificación recientemente creó la Guardia Nacional -conformada por policías, navales y militares- pero también se está haciendo foco sobre la atención a las causas de la violencia, como la adicción a las drogas.

Por ello, ayer, el portavoz de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, anunció el lanzamiento de una campaña llamada “Escuchemos primero” para desalentar el consumo de drogas por parte de la juventud mexicana. Según explicó, esta campaña, en la que participarán artistas y deportistas, buscará cambiar completamente la narrativa y los prejuicios construidos a partir de la guerra contra el narcotráfico impulsada por los gobiernos anteriores.