Para un órgano del Ministerio Público Federal (MPF, fiscalía general) de Brasil el decreto del presidente Jair Bolsonaro que flexibiliza la tenencia y portación de armas es inconstitucional. La Procuraduría Federal de los Derechos del Ciudadano, que integra el MPF emitió ayer un comunicado en el que expresa su oposición a la decisión del mandatario ultraderechista. Bolsonaro y su ministro de Justicia, Sergio Moro, tienen hasta el viernes para dar explicaciones al Supremo Tribunal Federal.

Para el órgano gubernamental, el decreto de Bolsonaro avanzó sobre competencias del Parlamento por haber declarado que el objetivo de la disposición era revertir la política pública para la reducción de armas de fuego, el Estatuto del desarme, del 2013. “Con esa configuración, la alteración del régimen de tenencia y uso de armas de fuego pretendida por el gobierno debería haber sido sometida al Congreso Nacional a través de un proyecto de ley, puesto que no se trata de materia meramente reglamentaria, sino de alteración de una política pública legislada”, dice el comunicado. 

Desde que Bolsonaro promulgó el texto la semana pasada, las críticas no pararon de hacerse oír. Por un lado el partido opositor, Red de Sostenibilidad, denunció la inconstitucionalidad del decreto y acto seguido la jueza del Supremo Rosa Weber le dio a Bolsonaro hasta el próximo viernes para que explique la medida. En la misma línea y a dos día de que el decreto se hiciera público, en el Congreso brasileño circularon varios documentos que acusaban a Bolsonaro de ir más allá de sus atribuciones presidenciales. El ex presidente Luiz Inácio Lula Da Silva también opinó sobre el tema y en una entrevista concedida a la BBC la semana pasada tildó a Bolsonaro de enfermo por creer que el problema de Brasil se soluciona con armas. 

Pese a las críticas, el mandatario ultraderechista insistió en la defensa de su decreto en una entrevista radial. “Yo, por ejemplo, como hombre tengo que defender a mi mujer, y si un hombre entra en mi casa (…), ahí hay que meter bala”, lanzó. Según Bolsonaro, su acción violenta estaría argumentada en el uso de la legítima defensa. 

La resolución del ex capitán del Ejército detalla que los profesionales en abogacía, políticos, camioneros, agricultores, cazadores e incluso algunos periodistas estarían habilitados a portar armas de fuego. Además, entre otras cosas, el decreto autoriza a los propietarios de armas con licencia a comprar hasta 5 mil municiones por año dependiendo del tipo de arma. Un salto en relación al límite planteado en la legislación anterior que permitía comprar hasta 50. Además, niños y adolescentes no necesitarán el aval de la justicia para practicar tiro deportivo.  “La seguridad pública comienza dentro de casa”, había dicho Bolsonaro en la firma del texto, que también facilita la importación de armas y municiones, una antigua demanda de los fabricantes internacionales y los fanáticos de las armas extranjeras. El mayor acceso a la tenencia de armas fue una de bandera del ex militar que llegó al gobierno con la promesa de mano dura en un país que registra 175 homicidios por día.